Reconociendo a los pueblos indígenas

Mapuches esperan reconocimiento constitucional.

El 3 de julio, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, rechazó el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución Política, el cual ha sido exigido por más de una década por sus organizaciones representativas e incorporado por el Ejecutivo en el paquete de reformas constitucionales enviadas al Congreso.

Dicha Comisión resolvió mantener el texto de su primer informe argumentando que las indicaciones presentadas por los distintos bloques políticos no lograron el apoyo necesario para su aprobación en la sala. Así, la carta fundamental establecería que el Estado "reconoce la diversidad de origen de los chilenos que forman parte de la Nación y declara su especial preocupación por las poblaciones indígenas originarias, a las cuales garantiza su derecho a fortalecer los rasgos escenciales de su identidad".

Los senadores Alberto Espina y Hernán Larraín adelantaron que promoverán una modificación a la Constitución, que permita presentar recursos de protección, a favor de quienes sean discriminados por su condición racial. Ambos parlamentarios no explicitaron a quiénes se busca proteger con esta nueva reforma constitucional, ya que todo hace presumir que, con ella, se buscaría proteger a sectores no indígenas frente a una supuesta discriminación de la que podrían ser objeto por parte del Estado, en el ejercicio de las políticas de discriminación positiva, hacia los pueblos originarios, contempladas en la Ley Indígena 19.253, como es la política del Fondo de Tierras, que administra la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
 

INSTITUTO 
 

Según el Instituto de Estudios Indígenas, la decisión adoptada por la Comisión del Senado resulta preocupante, en el contexto de la discusión generada por senadores de oposición sobre los hechos de violencia ocurridos en la IX Región.

La entidad aseveró que el reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución Política del Estado, es una larga aspiración de los indígenas en Chile. Tal demanda ha sido planteada por las organizaciones representativas de estos pueblos desde fines del gobierno Militar, quedando plasmada en el acuerdo de Nueva Imperial el año 1989 y, en forma muy escueta, en la propuesta enviada hace ya una década al Congreso Nacional por el primer gobierno de la Concertación, en 1991.

Dicho reconocimiento, expresó la organización, constituye un sentido anhelo de mapuches, aymara y rapa nui, entre otros pueblos originarios de Chile.

Según la entidad, este tema tiene que ver con el reconocimiento que los estados están formados no sólo descendientes de colonizadores, sino también por un conjunto de pueblos que preexistían a su creación y que, dichos pueblos, tienen, por su propia naturaleza, un status especial, así como derechos culturales, políticos y territoriales.

"Así lo han entendido casi la totalidad de los estados de la región, los que han consagrado, en las últimas décadas, el reconocimiento de estos pueblos en sus ordenamientos constitucionales. Al menos 15 países de América latina y el Caribe, han reconocido a estos pueblos de distintas maneras y modalidades en sus cartas fundamentales. Junto a este reconocimiento, la mayoría de estos estados además ha incorporado en sus contituciones derechos políticos, territoriales y culturales", expuso el instituto.
 

INTERNACIONAL
 

Según la entidad, así lo ha entendido la comunidad internacional, la cual "hace más de una década sustituyó la terminología de poblaciones -hoy recogida por la Comisión del Senado-, considerando que esta es una categoría puramente demográfica que no da cuenta de la especificidad político-jurídico y cultural de los pueblos indígenas" .

"Es el caso del texto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, el cual revisa la terminología de poblaciones contenida en su convenio anterior (107, de 1957), acogiendo la demanda indígena en esta materia por ser más adecuada a la realidad y responder a una legítima aspiración de los indígenas.

La organización aclaró que se ha generado un temor infundado en quienes sostienen que el reconocimiento de pueblos en la Constitución podría ocasionar una fragmentación del Estado.

"Ello, en primer término por cuanto los pueblos indígenas en Chile, no lo han planteado como una alternativa o aspiración. Tal planteamiento es infundado además, por cuanto el derecho internacional relativo a los pueblos indígenas, limita el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en su ejecicio al interior de los Estados (Artículo 1, 3 Convenio 169 de la OIT), promoviendo en cambio la acción de formas internas para el ejercicio de la autonomía o autogestión (Convenio 169, Proyectos de Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU y OEA en discusión).

Finalmente el Instituto de Estudios Indígenas aseveró que se debe reflexionar sobre la relación existente entre la prolongada negativa del Congreso a avanzar en el reconocimiento jurídico político de los pueblos indígenas y de sus derechos como tales y los hechos de violencia en el sur del país.

"Constatamos con preocupación las situaciones de violencia verificadas en la Araucanía. Sin embargo, a diferencia de lo que se sostiene habitualmente, ellas no sólo afectan a agricultores no indígenas, sino también, de manera importante, a personas y comunidades mapuches que reclaman el reconocimiento de sus derechos, uno de los cuales es la restitución de tierras que en el pasado les pertenecieron y de las cuales fueron despojadas por el Estado.

"Pensamos que efectivamente existe una relación entre ambos hechos . Ello por que creemos que la violencia es el producto de la incapacidad de nuestra sociedad y de sus instituciones para dar cabida a los pueblos indígenas como pueblos diferenciados al interior del país, para conocer los derechos de carácter colectivo que les corresponden, para abordar y dar solución, por la vía pacífica, a sus reivindicaciones históricas".

"Lamentablemente, decisiones como los de la Comisión de Constitución del Senado, hacen presagiar que este escenario de conflicto se mantendrá en La Araucanía, por lo menos hasta que la "Verdad Histórica" sea escuchada y reconocida y, hasta que una nueva relación, basada en el reconocimiento y no en la negación, sea establecida por la sociedad chilena y el Estado.
 

Para obtener mayor información, visite el sitio web del Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de La Frontera, en:

http://www.edu.ufro.cl/iei