La fiscalía Penal Pública de la ciudad de Traiguen pide la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra del Lonko de la comunidad de Didaico Aniceto Norin Catriman. Se le acusa del incendio de una casa patronal del Fundo Nancahue, comuna de Traiguen, Novena Región. Los antecedentes en poder de la defensoría Penal Indígena, -dependiente del Ministerio de Justicia- no indican que el incendio haya sido intencional. La Corte de Apelaciones procede en forma antijurídica, por el hecho de acreditar un delito en el que no se han presentado pruebas. Se hace necesario protestar ante la Corte Suprema, señalando la necesidad de restablecer las garantías constitucionales del Lonko Aniceto Norin, de acoger el recurso de amparo y decretar su libertad inmediata.
Campaña de Solidaridad
Ley Antiterrorista en contra del Lonko de la comunidad de Didaico Aniceto Norin Catriman
La fiscalía Penal Pública de la ciudad de Traiguen ha pedido la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra del Lonko de la comunidad de Didaico Aniceto Norin Catriman, quien fuera detenido al presentarse voluntariamente a declarar ante la Policía de Investigaciones de Chile, en el marco de una investigación por el incendio de una casa patronal del Fundo Nancahue, comuna de traiguen, Novena Región.
De acuerdo a los antecedentes que maneja la defensoría Penal Indígena, institución dependiente del Ministerio de Justicia, de los informes periciales no aparecen antecedentes que apunten a que el incendio sea intencional.
Más allá de eso la detención del Lonko Norin se suma a la detención llevada a efecto en contra del Lonko de la comunidad de Temulemu Pascual Pichun, en contra de quien también se esgrimió la Ley antiterrorista, pero que le tribunal de Garantía dejara en lbertad por falta de méritos. Esta detención se inscribe en el marco de la acción racista que llevan a efecto los fiscales públicos quienes siempre inculpan de hechos ocurridos en las zonas en conflicto a las autoridades tradicionales de las comunidades mapuches, Lonkos y Werkenes. Incluso en algunos casos acusan a los comuneros mapuches de ser integrantes de una asociación ilícita, por el hecho de pertenecer a una comunidad mapuche y reconocer a sus autoridades tradicionales.
Lo que resulta extraordinariamente grave en la detención del Lonko Aniceto Norin es que, si bien se esta aplicando el Nuevo Código Procesal Penal (que rige sólo en algunas regiones del país, por su entrada en vigencia en forma paulatina), y que debiera ser la norma jurídica que rija en el procedimiento llevado a efecto en su contra, se le esta aplicando la normativa antiterrorista.
Este cuerpo legal fue dictado el año 1984 por la dictadura militar del general Augusto Pinochet como una forma de perseguir a sus opositores políticos en los momentos en que se intensificaban las protestas sociales en contra de su régimen.
Esta disposición que se creía olvidada resulta tan descontextualizada que contempla facultades operativas para la desaparecida Central Nacional de Informaciones, policía política del gobierno de Pinochet.
En el marco del nuevo proceso penal, aplicable en la Novena Región, el Lonko Aniceto Norin se presentó a declarar voluntariamente ante la Policía de Investigaciones en la ciudad de Traiguen, institución que lo puso a disposición del Fiscal de Traiguen, realizándose la audiencia de control de la detención el día 3 de enero de 2002, en esa oportunidad el Fiscal no aportó antecedentes en contra del Lonko, sino que simplemente solicitó que se ampliara su detención por el término de 10 días.
Fundamentó esta petición en el artículo 19 N° 7 letra c) de la Constitución de 1980, que en lo pertinente señala "Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al Juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días y hasta por 10 días, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas".
Sin entrar al fondo del asunto, esto es, si existe delito y si este es o no de carácter terrorista o si existen antecedentes para inculpar al Lonko Aniceto Norin, del tenor literal se deduce que esta ampliación se refiere al plazo de la Policía para ponerlo a disposición del Tribunal. No obstante, este hecho ya sucedió, fue puesto a disposición del Tribunal e ilegalmente el Juez de Garantía de la ciudad de Traiguen, SILVIA MERINO SHARTE, amplió la detención por 10 días-.
La disposición aplicable en este caso es la contemplada en el nuevo Código Procesal Penal, artículo 127 que señala que puede decretarse detención sin previa citación "cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada". Sin embargo en este caso el peñi Aniceto Norin se presentó voluntariamente por lo que cae el propio fundamento de la orden de detención expedida en su contra.
El artículo 131, señala que cuando existe una orden de detención expedida por un tribunal debe ser conducido a su presencia en el plazo máximo de 24 horas. En esta audiencia el Fiscal debe formalizar los cargos en contra del imputado y solicitar por ejemplo la prisión preventiva; señalando que "en el caso de que no pudiere procederse de la manera indicada, el Fiscal podrá pedir una ampliación del plazo de detención hasta por 3 días, con el fin de preparar su presentación".
Ante esta situación el día 4 de enero se presenta ante la Corte de Apelaciones de Temuco un Recurso de Amparo, fundada en la medida ilegal y arbitraria dictada por la Jueza de Garantía de Traiguén, SILVIA MERINO SHARTE. Con fecha 8 de enero de 2002, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo señalando que la Jueza del Juzgado de Garantía de Traiguen no había excedido sus facultades legales. Presentándose este mismo día la apelación. Esta apelación deberá ser vista por la Corte Suprema en los próximos días, presumiblemente el día viernes 11 de enero.
Frente a esta situación que representa un peligrosísimo precedente y un lamentable retroceso antidemocrático, creemos que es fundamental que se manifieste, lo antijurídico de esta situación tanto ante la Corte de Apelaciones de Temuco, como ante la Corte Suprema.
