Desde fines del año 2003se encontraba declarado “prófugo” por la justicia chilena y con órdenes de búsqueda y captura policial. Junto a su hermano Rafael (25 años), hoy encarcelado junto a su padre en la cárcel pública de Traiguén, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol tras un proceso plagado de irregularidades, como autor del delito de "incendio" y en el que resultó destruido un camión forestal cargado con madera que prestaba servicios en el Fundo Nancahue, propiedad del ex ministro de estado, Juan Agustín Figueroa. Los hechos por el cual fue condenado Pascual ocurrieron durante la tarde del viernes 12 de abril de 2002. Si bien en un principio el chofer afectado declaró no haber podido reconocer a sus atacantes, en declaraciones posteriores culpó de los hechos directamente a los hermanos Rafael y Pascual Pichún, quienes fueron detenidos tras un violento allanamiento policial a su domicilio tan sólo un par de horas después del atentado, permaneciendo encarcelados por más de 1 año antes de ser llevados a Juicio Oral en la ciudad de Angol. El 31 de enero de 2003, dicho tribunal los condenó a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de “incendio” (ambos fueron absueltos del delito de homicidio frustrado esgrimido por la Fiscalía), "a través de testimonios viciados y pruebas sin fundamento", según denunciaron sus familiares y diversos organismos de derechos humanos que siguieron el polémico caso. Si bien por su “irreprochable conducta anterior” el Tribunal concedió en marzo de 2003 el beneficio de la “libertad vigilada” a ambos hermanos, estos no pudieron finalmente gozar de dicho beneficio al no poder cancelar las costas del juicio y las altas indemnizaciones a que fueron condenados (“6.000.000 de pesos, a título de indemnización, 11 unidades tributarias mensuales de multa y 300.000 pesos por costos de la causa", -en total cerca de 10 mil dólares-) impuestas como requisito, de acuerdo al artículo 17 de la Ley 18.216 sobre medidas alternativas a las penas privativas de libertad. Con fecha 25 de noviembre de 2003, la jueza Silvia Molina decretó el definitivo encarcelamiento de ambos jóvenes, quienes a su vez se declaran en rebeldía, negándose a ser presentados ante la justicia. A partir de entonces se inició una intensa búsqueda de ambos por parte de efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile, que incluyó constantes allanamientos nocturnos, seguimientos a dirigentes de la comunidad y arrestos arbitrarios de miembros de su familia. Mientras Rafael Pichún fue finalmente detenido y encarcelado en Traiguén el pasado 20 de julio de 2005, Pascual espera que las autoridades argentina acogan finalmente su solicitud de Refugio Politico. Azkintuwe, 7 de Diciembre 2005