Hermanas Quintremán bloquearon paso de comisión. Una dificultosa pero pacífica visita cumplió en el Alto Biobío la comisión que debe tasar predios de la zona, el último paso antes de la inundación de tierras para la central hidroeléctrica. Los opositores a la represa advierten que recurrirán incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Mostrador, 18 de octubre de 2002
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18 de Octubre del 2002 |
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Ralco y tasación de 'hombres buenos': Ambos bandos mostraron sus cartas
Una dificultosa pero pacífica visita cumplió en el Alto Biobío la comisión que debe tasar predios de la zona, el último paso antes de la inundación de tierras para la central hidroeléctrica. Los opositores a la represa advierten que recurrirán incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. |
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comisión, formada por el abogado Kenny Velásquez Buitano, el ingeniero agrónomo
Dick Bartelsman Koke y el ingeniero civil Humberto Sepúlveda Vergara, tiene
por objeto fijar las indemnizaciones que pagará Endesa en el marco de las
servidumbres impuestas a 28 predios en el Alto Biobío, entre ellos los emblemáticos
terrenos de las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán. Los tasadores llegaron a la zona, pero el martes se vieron bloqueados de acceder al alto Bío-Bío, donde se encuentran los predios de las hermanas, las más férreas opositoras a la represa. Les impidieron el acceso y les entregaron una carta en la que les piden que renuncien a su labor. El abogado de las habitantes pehuenches, Roberto Celedón, indicó que estudian nuevas acciones para impedir que las familias, cuyos terrenos deben ser tasados, sean obligadas a abandonarlos: entre ellas consideran recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En todo caso, fuentes gubernamentales indicaron que habían sido ya visitados una veintena de los predios a expropiar para la materialización de la represa, correspondientes a propietarios no pehuenches. Sólo falta la apreciación en terreno, por la comisión de tasadores, de las propiedades de los casi 10 comuneros pehuenches del alto Bío-Bío. Lo que se llevó a cabo en la zona fue el cumplimiento del trámite de la denominada audiencia a los afectados con la futura expropiación, contemplada en la ley como parte del proceso de tasación de los bienes, y que tiene por finalidad otorgarle a éstos la posibilidad para que puedan plantear sus posiciones. Para cumplir con los últimos trámites previos a la asignación de valor a los predios a expropiarse, por parte de los tasadores, sólo resta que éstos accedan físicamente, de alguna manera, hasta dichas propiedades, para poder observarlas y apreciarlas personalmente. Se especula que, para evitar enfrentamientos con los pehuenches, los denominados hombres buenos podrían mirar los predios con el auxilio de un helicóptero. Así, según esta interpretación, el procedimiento de tasación estaría siguiendo su curso, normalmente. La instancia fue solicitada por Endesa en el marco de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificada en 1982. La avaluación y el correspondiente comprobante de la cancelación del monto "a la orden del propietario" -incluso si éste se niega a cobrarlo- habilita a los interesados para pedir al Juez de Letras de Mayor Cuantía que los ponga "en posesión material de los terrenos". El primer calendario de visitas de los hombres buenos a la conflictiva región estuvo previsto para el 4 de octubre pasado. No obstante, tal como informó El Mostrador.cl, las manifestaciones convocadas por habitantes de la zona y opositores a la central hicieron retrasar su puesta en práctica. Mientras tanto, la construcción de la central hidroeléctrica recibió en estos días un nuevo espaldarazo del Presidente Ricardo Lagos, quien eligió la ceremonia para conmemorar la ley Indígena, el 12 de octubre, para afirmar que "decir no a Ralco es decir sí al alza de electricidad". Informes de Carabineros y de Investigaciones Antes de la postergación de la primera visita de los tasadores, existían prevenciones sobre posibles manifestaciones, las que eran conocidas por la gobernación provincial del Biobío, las cuales constan en informes reservados al que tuvo acceso este medio. Fueron elaboradas por Carabineros y por Investigaciones. El informe de Carabineros, elaborado el 12 de septiembre pasado, consigna la realización de la marcha "por la justicia del territorio y la dignidad pehuenche", que finalizó el sábado pasado en Concepción. El documento de Investigaciones incluso imputa al dirigente Lincoyán Painemal Morales, uno de los participantes en la protesta, la supuesta condición de "coordinador del Partido Comunista de Chile en la Provincia del Biobío". También menciona el incidente ocurrido en julio pasado entre la comunidad de Cauñicu e integrantes de ella que ocuparon el fundo San Luis, en el Alto Biobío, que terminó con la muerte de dos personas. El caso es investigado por el magistrado Manuel Salgado, titular del Juzgado de Letras de Santa Bárbara. Según el informe policial reservado, el incidente derivaría en la posibilidad de nuevos enfrentamientos en la zona de Alto Biobío. Representantes de la comunidad pehuenche Kayaki y la Coordinadora de Fuerzas por el Alto Biobío habían denunciado en julio pasado, en cambio, que en las muertes intervinieron colonos no mapuches y afirmaron que la atribución del incidente a una "riña familiar" buscaba "bajarle el perfil ante la opinión pública y así ocultar una vez más la represión de la cual es víctima el pueblo mapuche-pewenche en el proceso de recuperación de tierras" en la zona. |
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