Jaime Andrade indicó que si la Corte de Apelaciones de Santiago lo ordena, el gobierno entregará la tasación de los terrenos de las cuatro familias pehuenches que aún se oponen al proyecto, tal como establece la Ley Eléctrica. Diario El Sur, 15 de junio de 2003 

 

Domingo 15 de junio de 2003

Caso Ralco

Gobierno listo para
cumplir Ley Eléctrica

  • Jaime Andrade indicó que si la Corte de Apelaciones de Santiago lo ordena, el gobierno entregará la tasación de los terrenos de las cuatro familias pehuenches que aún se oponen al proyecto, tal como establece la Ley Eléctrica.

      Si la Corte de Apelaciones de Santiago así lo ordena, el gobierno entregará la tasación de los terrenos de las cuatro familias pehuenches que aún se niegan a traspasar sus tierras a Endesa para el funcionamiento de la central Ralco.
      Así lo dio a conocer el subsecretario de Planificación, Jaime Andrade, quien ha liderado la negociación entre Endesa y sectores pehuenches para lograr una salida amistosa al conflicto originado por la construcción de la central en el Alto Biobío.
      Andrade precisó que el Estado accedió a la solicitud que en su momento hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en forma voluntaria para no dar a conocer el monto de la tasación de los terrenos, pero que en ningún caso se está obligado a mantener retenidos tales datos.
      Esta petición del organismo internacional se originó tras una demanda de las familias pehuenches por “negación de justicia en Chile”.
      Por esta misma razón, en forma paralela a lo que resuelvan los tribunales de justicia, Andrade indicó que el gobierno evalúa la pertinencia de mantener esta medida de statu quo.
      Explicó que el argumento de “negación de justicia” perdió relevancia desde el momento en que el Sexto Juzgado Civil de Santiago declaró nulo el proceso por el cual se concedió a Ralco la autorización ambiental, fallo a partir del cual se obtuvo luego una medida precautoria que impide a Endesa inundar los terrenos de las cuatro familias pehuenches.
      Este análisis podría implicar que sin la necesidad de una orden judicial el gobierno decida entregar la tasación de los terrenos indígenas que permitiría a Endesa tomar posesión de los predios dejando el dinero estipulado en un tribunal.


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