Las familias pehuenches intentan colocar los términos de negociación con Endesa y no dejar que la compañía eléctrica imponga sus criterios para llegar a un acuerdo y lograr una salida al conflicto generado en el Alto Biobío. Así lo reconoció el abogado de los indígenas en Concepción, Alex Quevedo, quien señaló que esta postura se explica porque las cuatro familias que aún no permutan se sienten obligadas a negociar sus tierras. Diario El Sur, 15 de abril de 2003


Martes 15 de abril de 2003

Negociación con Endesa

Pehuenches de Alto Biobío
buscan imponer sus términos

  • Abogado Alex Quevedo sostuvo que ellos fueron obligados a negociar y no aceptarán que Endesa imponga sus criterios, porque no lo considera justo.
  • Agregó que no temen las acciones judiciales de Endesa, proque si se respeta el Estado de Derecho son los pehuenches quienes tienen la razón, ya que el proyecto Ralco tiene vicios de nulidad.

     Por Nelson Riffo Marabolí
     
      Las familias pehuenches intentan colocar los términos de negociación con Endesa y no dejar que la compañía eléctrica imponga sus criterios para llegar a un acuerdo y lograr una salida al conflicto generado en el Alto Biobío.
      Así lo reconoció el abogado de los indígenas en Concepción, Alex Quevedo, quien señaló que esta postura se explica porque las cuatro familias que aún no permutan se sienten obligadas a negociar sus tierras.
      Indicó que para ellos Endesa debería irse del Alto Biobío, pero ante esta política de hechos consumados han optado por sentarse a dialogar. Precisó que para estos pehuenches ya hay un deterioro ecológico y la comunidad donde ellos viven ya está desintegrada, por lo tanto estiman que no hay otro camino que la negociación.
      Sin embargo, aclaró que esto no significa aceptar los criterios de Endesa y por el contrario, para ellos es de absoluta justicia que se respeten sus peticiones.
      En este sentido criticó a la empresa generadora cuando los acusan de estar solicitando cifras imposibles de cumplir. "Primero nosotros no queremos vender, pero nos obligan a vender y más encima ellos (Endesa) nos quieren fijar el precio. Eso es impresentable", afirmó el abogado.
      Aunque no quizo especificar cifras, agregó, que las solicitudes de los pehuenches no son tan desmedidas. La indemnización directa equivaldría al funcionamiento de un mes de la central Ralco. Si se estima que Endesa venderá 100 millones de dólares anuales, un mes de operación serían 8,3 millones de dólares.
      Para los abogados de los indígenas tampoco se trata sólo de cuatro familias, sino que también suman a los hijos de estas que se han casado y que viven en el mismo terreno y por lo tanto el número aumentaría a unas 17 familias.
      Alex Quevedo sostuvo que este tema no pasa sólo por dinero, sino que además hay argumentos de principio que para sus clientes son vitales en esta negociación. Por esta razón, agregó, no temen que las anegociaciones fracasen y que Endesa finalmente imponga sus términos como ha amenazado, pero aseguró que quedan aún muchas acciones judiciales y si impera el Estado de Derecho tendrían que detener Ralco.

"Guerra" judicial no termina

Una "carta bajo la manga" que podría generar la detención vía judicial de las obras de Ralco afirman tener los abogados que defienden los intereses de las cuatro familias pehuenches que aún se oponen a la construcción de Ralco.
Se trata de un recursos de nulidad de los derechos de agua que Endesa obtuvo para la construcción de la central y que de acuerdo a un dictamen de la Contraloría de junio de 2002 infringió el ordenamiento legal vigente y por lo tanto no sería válido.
Se trata de la ampliación de los derechos desde la cota 540 a la cota 523 sobre el nivel del mar en el río Biobío, para la restitución de las aguas extraídas desde el cauce para la generación de electricidad, como lo establece el proyecto.
Según el informe de la Contraloría, la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, no cumplió con los requisitos de publicidad al momento de tramitar la ampliación de estos derechos, ante un eventual perjuicio a derechos vigentes de terceras personas, como lo señala la legislación.
Específicamente, el organismo contralor sostiene que la Dirección de Aguas infringió el artículo 131 inciso tercero del Código de Aguas y en consecuencia establece que "las actuaciones ulteriores adolecen de un vicio de nulidad y por ende deberían dejarse sin efecto con la finalidad de reestablecer el orden jurídico quebrantado por las mismas".
Para exigir el cumplimiento de este dictamen, los abogados de las familias pehuenches prepran una demanda judicial que esta semana será presentada en los tribunales de Concepción, según aseguró ayer Alex Quevedo. Según el profesional esto implicaría la detención de las obras, o bien impediría el funcionamiento de la central ya que Endesa no contaría con los derechos necesarios.

¿Grupo privilegiado?

El 3% de las ventas anuales de energía que produciría Ralco, la creación de una comuna Pehuenche, más de 2 mil hectáreas de terreno y una indemnización directa de 8,3 millones de dólares son las principales demandas que las cuatro familias, que aún no permutan sus tierras a Endesa, exigen para llegar a un acuerdo con la compañía eléctrica.
Endesa ha calificado estas peticiones como excesivas y sus ejecutivos han reiterado que no están dispuestos a entregar un peso más de lo ya ha ofrecido.
Esto lo explican por dos razones. La primera tiene relación con la rentabilidad económica del proyecto y la otra con un tema de privilegios a los cuales no pueden acceder.
Esto, porque a las familias que ya permutaron en 1998 y que fueron trasladadas a los fundos El Barco y El Huachi, recibirán una cifra considerablemente menor. De hecho se trata de unos 36 millones de dólares para 77 familias. Muchos de estos recursos ya han sido entregados en tierras, ganado, asistencia técnica y capacitación.
A esto se suma que otras dos familias, la de Nicolasa y Juan Quintremán ya aceptaron permutar por 200 millones de pesos y poco más de 70 hectáreas. Entonces, las condiciones que exigen las cuatro familias restantes generaría una sensación de injusticia respecto al resto de los pehuenches que derivaría en un nuevo conflicto para Endesa y el propio gobierno, ya que un acuerdo en esos términos no tendría presentación y para muchos se trataría de un grupo privilegiado que "supo gritar más".


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