Hace  diez  años, al cumplirse  el Quinto Centenario de la llegada de los primeros europeos al continente americano, los descendientes de los pueblos indígenas  que habitaban el continente reclamaron abiertamente sus derechos y su identidad. Actualmente siguen estando entre las comunidades más pobres y marginadas,  sufren discriminación y a menudo están expuestos a sufrir graves abusos contra sus derechos fundamentales, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. AMNISTIA INTERNACIONAL. 11 de octubre de 2002 

Hace  diez  años, al cumplirse  el Quinto Centenario de la llegada de los primeros europeos al continente americano, los descendientes de los pueblos indígenas  que habitaban el continente reclamaron abiertamente sus derechos y su identidad. Actualmente siguen estando entre las comunidades más pobres y marginadas,  sufren discriminación y a menudo están expuestos a sufrir graves abusos contra sus derechos fundamentales, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

  Esta declaración se ha hecho la víspera del Día de la Raza, en el que varios países  americanos celebran la herencia culturalmente diversa del continente.

      *Más de la mitad de los países del continente reconocen el carácter pluralmente diverso de su Estado y garantizan los derechos de los indígenas en su Constitución y sus leyes. Sin embargo, esto contrasta enormemente con la realidad que afronta la inmensa mayoría de los pueblos indígenas que se extienden desde Canadá por todo Centroamérica hasta el último extremo de Chile y Argentina, que a menudo reciben el trato de ciudadanos de segunda clase+ ha afirmado Amnistía Internacional.

  *Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, como el derecho a la  propiedad de la tierra y a la identidad cultural en el uso del idioma,  la educación y la administración de justicia, se vulneran sistemáticamente en varios países+ ha añadido la organización.

      *Al mismo tiempo, el racismo y la discriminación están muy arraigados en  la  mayoría  de las sociedades y eso hace que los indígenas estén más expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos como torturas y malos tratos, Adesapariciones@ y homicidios ilegítimos.+

      Para  Amnistía Internacional es evidente que los gobiernos de todo el continente americano no tienen la voluntad política necesaria para convertir en realidad  los  derechos de los indígenas, como lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que gobierno de Guatemala no haya abordado el genocidio de las comunidades indígenas durante la larga guerra civil librada en el país.

      Otros hechos que lo demuestran son el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la comunidad indígena en Honduras en el 2000, y la adopción en México de  leyes inapropiadas y polémicas sobre los indígenas que las comunidades y organizaciones  indígenas han rechazado por considerar que vulneran sus derechos fundamentales. El hecho de que esta legislación no cumpla  las  expectativas  de  las  comunidades indígenas ha debilitado los esfuerzos para  proteger los derechos humanos y acabar con el conflicto en el estado de Chiapas.

      *Esta  falta  de compromiso se refleja también en la forma en que los gobiernos  han ido dando largas a la adopción de la Declaración Americana sobre  los  Pueblos  Indígenas  en el sistema interamericano+ ha añadido la organización,  y  ha  instado  a  los  gobiernos  de  la región a acatar la resolución  sobre  este importante asunto adoptada este año por la Asamblea General  de  la  Organización de los Estados Americanos (OEA) y a avanzar a partir de ella.

      Amnistía Internacional ha pedido asimismo a los gobiernos que adopten medidas  urgentes  y concretas para convertir en realidad su retórica sobre la diversidad cultural y los derechos de los indígenas. La organización ha recordado a  los gobiernos los compromisos contraídos el año pasado en la Conferencia  Mundial contra  el  Racismo  celebrada en Durban (Sudáfrica), donde se fijaron metas concretas para la acción sobre los derechos de los pueblos indígenas.

      *Eso  significa garantizar una representación real de las comunidades indígenas  y  promover  el  respeto  de la totalidad de los derechos de los indígenas,  no sólo en el sistema jurídico, judicial y político, sino en el conjunto de la sociedad+ ha manifestado la organización.
 
 

      He  aquí  algunos ejemplos de violaciones de  los derechos de los indígenas de las que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional:

Violaciones relacionadas con la tierra y el medio ambiente

   En  países como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala y Nicaragua, los pueblos indígenas reclaman las tierras de sus antepasados y se  encuentran con la violenta oposición de terratenientes y empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales, que a menudo cuentan con el apoyo de las autoridades.

