Domingo 06 de julio de 2003

Quieren negociar de nuevo con Endesa

Pehuenches piden ayuda
al gobierno y a políticos

• Representantes de las familias indicaron que están dispuestos a un avenimiento y criticaron la actitud de Endesa, que publicó ayer en diversos medios de comunicación un aviso con la tasación de los terrenos pehuenches realizada por peritos de acuerdo a la Ley Eléctrica.

      Está en manos del gobierno convocar a Endesa a reanudar el diálogo para encontrar una salida negociada al conflicto por la construcción de la central Ralco. Así lo sostuvo ayer el abogado Roberto Celedón, quien junto al abogado Alex Quevedo representa a las cuatro familias pehuenches que aún se niegan a entregar sus tierras a la empresa generadora.
      Ambos profesionales criticaron a Endesa que a través de una inserción en medios regionales y nacionales hizo pública la tasación de los predios de las cuatro familias y que es considerablemente menor a la oferta de 200 millones de pesos y 77 hectáreas que realizó la compañía para cada una.
      De acuerdo al informe de los peritos, mecanismo establecido por la Ley Eléctrica, Berta Quintremán debe recibir $61 millones 324 mil, Rosario Huenteao $55 millones 256 mil, Mercedes Julia Huenteao $71 millones 599 mil, y Aurelia Marihuan $83 millones 250 mil.
      Además, Endesa señala en su inserción que la petición entregada por los pehuenches en febrero de este año es de $9 mil 630 millones, de los cuales 10% iría al pago de asesores y colaboradores de los indígenas.
      Esto molestó a Celedón y Quevedo, quienes afirmaron que la hidroeléctrica faltaba a la verdad ya que la petición de las cuatro apropietarias es aceptar la oferta de Endesa, pero incluir también a sus hijos que viven en los mismos predios, lo que sube el número a 14 familias. Esta es la demanda que está vigente, aunque el abogado Quevedo reconoció que la cifra publicada fue la petición original de las familias.
      Los abogados expresaron su confianza en que el gobierno hará respetar la medida que se establece en la resolución ambiental, que obliga a Endesa a relocalizar a las familias y que por lo tanto no las puede sacar por la fuerza bajo el amparo de la Ley Eléctrica.