Se mantiene en reserva el monto de las reparaciones que piden las familias. Pese a los esfuerzos que ambas partes aseguraron haber realizado, no hubo acuerdo entre el Gobierno, representado por el ministro (s) de Mideplán, Jaime Andrade, y las cuatro familias pehuenches que no acceden a permutar sus tierras para la construcción de la central Ralco. Aunque se podría efectuar un nuevo encuentro en Washington, lo más probable es que la próxima reunión sea ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), mañana en la capital de Estados Unidos. Allí, Andrade presentará los descargos del Estado ante la instancia internacional que acogió a tramitación la denuncia de los pehuenches por denegación de justicia, arbitrariedad y atropello a sus derechos. Los indígenas sostienen que al dar los permisos para la construcción de la central sin considerar que la ley indígena establece que nadie será obligado a permutar su tierra, el Gobierno vulneró sus derechos. En cuanto a la primacía de la ley indígena o la ley eléctrica para resolver el conflicto, Andrade dijo que es un tema que ahora no está en discusión. Para el abogado Roberto Celedón, en cambio, es un punto en que hubo un pronunciamiento de la justicia en los fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago, el 21 de noviembre de 2001, y ratificado por la Corte Suprema, en 2002. El profesional dijo que Endesa impidió alcanzar un acuerdo integral porque no se pronunció respecto de las demandas materiales de reparación para estas cuatro familias y que se mantienen en reserva. El Mercurio, 25 de Febrero de 2003