Junto con agradecer la rebaja de pena que le concedió el Presidente de la República, Gabriela Blas insistió en que jamás tuvo la intención de abandonar a su pequeño hijo en el altiplano, pero que tuvo que hacerlo para no perder un animal que cuidaba.

Discriminación, abandono involuntario y conflicto intercultural son factores que se conjugan en torno al caso de Gabriela Blas, la pastora aymara que fue indultada en parte de su condena por el Presidente Sebastián Piñera en mayo pasado.
Así dan cuenta de ello quienes han vivido de cerca el proceso de la mujer de 29 años sentenciada a 12 años de prisión por el abandono de su hijo Domingo Blas Blas, de 3 años, en junio de 2007 cuando en labores de pastoreo lo dejó un momento solo para ir por una llama rezagada.
“Ella es una mujer que había tenido una vida muy dura. Ella había sido abusada desde muy pequeña por su padre, de hecho su primer hijo fue producto de una violación, fue obligada a trabajar desde muy niña y por tanto, cuando la condenaron a 12 años me pareció excesivo”, explicó el jefe de Estado.
“Yo dejé a mi hijo, pero no con malas intenciones, sino que en ese lugar no había peligro. Si yo pierdo un animal a mí también me descuentan y por eso yo tuve que dejar a mi hijo, para buscar la llama que se quedó atrás. Después cuando yo regresé no lo encontré a mi hijo y lo busqué harto, pero nunca apareció, no lo encontré”, manifestó a TVN desde la cárcel de Acha en Arica, donde cumple su sentencia.
Desde que el Mandatario le otorgó el beneficio se redujo a 6 años, quedándole por cumplir unas semanas para acceder a libertad condicional por su buen comportamiento al interior del penal.
La mujer fue detenida cuando fue por ayuda a Carabineros de la localidad de General Alcérreca. “La verdad no me escucharon, no me entendieron y no tuve ayuda”, explicó, acción que llevó a su comparecencia a tribunales y luego a su encausamiento.
El abogado de la indultada, Víctor Providel, explicó que en este caso hubo dos juicios. En primera instancia por el tribunal penal de Arica, que fue anulado por la Corte de Apelaciones de Arica, y luego otro en el que se le condenó nuevamente, aumentando de 10 años un día a 12 años.
“Ahí estimamos que el sistema judicial enfrentado a un conflicto de interculturalidad, a un choque de dos visiones culturales sobre un mismo hecho, de alguna manera evidenció no estar preparado para este tipo de conflictos penales”.
Esta afirmación es corroborada por el dirigente aymara, Félix Humire, quien señaló abiertamente que la madre indígena fue objeto de discriminación por su etnia, mencionado que por situaciones más graves que su involuntario olvido, como el olvido al interior del auto del pequeño Borja de parte de la parvularia que lo trasladaba, la madre que dejó sus hijos encerrados en la casa para salir y murieron en un incendio, o el matrimonio que tenía una sala cuna donde se le puso un parche en la boca a un bebé que finalmente se asfixió.
“Cuando ocurren estos hechos, están todos libres. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué Gabriela sigue condenada? ¿Porque es india, porque es aymara, porque es pobre? Entonces el Estado tiene que reflexionar, no nosotros, es el Estado de Chile con todo su aparato jurídico, social, cultural y político, el que tiene que reflexionar frente a las comunidades indígenas”.