Punto 5 de la Agenda
Examen de los acontecimientos relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

Sra. Presidenta,

Distinguidos miembros del Grupo de Trabajo y participantes de esta honorable asamblea.
 

En relación a los últimos acontecimientos relacionados con la promoción y la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, el pueblo Mapuche no ha tenido cambios significativos este ultimo año.  Los allanamientos y las detenciones arbitrarias, incluyendo a ancianos, mujeres y niños, continúan, así como las denuncias hechas por detenidos mapuches de tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por los servicios de seguridad chilenos.

El origen de los conflictos se remonta a la anexión del territorio mapuche por el estado Chileno que concluyera militarmente en 1883, acto ilegal aun no resuelto que esta aun fresco en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Las organizaciones mapuches, además de invocar derechos ancestrales irrefutables de su territorio, están protegidos por tratados internacionales. Es mas, el sentido de unidad nacional y de pertenencia al Wallmapu (territorio Mapuche) que históricamente nos caracterizara, nos hizo acreedores de ser la primera nación indígena independiente de Latinoamérica. Este año nuestra nación conmemora el 360 aniversario del reconocimiento por España de nuestra independencia, evento histórico cimentado en el tratado de Quillin de enero de 1641.  Este instrumento legal fue ratificado por España mediante una serie de tratados, el ultimo de los cuales se celebro en Negrete en 1803, que estableció la línea fronteriza.

Sra. Presidenta, esta claro que los antecedentes arriba mencionados justifican las demandas mapuches, tanto es así que hoy en Chile nadie disputa la justeza de la lucha del pueblo Mapuche por la recuperación de sus territorios ancestrales. Sin embargo el Gobierno Democrático ha fracasado en encontrar una salida política satisfactoria de los conflictos en progreso. Su política indígena se caracteriza por su paternalismo y el uso de la represión indiscriminada contra organizaciones y comunidades mapuches. Los numerosos conflictos de tierras entre las comunidades mapuches y las empresas forestales (con fuerte capital extranjero) siguen produciéndose. Estas empresas recurren a la maquinaria jurídica y usan de sus influencias dentro del poder político y jurídico del Estado para criminalizar al movimiento mapuche que acusan de: “asociación ilícita, robo, usurpación, daños calificados, “ etc. Una mera declaración de intención de reivindicación territorial por parte de comunidades mapuches le puede significar un proceso legal en su contra, como hoy es el caso para cinco miembros de la Comunidad Domingo Trangol de la comuna de Victoria, tres de los cuales se encuentran detenidos y el resto afectado por medidas cautelares, que les prohibe participar en reuniones, negándoles el derecho de asociación y libertad de expresión.

Para ilustrar brevemente lo anterior denunciamos que el pasado 20 de julio, la oficina de la organización mapuche Consejo de Todas Las Tierras fue allanada de forma brutal.  Esta acción policial arrojo detenciones y heridos en diferentes grados. Los dirigentes mapuches afirman no haber sido notificados ni se les mostró orden judicial. Lo que es peor, uno de los fiscales, artífice de la orden, Sr. Alberto Chiffelle, no tiene poder para llevar causas contra los Mapuches por tener intereses personales en la región en conflicto, inhabilitándole según la Ley orgánica de la Fiscalía y el artículo 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico. Este es solo un ejemplo de las numerosas irregularidades y denuncias hechas contra el poder judicial, cuestionando la legitimidad del Estado de Derecho en el territorio Mapuche.

Particularmente alarmantes son las denuncias hechas por las comunidades y los presos políticos mapuches sobre torturas, siendo la policía acusada de abusos de poder reiterados, sin que, hasta la fecha, ningún carabinero haya sido sometido a juicio. Este es el resultado de la inexistencia de investigaciones imparciales y concluyentes.

Sra. Presidenta, lo denunciado anteriormente justifica la total pérdida de confianza del pueblo Mapuche en el ordenamiento jurídico chileno, la justicia, las leyes, los servicios de seguridad y en la credibilidad en las autoridades que - como las administraciones anteriores- no actúan de buena fe, ya que siguen vigentes la política asimilacionista y las falsas promesas, han creado una “mesa de diálogo” de fachada, para fingir artificialmente una "preocupación hacia el problema indígena" y prevalerse de un así llamado “nuevo trato” con los pueblos indígenas, al mismo tiempo que excluyen a los representantes de organizaciones y comunidades, que no se subscriben a los proyectos asistencialistas y de soluciones de parche.

Finalmente, las afirmaciones del delegado del Gobierno Chileno hechas en este foro sobre el desarrollo de los pueblos indígenas nos parecen interesantes cuando mencionan una supuesta “participación directa del mundo indígena en la definición de las políticas del Estado” y que el “desarrollo de los pueblos indígenas es impensable sin la participación de los propios involucrados”. Una cosa es el discurso y las buenas intenciones y otra es la cruda y cruel realidad. En la practica esto no se cumple y además los proyectos de desarrollo son implementados sin el consenso de las comunidades afectadas y en contravención de la Ley Indígena, como es el caso por ejemplo, de la construcción de la presa hidroeléctrica Ralco en el río Bio-Bio, territorio del pueblo Mapuche -Pewenche.

Sra Presidenta, distinguidos miembros del Grupo de Trabajo y participantes, en nombre del pueblo Mapuche, les agradezco su amable atención.
 

Reynaldo Mariqueo
Secretario General
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