Comunidades enteras, organizaciones tradicionales de base, lonkos y werkenes (líderes políticos) están siendo hoy víctimas de un sistema penal marcadamente racista y persecutorio, el mismo que variados organismos de defensa de derechos humanos, como Amnistía Internacional (Inglaterra) y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (Francia), han denunciado por violar con sus procedimientos las garantías mínimas del debido proceso y la presunción de inocencia para los ciudadanos mapuche imputados de la comisión de un delito. Actualmente, 16 mapuches cumplen condenas en diversos penales de la VIII y IX regiones del sur de Chile, la mayoría de ellos acusados de acciones "terroristas" por parte del Ministerio Público de La Araucanía y son reivindicados por el pueblo mapuche en su conjunto como "prisioneros políticos". En la cárcel de Concepción, se encuentran recluidos los werkenes (voceros) del pueblo mapuche Víctor Ancalaf Llaupe (condenado por "atentado terrorista" a 10 años de cárcel), José Huenchunao Mariñan y Héctor Llaitul Carillanca (ambos imputados por "asociación ilícita terrorista"); en la cárcel de Lebu el ciudadano mapuche Juan Carlos Arriagada Fren (acusado de incendio); en la cárcel de Angol, Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, Luis Amable Catrimil Huenupe, José Osvaldo Cariqueo Saravia, José Francisco Llanca Ahilla, José Belisario Llanquileo Antileo, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Juan Patricio Marileo Saravia y Patricia Troncoso Robles (acusados de "asociación ilícita terrorista" y en algunos casos de "incendio"); en la cárcel de Traiguén, Pascual Pichún Paillalao y Aniceto Norin Catriman (ambos condenados por "amenaza terrorista" a 5 años de cárcel); y en la cárcel de Temuko, Mireya Figueroa Araneda (a cusada de "asociación ilícita terrorista" e "incendio"). Kolectivo Lientur / 21 de enero de 2003 (2004-1-21)
