Por la libertad de los presos políticos mapuches: En la actualidad, más de 300 mapuches se encuentran procesados por fiscalías militares y tribunales civiles: 13 de ellos detenidos en diversas cárceles del sur del país, 28 condenados y en libertad condicional, 91 procesados y en libertad condicional y 19 con orden de detención. Resulta evidente que las acciones reivindicativas del movimiento pehuenche se están transformado en un serio obstáculo para los planes del gobierno en dicha zona del territorio mapuche, donde intereses políticos personales (como las miles de hectáreas que la comunidad de Callaqui reclama le fueron usurpadas por el propio ex Presidente Patricio Aylwin) y corporativos (como los planes genocidas de Endesa-España avalados por toda la plana mayor de la Concertación) se entrecruzan hasta ahora en el mayor de los secretos. El gobierno, a través del gobernador de Bio-Bío, Esteban Krause, ya anunció su apuesta por mayores grados de militarización de la zona de conflicto, ampliando los contingentes policiales destacados en Queuco y reforzando la seguridad de los colonos residentes. Para las autoridades locales, la solución al clima de tensión que se vive en la cordillera pasa precisamente por aquello: por aumentar la presencia policial en la zona, hacer respetar el Estado de Derecho y evitar la entrada a la zona de activistas mapuches "radicalizados", quienes, para el alcalde de Santa Bárbara, René Correa Hermosilla, constituyen los "únicos" responsables de los violentos hechos ocurridos en Cauñicú.El Siglo Digital, 09 de agosto de 2002