Los pehuenches no desean negociar directamente con Endesa y es por ello que le solicitaron al gobierno actuar como garante en este conflicto. También se indica que los procedimientos asociados al proyecto Ralco que podrían llegar a concretarse deberán ser evaluados, revisados y estudiados, de manera de asegurar que futuros proyectos de esta naturaleza sólo puedan ser ejecutados si consideran adecuadamente los intereses de las partes afectadas. En tanto, el gobierno velará para que los organismos competentes hagan cumplir el deber legal que les corresponde de respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, su cultura, familias y comunidades, así como propender a la ampliación de sus tierras, proveyéndoles defensas jurídicas cuando así se les requiera. Las partes dialogantes concuerdan en que la búsqueda de la solución no sólo atañe a las familias directamente involucradas, sino a la causa mapuche pehuenche, lo que supone un conjunto de compromisos que signifiquen valorar la identidad, cultura y tierras, además de una reparación material satisfactoria para las familias afectadas. Diario El Sur, 8 de febrero de 2003 

 

sábado 8 de febrero de 2003
Permutas para central Ralco
Endesa colaborará en negociación
  • En tanto, según fuentes de la empresa hidroeléctrica, Nicolasa Quintremán, cuya permuta ya fue aprobada por la Conado, puede trasladarse cuando estime conveniente.
      Tras el resultado de la reunión sostenida el jueves entre representantes de las cuatro familias indígenas que aún no permutan sus tierras y que presentaron una denuncia el pasado año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno, fuentes de Endesa afirmaron que están dispuestos a colaborar en lo que sea para resolver el conflicto con los indígenas.
      Afirmaron que hasta la fecha sólo Nicolasa Quintremán ha permutado sus tierras y esperan que se traslade cuando ella estime conveniente. La mujer pehuenche que lideró durante seis años la oposición a la construcción de la central Hidroeléctrica Ralco en el Alto Biobío, aceptó permutar 3,8 hectáreas de su terreno que será inundado por el embalse, a cambio de 77 hectáreas ubicadas en el sector de Vilicura, a 15 kilómetros al noroeste de Santa Bárbara. Además, recibirá el pago de 200 millones de pesos por parte de Endesa, una vivienda, infraestructura productiva y asistencia técnica. 
      En tanto, se informó que su hermano, Juan Quintremán firmó una promesa de permuta con Endesa el martes 4 de febrero, en la que cambia 4 hectáreas por 77 del sector de Vilicura, además de recibir también una suma cercana a la entregada a Nicolasa. A contar de ahora, la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi, deberá determinar si aprueba o no la promesa de permuta de Juan Quintremán.
      Fuentes de Endesa confirmaron que los cuatro representantes de las familias que aún no permutan sus tierras en el Alto Biobío son Berta Quintremán, Rosario Huenteao, Mercedes Huenteao y Aurelia Marihuan.
      Cabe recordar que en la reunión sostenida el jueves entre los cuatro representantes de familias pehuenches y representantes del gobierno, se concluyó establecer las bases de un diálogo directo entre ambas partes. Los pehuenches no desean negociar directamente con Endesa y es por ello que le solicitaron al gobierno actuar como garante en este conflicto.

     Acuerdos
      Durante la reunión entre familias pehuenches y el gobierno, encuentro que duró casi seis horas, se establecieron acuerdos que se mantuvieron en reserva. Sin embargo, a través de una declaración pública, las partes señalan su intención de establecer vías exploratorias para la posibilidad de una solución amistosa.
      También se indica que los procedimientos asociados al proyecto Ralco que podrían llegar a concretarse deberán ser evaluados, revisados y estudiados, de manera de asegurar que futuros proyectos de esta naturaleza sólo puedan ser ejecutados si consideran adecuadamente los intereses de las partes afectadas.
      En tanto, el gobierno velará para que los organismos competentes hagan cumplir el deber legal que les corresponde de respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, su cultura, familias y comunidades, así como propender a la ampliación de sus tierras, proveyéndoles defensas jurídicas cuando así se les requiera. Las partes dialogantes concuerdan en que la búsqueda de la solución no sólo atañe a las familias directamente involucradas, sino a la causa mapuche pehuenche, lo que supone un conjunto de compromisos que signifiquen valorar la identidad, cultura y tierras, además de una reparación material satisfactoria para las familias afectadas.


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