Ante la Corte de Apelaciones por lo errado de su interpretación legal y por el hecho que no sólo no esta acreditada la existencia de un delito, ni que eventualmente éste tuviere carácter terrorista, ni menos se han presentado pruebas en contra del Lonko Aniceto Norin.
Ante la Corte Suprema, señalando lo importante que es restablecer las garantías constitucionales conculcadas al Lonko Aniceto Norin Catrimán, acoger el recurso de amparo y decretar su libertad inmediata.
Las direcciones son las siguientes:
CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO
ARTURO PRAT 535 TEMUCO
FAX 45-271891 - 45-271881
CORTE SUPREMA
PDTE. MARIO GARRIDO MONTT
BANDERA 344 PISO 2 SANTIAGO
FAX 2-6985526
DENUNCIATION, SUPPORT, SOLIDARITY
The public prosecutor of the city of Traiguén has asked for the Anti-terrorist Law to be applied against Aniceto Norin Catriman, the Lonko [Leader] of the Didaico Community. He was detained after having voluntarily presented himself at the CID Offices of the Chilean Police Force because of an investigation into the burning down of the proprietor’s house at Nancahue Farm in the Traiguén District of the Ninth Region.According to the evidence held by the Indigenous Penal Defence, a department of the Ministry of Justice, based on expert investigations, there is no evidence that points to the fire being started deliberately.
On top of Lonko Norin’s arrest there is that of Pascual Pichun, the Lonkop of the Temulemu Community, who was also charged under the Anti-terrorist Act but who was set free by the magistrate through lack of evidence. This latest arrest is another example of the racist response carried out by public officials who always blame the leaders [Lonkos and Werkenes] of the traditional Mapuche Communities for offences carried out within the zones of conflict. They even go as far, in some cases, of accusing ordinary Mapuche people of belonging to an illegal group for simply being part of a Mapuche Community and for recognising their traditional authorities.
What is so serious about Lonko Aniceto Norin’s arrest is not that he has been charged under the new Penal Code which recently came into effect [although it only applies in certain parts of the country due to the decision to introduce it in stages] and which should have been used in his case, but that he is being charged under the Anti-terrorist legislation.
This Act was enacted in 1984 during the dictatorship of General Augusto Pinochet as a way of persecuting his political opponents at a time when social protests were intensifying against his rule.
It was thought that this legislation had been dropped because its operational context is out-of-date since it refers to the Centre for National Information [C.N.I.], the political Police of the Pinochet government.
Lonko Aniceto Norin, availing himself of the new legislation which applies in the Ninth Region, went voluntarily to make a statement at the CID offices of the Police Force in the city of Traiguén. They promptly arrested him and placed him in the hands of the Public Prosecutor of Traiguén. He was brought before the court on the 3 January, 2002 and the Public Prosecutor brought no evidence against the Lonko but simply requested an extension of his detention for another ten days.
He based his request on Article 19, subsection 7c of the 1980 Constitution which says: "If the authorities are minded to arrest or detain a person, they must within the following 48 hours, bring the facts before a competent Judge and place the person under the jurisdiction of the Court. The Judge may, based on sound evidence, extend the period of detention for up to a further five days or in the case of persons being questioned under acts of terrorism as determined by Law, up to a further ten days".
Without going into details and pre-supposing the fact of a crime and whether this can be classified as terrorist or not or whether there is evidence to incriminate Lonko Aniceto Norin, taking the constitutional point as it stands, the right to extend the detention of a person refers only to the need of the Police to hold that person in order to place him within the jurisdiction of the Court. It is evident that he has already been placed under the jurisdiction of the Court and the presiding judge of Traiguén, Silvia Merino Sharte, has illegally extended the period of detention for another 10 days.
What should have happened in this case, is that envisaged within Article 127 of the new Penal Code. Herein it states that a person may be detained without incriminating evidence "only when there would be some impediment for it to happen due to an unforeseen delay or difficulty". Yet in the case of peñi Aniceto Norin he went voluntarily to give evidence therefore undermining the basis of the said detention order.
Article 131 lays down that when a detention order issued by a court exists the accused must be brought before it within a maximun time span of 24 hours. At this point the Prosecutor must establish the charges against the accused and, if applicable, a request for a remand in custody. It is also laid down that " if it is not possible to proceed in the aforesaid manner, the Prosecutor may request an extension of the remand in custody for up to 3 days in order to prepare his case".
In view of these facts, on the 4th January a writ of Habeas Corpus was put before the Appeal Court of Temuco, citing the arbitrary and ultra vires decision of Judge Silvia Merino Sharte. On the 8th January 2002 the Appeal Court of Temuco turned down the application for a writ of Habeas Corpus on the grounds that the Judge had not exceeded her legal powers. An appeal was lodged forthwith. This appeal is to be heard by the Supreme Court within the next few days, probably on Friday 11th January.
Faced with this situation, which represents a very dangerous precedent and a sad anti-democratic shift, we believe that it is imperative people point out the illegal nature of the decision, both to the Appeal Court of Temuco as well as the Supreme Court.
The argument to be sent to the Appeal Court of Temuco should be based on the erroneous interpretation of the Law based on the facts that there is no evidence of a crime, and if there should be, it is not of a terrorist nature; also that there is no evidence against Lonko Aniceto Norin.
The argument to be sent to the Supreme Court should be based on the importance of re-establishing constitutional guarantees in respect of Lonko Aniceto Norin Catrimán, grant the writ of Habeas Corpus and set him free immediately.
The addresses are the following:
CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO
FAX 45-271891 – 45-271881
ARTURO PRAT 535 TEMUCOCORTE SUPREMA
PDTE. MARIO GARRIDO MONTT
FAX 2-6985526
BANDERA 344 PISO 2 SANTIAGO
