La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó un informe que condena al Estado y al gobierno chileno por violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Este informe fue preparado y presentado por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, destacado antropólogo mexicano. Para preparar este informe, el Relator Especial visitó Chile el año pasado. El informe, condenatorio al Estado y el gobierno de Chile, aprobado en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, da cuenta de los resultados de una política destinada a lo que en realidad se puede entender como un intento de etnocidio. El intento de etnocidio está vinculado a la profundización del neoliberalismo y tratados de libre comercio; en lo político, es desarrollado y conducido desde el gobierno de Ricardo Lagos; es empujado fieramente por las grandes empresas forestales; se sustenta en una legalidad, que no legitimidad, ad hoc, con tribunales que aplican concienzudamente su rol de operador en la persecución del movimiento mapuche y sus dirigentes; con una policía que se esmera en ser eficiente brazo ejecutor de la represión contra el pueblo mapuche. El Siglo Digital, No 271 - Año 2004 (2004-5-1)

Por violación a los derechos de los pueblos originarios

Chile condenado en Ginebra

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó un informe que condena al Estado y al gobierno chileno por violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Este informe fue preparado y presentado por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, destacado antropólogo mexicano. Para preparar este informe, el Relator Especial visitó Chile el año pasado.
Cabe destacar que esta condena al gobierno de Chile fue en la misma sesión en que el gobierno de Ricardo Lagos cometió el vil y despreciable acto de sumisión a Bush, votando contra Cuba.
Las conclusiones a las que Rodolfo Stavenhagen llega en su informe son categóricas para afirmar que en Chile los derechos humanos de mapuches, aymaras, rapanuis, atacameños, quechuas, collas, kawascar, yamanas, no son respetados. En el resumen del documento se dice: "...la población indígena sigue estando marginada del reconocimiento y la participación de la vida pública del país, como resultado de una larga historia de negación, exclusión socioeconómica y discriminación por parte de la sociedad mayoritaria. Chile aún no ha realizado una reforma constitucional ni ha ratificado el convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales de 1989.
Subsisten problemas de derechos humanos que afectan a todos los pueblos indígenas del país...".
Es decir, en Chile el tema de la violación a los derechos humanos no es sólo un asunto de la deuda que se tiene con la verdad y la justicia sobre los
horribles crímenes de la dictadura, ni el problema sólo queda en el intento de establecer un repudiable manto de impunidad. Hoy, en pleno tercer gobierno de la Concertación, hay denuncias concretas de violación de los derechos humanos.

Tierra y territorio

El informe del relator especial identifica las áreas prioritarias sobre las cuales se comenten estos actos de vulneración contra los pueblos originarios en nuestro país. Parte destacando que: "Existe estrecha relación entre pobreza e identidad indígena". 
Otro ámbito donde se denuncia la indefensión de los pueblos originarios, es lo relativo a los que el informe califica como elementos de "tierra y territorio", diciendo que: "Uno de los problemas más candentes que aquejan a los pueblos originarios, tiene que ver con la propiedad de la tierra y la territorialidad de los indígenas, particularmente entre los mapuches..."; afirmando luego: "Las tierras en propiedad de los mapuches son extremadamente escasas y están sobre explotadas". A continuación menciona los efectos negativos de la presencia de las empresas y plantaciones forestales: "Las tierras de las comunidades se encuentran aisladas, dentro de las propiedades de particulares, principalmente de extensas plantaciones forestales, cercadas y protegidas por guardias privados (dificultades de tránsito, hostigamiento, ningún acceso a los bosques); como un efecto del desarrollo de las plantaciones forestales el suelo en que se encuentran las tierras de los mapuches han perdido sus fuentes de agua (para consumo y para riego), ha disminuido o desaparecido la fauna silvestre (que hizo parte de su dieta) y la vegetación del sotobosque (tradicionalmente utilizada con fines rituales, medicinales y alimenticios)"; agregando además que "las actividades de extracción forestal de bosques maduros provoca contaminación de los lagos, ríos y cursos de aguas, con pérdidas importantes de su potencial ictiológico (pesca)".

