La comisión de Constitución del Senado-en una decisión mayoritaria, de cuatro votos contra uno-concluyó que en la zona de la Araucanía se encuentra gravemente afectado el principio de la seguridad jurídica, por las acciones de violencia de grupos mapuches extremos. El senador Rafael Moreno, disiente de esta postura pues estima que los tribunales de justicia están conociendo las causas criminales, resolviéndolas y sancionando y las autoridades han ejercido sus atribuciones y cumplido con sus deberes constitucionales y legales. El conflicto mapuche y sus consecuencias en las personas que viven en la zona de la Araucanía, será nuevamente abordado por los senadores. Estos deben pronunciarse hoy sobre el informe de la comisión de Constitución del Senado que establece que los habitantes de esta zona viven atemorizados frente a eventuales actos de violencia por parte de algunos grupos indígenas extremos, sin contar con protección eficaz y oportuna. Diario El Sur Martes 15 de julio de 2003.
Sala vota informe de comisión
Senado examina conflicto mapuche
El senador Rafael Moreno, disiente de esta postura pues estima que los tribunales de justicia están conociendo las causas criminales, resolviéndolas y sancionando y las autoridades han ejercido sus atribuciones y cumplido con sus deberes constitucionales y legales.
El conflicto mapuche y sus consecuencias en las personas que viven en la zona de la Araucanía, será nuevamente abordado por los senadores. Estos deben pronunciarse hoy sobre el informe de la comisión de Constitución del Senado que establece que los habitantes de esta zona viven atemorizados frente a eventuales actos de violencia por parte de algunos grupos indígenas extremos, sin contar con protección eficaz y oportuna.
El voto de minoría fue del senador DC Rafael Moreno, quien sostuvo que los organismos del Estado sí se han preocupado de responder y apoyar a las víctimas. Según él, "la negativa de algunos senadores por reconocer a los pueblos indígenas como colectivo humano en nuestra Constitución, agrega un elemento que hace aún más complejo el adecuado enfrentamiento al problema mapuche".
Moreno desecha la idea de la inseguridad jurídica, pues los
tribunales de justicia están conociendo las causas criminales, resolviéndolas y sancionando y las autoridades han ejercido sus atribuciones y cumplido con sus deberes constitucionales y legales.
"Frente a cada hecho de violencia, el gobierno-a través del ministerio del Interior-, el Ministerio Público, los tribunales y las policías han actuado con prontitud y diligencia. En esto consiste el Estado de Derecho. Si éste está vigente, como se reconoce en el voto de mayoría, no puede sostenerse que exista inseguridad jurídica", precisó.
Enfatizó que todas las medidas de protección decretadas por los tribunales han sido cumplidas y ejecutadas por Carabineros y que los testimonios rendidos ante la comisión dan cuenta del problema, pero también de la actividad permanente del Estado y sus órganos. "En consecuencia, es evidente que las acciones de violencia que se han producido en el marco del conflicto indígena no obedecen, en caso alguno, a la falta de actividad, preocupación o servicio de los órganos de la administración del Estado", puntualizó.
No sólo represión
Moreno responsabiliza a la sociedad chilena de no haber integrado a esta etnia y advierte que no se puede considerar solamente como solución al conflicto la represión de las acciones ilícitas sino que, de modo prioritario, deben atenderse las demandas de los mapuches.
En tanto, el resto de la comisión expresa su profunda preocupación por la grave alteración a la vigencia del principio de la seguridad jurídica en las regiones del Bío Bío y La Araucanía con motivo de las acciones reiteradas de violencia cometidas por algunas organizaciones mapuches en perjuicio de sus habitantes, particularmente en las zonas rurales, quienes viven atemorizados de ser víctimas de hechos delictuales de igual naturaleza, sin contar con el amparo oportuno que les garantice su seguridad y la protección de sus familias.
Desde esa perspectiva, los senadores piden al gobierno implementar políticas públicas de protección y desarrollo de las comunidades mapuches que, a la vez, ayuden a estructurar una convivencia pacífica y constructiva en la zona.
Reconocen que las comunidades mapuches en su inmensa mayoría están integradas por ciudadanos pacíficos, honrados y trabajadores; respetuosos del derecho, de la democracia y de la autoridad constituida, que, no obstante los graves problemas y carencias sociales que les afligen y su legítimo derecho a exigir el respeto a sus tradiciones, cultura e identidad, descartan la violencia como método para exponer o hacer efectivas sus aspiraciones, cuya solución exigen en ocasiones con vehemencia, pero sin violencia.
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