Al hacer un balance de sus gestiones para lograr la solución negociada al conflicto de Ralco, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, asegura que las 1.200 hectáreas que deberá adquirir el Estado para entregarlas a las familias pehuenches en el Alto Biobío es un desembolso que bien vale la pena para resolver un conflicto potencialmente muy explosivo. El Mercurio, 18 de septiembre de 2003

Ministro Francisco Huenchumilla y la solución del conflicto de Ralco:
"El Gobierno ha invertido en garantizar paz social"
Claudio Salinas M.
18 de Septiembre de 2003

Titular de Secretaría General de la Presidencia dice que desembolso fiscal fue mínimo versus los beneficios y que el tema vuelve a Mideplan.

CLAUDIO SALINAS M.

	Huenchumilla advierte que se involucrará activamente en otros conflictos sectoriales que pudieran adquirir connotaciones políticas. Foto:El Mercurio

Al hacer un balance de sus gestiones para lograr la solución negociada al conflicto de Ralco, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, asegura que las 1.200 hectáreas que deberá adquirir el Estado para entregarlas a las familias pehuenches en el Alto Biobío es un desembolso que bien vale la pena para resolver un conflicto potencialmente muy explosivo.

- ¿Por qué se involucró tan activamente en esta negociación?

"Fue por una relación de confianza que los abogados y las familias generaron conmigo. Ellos pensaron que yo era una garantía de que pudiéramos hacer un acuerdo honorable que resolviera este conflicto.

- ¿Por su ascendencia mapuche?

"Exactamente".

- ¿Por eso el Presidente le encargó esta gestión?

"Lo que pasa es que cuando se me pidió involucrarme en este tema, lo conversé con el Presidente y le pedí autorización para hacer una gestión privada. El Presidente me autorizó y ahí comenzamos a trabajar con el equipo que tengo aquí en el ministerio. Y como tenemos un equipo muy afiatado eso permitió que no hubiera ninguna filtración, algo realmente notable".

- ¿Qué justifica que se involucre el Estado en una negociación entre privados como Endesa y las comunidades del Alto Biobío?

"Porque en definitiva era un conflicto político en el sentido que había un tema étnico; había leyes del Estado que se aplicaban como la ley indígena, la ley eléctrica; había materias de orden público porque con los conflictos había entrado a tallar el Ministerio del Interior y carabineros, porque esto pudiera haber terminado en un desalojo y eso involucraba a la fuerza pública; teníamos una gran presión de la sociedad civil, de los sectores políticos de todos los lados y también una gran presión internacional (había resoluciones de la Comisión Interamericana en Washington). Entonces el conflicto tuvo componentes variados: étnicos, políticos, económicos, energéticos, internacionales (Endesa está hoy en manos de inversionistas extranjeros). Creo que con esto hemos desactivado una cosa potencialmente muy explosiva y al mismo tiempo vamos a tener favorables repercusiones económicas en el sistema energético chileno. Por esa razón el Presidente estaba muy contento con el acuerdo logrado".

- ¿Y el costo económico que tuvo para el Estado, que deberá adquirir un fundo para los descendientes de las familias pehuenches?

"Este es un fundo cordillerano de 20 mil hectáreas que según los cálculos valdría 400 millones pero en total, nosotros vamos a adquirir solamente 1.200 hectáreas. Pero efectivamente es un costo que bien vale la pena pagar porque estamos comprando paz, tranquilidad y solucionando un conflicto. Entonces, si vale la pena hacer inversiones con los recursos de todos los chilenos para resolver una cosa así yo creo que es prudente hacerlo porque zanjamos un conflicto que se arrastra por diez años, con muchos costos para el país y que tiene repercusiones de todo tipo. Vamos pagar un costo mínimo en realidad en comparación con los beneficios que estamos obteniendo".

- ¿No es esto una mala señal que incentiva a quienes busquen la intervención del Estado en conflictos privados para obtener una tajada más suculenta?

"Pero de hecho en todos los conflictos se involucra el Estado, esto no es excepcional. En el tema Peñalolén, por ejemplo, el Ministro de Vivienda está involucrado, cuando paran los médicos o los trabajadores portuarios también hay recursos del Estado; el cierre del carbón; trabajadores de ferrocarriles; las huelgas de los profesores o los estudiantes por el pasee escolar. Siempre en los conflictos está involucrado el Estado de alguna manera y la paz social se logra buscando alguna alternativa en que el Estado debe poner algunos recursos.

- ¿Con esto ahora usted se hace cargo de la política indígena?

"No, esto es solamente un episodio para la Secretaría General de la Presidencia, de la misma manera como hemos intervenido en otros conflictos de alta intensidad y lo vamos a seguir haciendo. Pero las políticas públicas respecto al mundo indígena están a cargo del subsecretario Marcelo Carvallo, que tiene la coordinación de ellas, y por supuesto el ministro de Mideplan, Andrés Palma. Este ministro no tiene ninguna competencia en materia indígena pero sí para intervenir en todos los ministerios cuando los conflictos alcanzan mayor intensidad. Pero nuestra participación es de colaboración. Esto fue puntual. Todo vuelve ahora a Mideplan.

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