La segunda guerra de La Araucanía

La justicia que está administrándose en Chile al pueblo mapuche mediante la Reforma Procesal Penal y su nuevo Código de Procedimiento, no tiene nada que envidiarle a los célebres "Juicios de Stalin" del Moscú de los años 30, sólo que en La Araucanía los acusados jamás "confesaron" sus "crímenes". Medio millar de militantes mapuches han pasado por la cárcel en lo que va del Siglo XXI, sin exclusión de mujeres, ancianos y niños.

Por Ernesto CARMONA / Kolectivo Lientur

Simples recortes de prensa aceptados como "pruebas" y hasta "fabricación" de hechos que hacen noticias -en complicidad con periodistas y medios- matizan la guerra judicial contra el pueblo mapuche que libra la "democracia" de Ricardo Lagos desde el Ministerio Público o fiscalía nacional, encargada de llevar adelante la criminalización de las demandas políticas, culturales e históricas de los pueblos indígenas en Chile.

"Testigos sin rostro", intervenciones de teléfonos, juicios simultáneos contra una misma persona, la poco conocida "Segunda Guerra de La Araucanía" del gobierno de Ricardo Lagos resulta poco creíble porque la prensa también hace lo suyo, ocultando información y estigmatizando el discurso mapuche como "subversivo" y "terrorista". La justicia de apartheid para la etnia apela a delitos hasta ahora inéditos, descritos en una legislación militar dictada por una sola persona en 1984: La impresentable Ley Antiterrorista N° 18.314 de Augusto Pinochet Ugarte.

La "asociación ilícita" consagrada en la Reforma Procesal, más el terrorismo 18.314 de Pinochet conforman una tercera figura delictiva, la "asociación ilícita terrorista", una suerte de "dos en uno" que nada más se aplica a los mapuches desde que impera el nuevo procedimiento penal en La Araucanía, desde hace dos años.

Testigos sin rostro

Para encausar por "asociación ilícita terrorista" a 18 mapuches en un juicio a formalizarse a comienzos de marzo, los fiscales del Ministerio Público consiguieron 140 testigos, entre ellos a 40 denominados "sin rostro" al estilo del ex dictador peruano Alberto Fujimori, además de los latifundistas más grandes de la zona sur del país, tales como Juan Pablo Luzinger, Juan Agustín Figueroa Yávar, Enrique Stappung, Osvaldo Carvajal, a un representante de la Corporación de la Madera (Corma) y hasta al alcalde demócrata cristiano de Temuco, René Saffirio. En este juicio se hicieron parte la Ilustre Municipalidad de Temuco --con su alcalde Saffirio--, el Ministerio del Interior --a través del vice ministro Guillermo Correa Sutil--, y la compañía Forestal Mininco, transnacional que controla unas 500.000 hectáreas del grupo Matte. Todo ello junto a un ejército de abogados bien remunerados ayudando a los fiscales.

Los "testigos sin rostro" se reclutan entre indígenas hiper empobrecidos, a veces comunidades enteras, a cambio de protección económica con cargo al erario fiscal, en algunos casos equivalente a 4.000 dólares por persona, una fortuna para las dimensiones de la pobreza local. La defensa no tiene derecho a conocer las declaraciones de los testigos secretos hasta el momento del juicio, "en vivo y en directo".

En los juicios orales de Temuco no existe el colchón amortiguador del jurado de su modelo estadounidense. El procedimiento resulta más fácil de amañar para los fiscales y jueces. Los magistrados tampoco disponen de tiempo, los tres o cuatro días del antiguo sistema, para leer detenidamente el expediente, si desearan compenetrarse a fondo de las causas. La Fiscal Regional Smirna Vidal, en una conversación sostenida el viernes con este periodista en Temuco, admitió que podrían "cometerse injusticias", aunque reivindicó la rapidez del procedimiento como una "ventaja" para los procesados, quizás aludiendo a quienes no pertenecen al pueblo mapuche.

