Si no hay acuerdo con las familias pehuenches "nosotros esperamos que el gobierno cumpla con la legalidad vigente", afirmó el fiscal de Endesa, Carlos Martín, quien ha participado directamente en las negociaciones para obtener las permutas de tierras necesarias para la operación de la central Ralco. El ejecutivo de la compañía eléctrica, sostuvo que el gobierno tiene que notificar a los interesados (las cuatro familias pehuenches opositoras al proyecto) y a Endesa de la tasación de los terrenos para que la compañía consigne los dineros en el tribunal correspondiente y tomé posesión de ellos, como lo establece el procedimiento legal que está detenido a raíz de la aceptación por parte del gobierno de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diario El Sur domingo 27 de abril de 2003 

 


domingo 27 de abril de 2003

Endesa fijó su postura

El conflicto Ralco, "no da para más"

Fiscal de la compañía afirmó que ellos esperan llegar a un acuerdo, pero advirtió que el tema se debe resolver "en días", porque ya no se puede esperar más.
Carlos Martín agregó que Endesa ha entregado a los pehuenches más de lo que obligatoriamente le corresponde, por lo tanto no aumentará su oferta.

Por Nelson Riffo M.



Si no hay acuerdo con las familias pehuenches "nosotros esperamos que el gobierno cumpla con la legalidad vigente", afirmó el fiscal de Endesa, Carlos Martín, quien ha participado directamente en las negociaciones para obtener las permutas de tierras necesarias para la operación de la central Ralco.

El ejecutivo de la compañía eléctrica, sostuvo que el gobierno tiene que notificar a los interesados (las cuatro familias pehuenches opositoras al proyecto) y a Endesa de la tasación de los terrenos para que la compañía consigne los dineros en el tribunal correspondiente y tomé posesión de ellos, como lo establece el procedimiento legal que está detenido a raíz de la aceptación por parte del gobierno de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

      -El gobierno dice que esto no lo puede hacer porque vulnera un tratado internacional.

      -"El gobierno tiene suficientes antecedentes, a mi juicio, como para considerar que el tema, primero es voluntario, y además hay un mérito de los antecedentes, porque de lo contrario sería bastante simple, sería cosa de ir a tribunales internacionales para que la jurisdicción chilena no sea aplicable".

      -¿Qué sucede si el gobierno insiste en mantener las medidas precautorias si no se llega a acuerdo?

      -"Si el gobierno mantiene esta medida, quiere decir que estaría avalando una condición de montos exagerados de compensación, y evidentemente que Endesa, frente a eso, tendría que recurrir a los organismos judiciales correspondientes para pedir que efectivamente las tasaciones se notifiquen".

      -¿El gobierno estaría cayendo en una ilegalidad?

      -"Aquí hay un tema de mérito, porque el gobierno no está obligado a aceptar la medida precautoria, porque es una rogativa que le hace la Comisión, que la puede aceptar o no. Yo creo que en el fondo el gobierno sabe que el tema no da para más. Pero cuando ya no haya acuerdo, la tendrá que levantar".

      -El abogado Roberto Celedón (representante de las familias pehuenches) dijo que se había abierto "una ventanita" con Endesa el día martes. ¿Cuál es esa ventanita?

      -"Yo no sé cuál es esa ventanita. Yo estuve presente en la reunión del día martes, y nosotros hicimos presente que la intención de Endesa era mantener su oferta (200 millones de pesos más 77 hectáreas para cada familia), en plazos razonables que no van más allás de días. Además hay un esfuerzo importante de Endesa en la zona, como es su plan de asistencia técnica a los afectados y está la Fundación Pehuén".

      -Las familias piden además el 3% de las ventas de Ralco para la futura comuna Pehuenche. ¿Están dispuestos a negociar esto?

      -"Eso es inaudito, insólito y no resiste ningún análisis".

      -¿No están dispuestos a negociar ningún porcentaje?

      -"Nada, nada. Aquí no puede haber terceros que nos digan lo que tenemos que hacer con dineros que le pertenecen a todos los accionistas de Endesa. Nosotros, respecto al Alto Biobío hemos hecho mucho más que cualquier empresa en Chile en relación a indígenas, incluso mucho más que el propio Estado respecto al embalse Puclaro, cuando un pueblo entero fue trasladado".

      -¿Qué ha hecho Endesa?

      -"Nosotros, nos hemos hecho cargo de temas de electrificación, planes de asistencia técnica, beneficiados indirectos, lo que no teníamos porque hacer. Hemos invertido del orden de 20 millones de dólares en 89 familias relocalizadas, además del financiamiento a la Fundación Pehuén. Hoy las comunidades tienen acceso a la educación, hay mejores índices de salud, los caminos han mejorado, etc. Entonces nadie le pueda dar lecciones a Endesa en esta materia y exigir entonces, porcentajes de sus utilidades".

      -En este escenario. ¿Qué le parece la postura que tomó el gobierno, que pudo no aceptar las medidas cautelares y hoy habría otro escenario?

      -"Yo no soy quien para juzgar la política del gobierno. No sé por qué las aceptó, a lo mejor un tema de prudencia, la verdad no sé. Lo que haga el gobierno en la medida que signifique una mayor calidad de vida, fantástico, pero que eso no signifique que Endesa tenga que aumentar su oferta".

      -¿Endesa ha pensado en acciones contra el Estado?

      -"No nos queremos colocar en una situación que el propio gobierno chileno debiera tenerla muy clara, y que tiene que cumplir con el ordenamiento jurídico. Pero si no podemos ejercer nuestros derechos, tenemos que recurrir a la justicia".

      -Eso, ¿podría implicar una acción contra el Estado?.

      -"Si, claro".

     La demanda

      Sin identificar a las familias en forma individual, el fiscal de Endesa precisó las peticiones de cada una, demanda que se encuentra en un documento oficial entregado por los representantes de los indígenas.

  •       Familia 1: 800 hectáreas más $700 millones.
  •       Familia 2: 1.000 hectáreas más $2.000 millones
  •       Familia 3: 450 hectáreas más $1.230 millones.
  •       Familia 4: 300 hectáreas más $1.000 millones.
Esto da en dinero efectivo un total de $4.930 millones de pesos, a lo que se debe sumar el valor por hectárea, que los mismos demandantes fijan entre 1,5 y 2 millones de pesos, lo que sube el valor de la compensación directa a casi 10 mil millones de pesos. A esto se agrega el 10% que se debe pagar a los abogados y sus colaboradores, lo que representa poco más de 900 millones de pesos.

Carlos Martín añadió que es esto lo que piden en compensación por los terrenos de propiedad indígena que se inundarán. Agregó que de las cuatro familias pehuenches, a la más afectada se le inundarán 15 hectáreas.
 
 
 


©2000 todos los derechos reservados para Diario del Sur S.A.


Enlace al artículo original.