   En  toda la región existen proyectos de construcción de infraestructuras o  extracción de recursos naturales en tierras indígenas que amenazan el medio  de  vida  y la supervivencia de estas comunidades, y que se están planificando  y  poniendo  en  marcha  sin un proceso de consulta real y transparente.  Ejemplos  de  ello son el Plan Puebla-Panamá, destinado a crear  proyectos  industriales  y  de  infraestructura  en  los  estados meridionales de México y Centroamérica,   con   las  inevitables consecuencias  para  las comunidades indígenas; un proyecto en Nicaragua para  excavar  un  canal  que  unirá  los  océanos  Atlántico y Pacífico cruzando  las  tierras  sagradas  de los indígenas; la presa de Urrá, en Colombia, ubicada en las tierras ancestrales de los embera-katío, contra la  cual  están haciendo campaña algunos miembros de la comunidad; y los proyectos de construcción de un oleoducto en Ecuador.

   En  Brasil,  Hipãridi  Top'Tiro,  líder  indígena  xavante de la reserva indígena de Sangradouro, en el estado de Mato Grosso, tuvo que abandonar sus  tierras  debido  a las amenazas de muerte que estaba recibiendo por motivo de su activismo  en  favor  del  medio  ambiente  y  por haber  emprendido  acciones  legales  contra  los  terratenientes  locales  por deforestar  parte  de una zona indígena. Según informes, fue amenazado e intimidado  por  el  administrador regional de la Fundación Nacional del Indio  (organismo  gubernamental creado  para proteger a los pueblos indígenas),  quien  mantiene  fuertes  vínculos  con  los terratenientes  locales.  Posteriormente  el  gobierno federal informó a Hipãridi de que  debía abandonar el país ya que no podía ofrecerle protección.

   En  Colombia,  el dirigente indígena Kimy Pernia Domicó, de la comunidad embera-katío  Cque  se  ha  movilizado  contra  la  presa  de  UrráC , *  desapareció+   en   junio  de  2001  tras  haber  sido  secuestrado  por paramilitares apoyados  por el ejército. Otros miembros de la comunidad que  hacen campaña en favor de su regreso seguro han sufrido actos de hostigamiento y uno de ellos, Pedro Alirio Domicó, fue asesinado tras su secuestro a manos de paramilitares. Aún no se conoce el paradero de Kimy Pernia ni se tiene conocimiento de que se haya procesado a alguien en relación con estos hechos.
 

Violaciones relacionadas con la identidad cultural

   En varios países, como Guatemala y México, la policía suele interrogar y tomar  declaración,  sin  la  ayuda de un intérprete, a indígenas que no hablan español. En Guatemala se ha juzgado en español a indígenas que no sabían el idioma  por  delitos que acarreaban la pena de muerte. En un caso, un indígena que no hablaba español fue examinado psicológicamente en ese idioma para determinar si estaba en condiciones de ser juzgado.

   En  una  ocasión reciente en Chile, dos miembros de la comunidad mapuche fueron  declarados culpables de*falta de respeto+ y *conducta contra la moral  pública+  por  gritar  eslóganes en lengua  mapudugun y tocar instrumentos tradicionales en un juicio celebrado en Angol.

Agresiones  contra  defensores de los derechos humanos que trabajan con las comunidades indígenas

   En Bolivia, Leonardo Tamburini, asesor jurídico de la comunidad indígena chiquitano sobre su reclamación de tierras, recibió amenazas telefónicas en septiembre de 2002.

   En Nicaragua, María Luisa Acosta, abogada que defiende a las comunidades indígenas  de  la Región Autónoma del Atlántico Sur, recibió amenazas de muerte  en relación con su trabajo. En abril de 2002 su marido perdió la vida  en  un atentado que, en opinión de la mayoría, iba dirigido contra ella y que fue cometido  con  un arma perteneciente al abogado de un ciudadano  estadounidense  implicado  en  la  compra y venta de tierras, incluidas tierras indígenas.

   En  Guatemala, miembros de la Defensoría Indígena que resuelven disputas entre  comunidades  mediante  prácticas  tradicionales  indígenas  y que promueven  los  derechos  de  los  indígenas  y  el reconocimiento de la autoridad  de  los líderes tradicionales mayas en la estructura estatal, han sido amenazados de muerte en repetidas ocasiones. En septiembre de 2002,  Manuel  García  de la Cruz fue brutalmente torturado y amenazado, aparentemente  como  represalia  por su trabajo sobre derechos humanos y desarrollo  con la organización pro derechos de los indígenas CONAVIGUA.

