La sentencia y el juicio oral que absolvieron a los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín y a la activista Patricia Troncoso será revisada por la Sala Penal de la Corte Suprema, luego que se admitieran los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y el ex ministro Juan Agustín Figueroa, cuya propiedad en la IX Región fue objeto de ataque incendiario. Las presentaciones judiciales fueron planteadas ante la Corte de Apelaciones de Temuco para su eventual vista en la Corte Suprema, resuelta el martes pasado. Diario El Mercurio 5 de Junio de 2003
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5 de Junio de 2003
Recurso de nulidad:
Pascual Pichún Paillanao, Patricia Troncoso Robles y
Aniceto Morín Catrimal, cuyos abogados
presentaron un recurso de nulidad.
Foto:El Mercurio
El Ministerio Público podrá rendir sus pruebas ante la Sala Penal.
La sentencia y el juicio oral que absolvieron a los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín y a la activista Patricia Troncoso será revisada por la Sala Penal de la Corte Suprema, luego que se admitieran los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y el ex ministro Juan Agustín Figueroa, cuya propiedad en la IX Región fue objeto de ataque incendiario.
Las presentaciones judiciales fueron planteadas ante la Corte de Apelaciones de Temuco para su eventual vista en la Corte Suprema, resuelta el martes pasado.
Los argumentos invocados por los recurrentes para lograr la anulación tanto de la sentencia dictada por el tribunal oral de Angol como del juicio oral apuntan a la inadecuada recepción y valoración de las pruebas aportadas.
En el juicio oral declararon 35 de los 69 testigos recopilados por la fiscalía de Traiguén, merma que se atribuyó al temor que se habría infundido a quienes acusen a la coordinadora Arauco-Malleco, a la que pertenecen los tres absueltos.
De los testigos que no comparecieron, 18 son policías, por lo que la Defensoría Penal Pública desestimó en su oportunidad que no hayan concurrido a declarar por temor.
La Corte Suprema admitió nuevamente la prueba ofrecida por los recurrentes, con vistas a establecer los nexos entre los ataques incendiarios en los fundos Nancahue, de propiedad de Figueroa, y San Gregorio y las actividades desarrolladas por la agrupación mapuche, desestimados por el tribunal de Angol.
Los tres activistas estaban imputados por el Ministerio Público por los delitos de amenaza e incendio terrorista. Pero su participación no logró ser acreditada por las pruebas aportadas, lo que causó sorpresa entre los propietarios afectados.
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