Fabricación de delitos

Los testigos protegidos, en su gran mayoría sujetos con antecedentes en la justicia, suelen recibir ataques, a pesar de la rigurosa vigilancia de las fuerzas de ocupación de Carabineros que "protegen" sus comunidades como el Ejército israelí protege los territorios ocupados de Palestina. "Los testigos secretos no exhiben buen curriculum, además les pagan", aclara Cristina Painemal, de la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuches.

Las pruebas de los falsos atentados engordan otras causas como "delito" paralelo imputable a los mismos intrépidos terroristas asociados ilícitamente ya procesados. El imputado Licán Montoya, por ejemplo, fue acusado de un supuesto ataque a balazos contra la vivienda de un presunto "testigo sin rostro", un atentado que "nunca pudieron probar con peritajes balísticos, pero igual lo dieron por hecho", indica Painemal en una entrevista celebrada esta semana en Temuco.

La intervención de teléfonos y la grabación de conversaciones de los abogados defensores con sus clientes es otro recurso probatorio frecuente de los fiscales de Temuco, aunque resulte aberrante o de dudosa justificación para una ética aplicada al derecho y a la justicia. El abogado Pablo Ortega, defensor de un imputado del próximo juicio de Temuco, comprobó hace un tiempo con estupor que tenía su teléfono intervenido "legalmente", abuso de poder que probablemente afecta actualmente a numerosas personas de la ciudad. Cabe recordar que la intervención telefónica está consagrada por la Ley Antiterrorista de Pinochet.

El "terrorismo"

La ley N° 18.314 permite calificar hoy de terrorismo a numerosos delitos comunes de baja penalización pero acaecidos en el marco del conflicto indígena. La tipificación de "terrorismo" sólo puede solicitarla directamente el gobierno, a través de los abogados del Ministerio del Interior, que en el caso del conflicto mapuche se ha echo parte en casi todas las causas.

La responsabilidad política de Ricardo Lagos en el clima de "terrorismo judicial" imperante en La Araucanía está clara por su condición de jefe del Estado y superior directo del ministro del Interior José Miguel Inzulsa. "El gobierno es quien decide la aplicación o no de leyes especiales", explicó el abogado Rodrigo Lillo, académico de la Universidad La Frontera y fundador de la Corporación Nor Alinea. "En mi opinión es absolutamente improcedente la aplicación de la Ley Antiterrorista en el marco del conflicto mapuche actual", indicó Lillo en la última edición del periódico mapuche Azkintuwe.

"Primero, porque los delitos no tienen la gravedad que se les pretende dar. Todos son delitos que están tipificados en el Código Penal, algunos más graves que otros, pero todos están correctamente tipificados, lo que hace innecesario recurrir a estos instrumentos especiales. Por otro lado, y lo que es más importante, la categoría de delito terrorista implica que los autores busquen generar con sus acciones 'terror' en la población, no que busquen generar terror en las víctimas. Todo delito (terrorista) cumple este requisito, sino en la población en la sociedad en su conjunto. Ese elemento subjetivo es muy importante y no se cumple para nada en el marco de las movilización mapuche. No ocurrió en el caso de los lonkos y tampoco ocurre hoy en el caso de la 'asociación ilícita' por la cual se persigue a los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (Cam), que sólo busca a mi juicio desacreditar a esta organización mapuche, ponerle el apellido de 'terrorista', de 'violentos', con un objetivo claramente político", enfatizó el abogado.

Torquemadas del siglo 21

El ejercicio de la libertad de expresión y la simple escritura de mensajes y textos por Internet también constituyen pruebas acusatorias irrefutables para la sagrada inquisición del Ministerio Público de Temuco, especialmente cuando los cibernautas llevan apellido mapuche. Los computadores de los imputados, de suyo precarios y algo atrasados, fueron revisados con ayuda de la Brigada del Cybercrimen de la Policía de Investigaciones (Pich), que no debería distraerse para concentrarse en sus verdaderas tareas contra el auténtico cyber crimen económico en explosión.