Penalización del conflicto

Otro aspecto que al relator le preocupó es lo que menciona como "reivindicación y conflictividad social", destacando que la tendencia, frente a los temas conflictivos ha sido la de "...privilegiar el tratamiento judicial de esta problemática, en el ámbito penal. Desde hace varios años se reporta un incremento de causas penales contra dirigentes de comunidades y organizaciones mapuches...". Agregando asimismo que "...varios informantes manifestaron su preocupación por la alta presencia de fuerza pública permanente en las comunidades, en algunas de las cuales se llevan a cabo diligencias de averiguación, no exentas de violencia física y verbal, con el consiguiente temor de la población".
El informe es concluyente respecto de la aplicación del nuevo procedimiento penal: "Varios especialistas dicen que la combinación entre nuevo procedimiento penal, ley antiterrorista y fuero militar, establece una condición de vulnerabilidad del derecho al debido proceso, que afecta de manera selectiva a un grupo claramente identificado de dirigentes mapuches".
El informe considera que la legislación vigente tiene límites, particularmente ante la inexistencia de reconocimiento constitucional. Dice que toda la problemática "...se da en un marco legislativo ambiguo y poco conducente ...", agregando que: "El Relator Especial considera que el derecho de los pueblos a la libre determinación, siendo un derecho humano (como lo establece el artículo 1º de ambos pactos internacionales de derechos humanos, ratificados por Chile), se aplica a todos los pueblos, incluso a los pueblos indígenas, como lo reafirma el convenio 169 de la OIT y otros documentos internacionales", afirmando: "La ley indígena en su redacción actual no contempla adecuadamente los mecanismos de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas..." y se habla de la necesidad de "...revisar el conjunto de la legislación sectorial cuando su aplicación vulnera derechos ancestrales de las comunidades indígenas, para ajustarla a las normas de protección de los derechos humanos".

Las recomendaciones

Son relevantes las recomendaciones del relator. Entre otras cosas, el plantea la necesidad de que "se agilice el proceso para la reforma constitucional en materia indígena" y llama a la "pronta ratificación del Convenio 169 de la OIT".
También recomienda que "…se tomen las medidas necesarias para evitar la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales...".
Hay que destacar una conclusión que nos toca directamente. En el informe se dice: "Para superar la discriminación y negación histórica que han sufrido los pueblos indígenas, la sociedad chilena en su conjunto tiene un papel importante que jugar...". Pero en el párrafo 84 su interpelación es más directa cuando dice: "En este contexto se recomienda a los partidos y organizaciones políticas que en sus respectivas agendas sobre el tema de los derechos humanos, enfoquen su atención no solamente en las secuelas del pasado inmediato, sino también en la promoción de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas del país".
Pero sin duda las recomendaciones más quemantes tienen relación con las exigencias de considerar la situación de los presos políticos mapuches: "El relator recomienda que sea revisado el caso de los lonkos procesados, Pascual Pichún de Temulemu y Aniceto Norín de Didaico (IX Región de la Araucanía), con estricto apego a las garantías al debido proceso establecidas en las normas internacionales de derechos humanos". Recomendando además que "...el gobierno considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de defensa de las tierras indígenas".