Violaciones  de  derechos  humanos,  como  homicidios ilegítimos, tortura y malos tratos, y uso excesivo de la fuerza

   En  Honduras  se  ha dado muerte a numerosos dirigentes indígenas en los últimos  años.  Nadie ha respondido penalmente de estas muertes, a pesar de  los compromisos  del  gobierno  con los grupos indígenas, como la promesa de crear un programa para investigar los homicidios de indígenas y  negros  en  años  anteriores. Dos años después, el programa aún no ha sido establecido.

   En  Argentina, durante una redada practicada por al menos un centenar de miembros  de la policía provincial contra la comunidad toba, en Formosa, varios  miembros de  dicha comunidad (entre ellos una mujer embarazada) recibieron  golpes  e insultos racistas. Varios más, como un señor de 74 años,  fueron  detenidos  y, estando bajo custodia, fueron maltratados y humillados.

   En  Canadá,  la  muerte  de  Dudley  George,  indígena  implicado en las protestas por reclamaciones de tierras muerto por disparos de la Policía Provincial  de  Ontario  en  1995,  todavía  no ha sido objeto de una investigación independiente, a pesar de repetidas peticiones incluso por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abusos cometidos en el contexto de un conflicto

En Colombia, las comunidades indígenas se encuentran atrapadas entre dos fuegos:  el ejército y sus socios paramilitares de un lado, y los grupos guerrilleros  del  otro.  La comunidad indígena paeces, que reside en la antigua  zona  desmilitarizada donde se celebraron las conversaciones de paz  hasta  el  20 de febrero de 2002, sufrió la ocupación de una unidad militar  móvil,  que  ha  utilizado  la  escuela  local y las cocinas de algunas  familias.  La comunidad se ha negado a entregar a dos de sus miembros  que son sospechosos de pertenecer al movimiento guerrillero, y ha sido acusada por otra comunidad de apoyar a los guerrilleros. Además, sus  miembros  viven  con el miedo de sufrir una incursión paramilitar a raíz  de estas acusaciones.  El  80  por  ciento  de los homicidios no cometidos en combate y que obedecen a motivos políticos son perpetrados  por los grupos paramilitares, que actúan con el apoyo explícito o tácito de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, también han muerto miembros de las  comunidades  indígenas  a  manos  de  grupos  guerrilleros  que los acusaban  de  estar  de parte del enemigo. En julio de 2002, las Fuerzas Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  (FARC) mataron a Bertulfo Domicó Domicó en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia.

   El  homicidio  de 26 indígenas en Agua Fría (Oaxaca) en mayo de 2002 fue consecuencia del abandono y la explotación históricos de las comunidades indígenas  en  la  región  y  de  que  el  Estado no tomara en serio las amenazas  de  violencia  inminente  en el contexto de las disputas entre comunidades.

   En  febrero  de  2002,  miembros  del  ejército  mexicano,  al  parecer, golpearon  y  agredieron  sexualmente  a  Valentina Rosendo Cantu, de 17 años,  cerca  de  su  domicilio  en  el estado de Guerrero, en el sur de México, donde el ejército estaba llevando a cabo operaciones antidroga y  de contrainsurgencia. Como en casos parecidos ocurridos en el pasado, la jurisdicción militar ha  evitado  que  se  realicen  investigaciones completas, dejando que la víctima siga sufriendo las consecuencias de la agresión sin posibilidad de recurrir a la justicia.

   Durante  el conflicto interno que sacudió Guatemala a lo largo de más de tres  décadas,  el  ejército aplicó una política de contrainsurgencia de tierra   quemada   dirigida   sistemáticamente  contra  las  comunidades indígenas  del  oeste  y  noroeste del país. Se calcula que alrededor de  200.000 personas,  entre  hombres,  mujeres  y  niños,  murieron  o  * desaparecieron+  durante  el conflicto. Tal fue la escala de violaciones de  derechos  humanos cometidas, que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico  de  la iglesia católica concluyó que al menos en cuatro zonas alcanzaban la categoría de genocidio. La inmensa mayoría de estos abusos no se han investigado ni se ha procesado a nadie por ellos.
 

Información general

   El  12  de octubre fue la fecha elegida para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y se  celebra,  con ligeras variaciones, en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, las islas Turks y Caicos, México, Uruguay y Venezuela.
 

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