En la audiencia de revisión de prisión preventiva del 23 de mayo de 2003 de los presos políticos Angélica Ñancupil y José Llanquileo, consta "(...) la página web de la Coordinadora Arauco Malleco era nutrida por una serie de vocerías y comunicados efectuados en los computadores de Llanquileo y Angélica Llancupil (...)". Estos dos activistas están acusados de integrar la dirección de la "organización terrorista" simplemente porque el 3 de diciembre el reportero gráfico de El Mercurio, Francisco Palma, les proporcionó un disquete que no pudieron revisar por incapacidad del software y hardware de su máquina. A primera hora del 4 de diciembre fueron allanados y detenidos. Las "pruebas" estaban en el disquete, ...un organigrama en que aparecen como altos jefes de la Coordinadora.

Los fiscales del Ministerio Público abusan de los recortes de periódicos como "pruebas". Generan hechos que se convierten en noticias, en connivencia con los diarios locales como El Diario Austral, de la cadena El Mercurio, utilizadas después como pruebas en los juicios. En esos días, El Austral titula "Cayeron máximos dirigentes de la coordinadora", en total 27 personas. Cuando los imputados "formalizados" se redujeron a 18, el resto quedó libre. Pero no hubo "noticia". El diario simplemente no lo informó.

A fines del 2003, Daniel Alveal, un joven mapuche indiferente a la lucha étnica, pero residente en una comunidad combativa, Temucuicui, fue detenido por la inteligencia de Carabineros cuando fletaba en su camioneta una oveja de dudosa procedencia. Félix Inostroza, Fiscal de Collipulli, le quitó el vehículo -no había cometido ningún delito- ofreciéndole devolvérselo a cambio de "información" para inculpar a dirigentes mapuche de su comunidad. Después de un mes de conflicto interior, Alveal resolvió denunciar a la prensa el chantaje de la autoridad judicial. Ningún diario publicó su versión.

Críticas de Naciones Unidas

Rodolfo Stavenhagen, especialista mexicano en derechos indígenas que visitó la zona del 18 al 29 de julio de 2003 como relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas informó

--que 'pudo observar cómo estos medios (diarios como El Austral) se ocupan del tema aún candente en Chile de las violaciones históricas de los derechos humanos, pero prestan poca atención a los derechos humanos de los indígenas'.

--que 'las organizaciones mapuches se quejan que en los medios de comunicación (prensa escrita y audiovisual) no reciben la misma cobertura que los llamados 'poderes fácticos' y consideran que esta situación vulnera su derecho humano a la información'.

--que 'después de la recuperación de la libertad de prensa lograda en el país, los medios de comunicación tienen la obligación de ofrecer una visión objetiva y equilibrada de asuntos tan importantes como las luchas por los derechos humanos de los pueblos indígenas'.

--que 'las comunidades y pueblos indígenas deben contar con facilidades y apoyo para acceder plenamente al uso de los medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, Internet), por lo que se recomienda a los principales medios del país que, en forma conjunta con las facultades académicas interesadas, promuevan cursos y seminarios para buscar nuevas vías de acceso a los medios para las comunidades indígenas'.

--que 'recomienda también a los medios de comunicación existentes redoblar los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas, así como a las situaciones de conflicto social en las regiones indígenas'.

ONU: Chile debe cambiar sus leyes

--que 'la población indígena sigue estando marginada del reconocimiento y la participación en la vida pública del país, como resultado de una larga historia de negación, exclusión socio-económica y discriminación por parte de la sociedad mayoritaria'.

---que el Estado revise los casos judiciales con apego a las garantías del debido proceso establecidas en las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los lonkos (líderes) Pascual Pichún y Aniceto Norín.

--que 'no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos ('amenaza terrorista', 'asociación delictuosa') a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas'.

--que 'bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas'.

--'que el Gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas'.

-- que se establezca en el país una institución nacional de defensa y protección de los derechos humanos u 'ombudsman'.

-- (sugirió) 'a la sociedad civil la realización permanente de campañas de información pública dirigidas a combatir los prejuicios, el racismo, la intolerancia y la estigmatización de la problemática indígena en la opinión pública'.

Igual que en los tiempos de la dictadura militar, la preocupación por los derechos humanos en Chile llega desde el exterior. Pareciera que la Justicia también, porque a los mapuches sólo les cabe esperanza de justicia en los tribunales internacionales e invocar los tratados de derechos humanos que están violándose descaradamente bajo el actual mandato presidencial de Ricardo Lagos.