Cuarta oleada de exterminio

El informe, condenatorio al Estado y el gobierno de Chile, aprobado en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, da cuenta de los resultados de una política destinada a lo que en realidad se puede entender como un solapado, aunque sistemático y violento intento de etnocidio. Quienes sostienen el sistema neoliberal ponen en práctica una moderna, eficaz y brutal política de asimilación respecto de los pueblos originarios.
Como se afirma en el documento central de la segunda Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda: "Estamos frente a lo que podríamos llamar la cuarta oleada histórica de exterminio. La primera fue la invasión española, la segunda fue la ocupación del territorio por parte del ejército chileno, la tercera fue y es la enorme presión política, social y jurídica de la sociedad dominante en contra nuestra. Ahora son las transnacionales, la ENDESA, las empresas forestales las que desarrollan un verdadero acto de etnocidio".
El intento de etnocidio está vinculado a la profundización del neoliberalismo y tratados de libre comercio; en lo político, es desarrollado y conducido desde el gobierno de Ricardo Lagos; es empujado fieramente por las grandes empresas forestales; se sustenta en una legalidad, que no legitimidad, ad hoc, con tribunales que aplican concienzudamente su rol de operador en la persecución del movimiento mapuche y sus dirigentes; con una policía que se esmera en ser eficiente brazo ejecutor de la represión contra el pueblo mapuche.
Una clave principal de esta ofensiva es la criminalización de las demandas y la judicialización de las acciones y movilizaciones que el movimiento mapuche desarrolla. Mediante este mecanismo se busca instalar en la conciencia colectiva de la sociedad dominante que el mapuche ya no sólo es "flojo y borracho", hoy, además, es "terrorista y violentista", cuando no vinculado a los peores fundamentalismos.
Hay hechos que fundamentan claramente las conclusiones de Rodolfo Stavenhagen. Por mencionar alguno de los más inmediatos, recordemos el asesinato de Alex Lemún, con el agravante de que Marcos Trauer, confeso de haber realizado los disparos, sigue prestando servicios como oficial de Carabineros, sin que ningún tribunal haya condenado este crimen.
Otro hecho es la condena a 10 años del destacado dirigente mapuche Víctor Ancalaf, sentencia que se dictó el día siguiente de cuando entró en vigencia el TLC con Estados Unidos. Víctor Ancalaf ha recibido la condena más alta a un dirigente mapuche a causa de la lucha por sus reivindicaciones.
Un tercer elemento que demuestra las aseveraciones del Relator Especial es la situación que viven 18 dirigentes mapuches de la VIII y IX Región, acusados de asociación ilícita e incendio y procesados bajo la ley antiterrorista de Pinochet. Este es un proceso que tiene claros indicios de juicio medieval, incluida la existencia de 44 testigos encapuchados y una fiscalía que, más que buscar el imperio de la ley, busca imponer una condena ejemplarizadora a los dirigentes mapuches.
Los dirigentes mapuches acusados tienen la convicción de que el juicio y las audiencias en curso son la antesala de una condena resuelta de antemano. Un criterio igual nos hemos formado quienes hemos escuchado los argumentos de los fiscales acusadores, la actitud de los jueces y el comportamiento de las autoridades de gobierno: la condena a los dirigentes es una decisión tomada que sólo debe ser ejecutada por los tribunales.
Esta es una situación que pone en duda la validez de los juicios en contra de los dirigentes mapuches. Cuando estas condiciones se dan, es cuando se legitima el accionar rebelde de los pueblos y de sus mejores líderes.

Dijo no tener todos los antecedentes para dar solución
Gobierno no responde por inundación de cementerio mapuche
Por Eugenia Calquín Morales, de Mapuexpress.

En el mediodía del 29 de abril, representantes de las comunidades mapuches afectadas por la inundación del cementerio Quepuca Ralko, se reunieron en La Moneda con el subsecretario de la Presidencia.
El gobierno declaró no estar en condiciones de dar una solución definitiva al caso.
"Yo no sé si tenemos la capacidad, como gobierno, para detener el llenado de la represa". Así respondió el subsecretario de la Presidencia, Rodrigo Egaña, a los representantes mapuches que viajaron a Santiago en busca de una solución al llenado prematuro que afecta hoy al Cementerio de la comunidad Quepuca Ralko.
"Nosotros hemos sido claros: Queremos desenterrar a nuestros seres queridos, trasladarlos a otro lugar donde los podamos visitar y hacer una ceremonia mapuche para poder estar tranquilos. Nunca tomaron en serio este tema, sólo se concentraron en las permutas de tierras", señaló María Curriao, representante de las comunidades afectadas. El Consejero Indígena Urbano José Llancapán comentó que con estas situaciones el gobierno sigue demostrando estar al servicio de la empresa. "¿Qué pasaría si sus padres estuvieran sepultados ahí? ¿Actuarían de la misma manera o qué pasaría si los mapuches les saqueáramos uno de sus cementerios?".
El pasado martes 20 de abril, representantes de las comunidades mapuche-pewenches se reunieron con CONADI, Bienes Nacionales, CONAMA, y ENDESA para buscar una solución al traslado de los restos del cementerio. En la ocasión, agendaron una reunión para 8 días más tarde; sin embargo, al día siguiente la empresa comunicaba públicamente que debido a las precipitaciones registradas en la zona, comenzarían el llenado que hoy tiene bajo el agua a este cementerio.
El representante de gobierno comentó que están "muy preocupados" y que han ordenado una investigación interna "ENDESA les planteó a estas instituciones (CONAMA, CONADI y Bienes Nacionales) su preocupación al aproximarse el problema de las lluvias que podía precipitar esta lamentable situación".
Ante la insistencia de una solución definitiva en términos del traslado de los restos del cementerio a otro lugar o en su defecto proteger el área con una lápida de cemento, el subsecretario indicó que "por ahora hemos solicitado informes técnicos. No estamos en condiciones de dar una solución. No tenemos las competencias técnicas ni todos los antecedentes". "Pero sí pueden sacar leyes en un par de horas cuando se trata de salvar a sus partidos políticos", respondieron los dirigentes.
Al finalizar la reunión, el subsecretario señaló que podría haber una respuesta en los próximos días.
 

Enlace al artículo original.