Mientras en los tribunales se debate la suerte de la cúpula de la Coordinadora Arauco Malleco -el grupo más radical del mundo mapuche- coincidentemente un informe de la Comisión Contra la Tortura sugirió proteger y ayudar a las etnias, grupos que han sido eternamente postergados y que conocen de discriminación, estimagtización y otras formas de tortura.Bajo el título "Rabia antigua", la Comisión plantea que "este pueblo se siente defraudado de acudir a la justicia por tantos años sin resultado alguno, y por ello decidió exigir sus derechos en forma directa y pasó así a recuperar territorios que preteritamente fueron suyos, además del hecho de que en muchos casos esta les pertenencía, incluso está acreditada por títulos de merced, concedidos por el Estado en las postrimerías de la mal llamada 'Pacificación de la Araucanía' (en 1881, 71 años después de los albores de la República), mediante la cual Chile exterminó un gran porcentaje (cerca del 80 %) de la población indígena y anexó militarmente los territorios de Bío Bío al sur, otrora dominados por el pueblo mapuche, tal como fueron reconocidos por la corona española, en tiempos de la colonia, en 28 tratados internacionales, que signaron al río Bío Bío como la frontera natural con el pueblo mapuche (último parlamento fue en Negrete, en 1803)". PrimeraLínea. Miércoles, 11 de Diciembre de 2002
Transcribimos artículo aparecido hoy Miércoles 11 de Diciembre
en el diario electónico "Primera Linea"
Quinto Informe de la Comisión contra la Tortura : "Rabia antigua"Las torturas que afectan al pueblo mapuche
Desmenuzando históricamente cada uno de los elementos que han gatillado el conflicto mapuche en el sur del país, el V Informe la Comisión Contra la Tortura alertó sobre la necesidad de poner un alto a los hechos de violencia que afectan a la etnia.Fuente: PrimeraLínea
Miércoles, 11 de Diciembre de 2002Mientras en los tribunales se debate la suerte de la cúpula de la Coordinadora Arauco Malleco -el grupo más radical del mundo mapuche- coincidentemente un informe de la Comisión Contra la Tortura sugirió proteger y ayudar a las etnias, grupos que han sido eternamente postergados y que conocen de discriminación, estimagtización y otras formas de tortura.
Bajo el título "Rabia antigua", la Comisión plantea que "este pueblo se siente defraudado de acudir a la justicia por tantos años sin resultado alguno, y por ello decidió exigir sus derechos en forma directa y pasó así a recuperar territorios que preteritamente fueron suyos, además del hecho de que en muchos casos esta les pertenencía, incluso está acreditada por títulos de merced, concedidos por el Estado en las postrimerías de la mal llamada 'Pacificación de la Araucanía' (en 1881, 71 años después de los albores de la República), mediante la cual Chile exterminó un gran porcentaje (cerca del 80 %) de la población indígena y anexó militarmente los territorios de Bío Bío al sur, otrora dominados por el pueblo mapuche, tal como fueron reconocidos por la corona española, en tiempos de la colonia, en 28 tratados internacionales, que signaron al río Bío Bío como la frontera natural con el pueblo mapuche (último parlamento fue en Negrete, en 1803)".
El análisis enumera que en el norte la mayoría de los conflictos surgen de los derechos de agua, garantías que pertenecen -según el estudio- al pueblo Aymara "y que hoy son disputados a empresas mineras en la región, que pretenden utilizar (con venia gubernamental) las escasas aguas para el relave de sus productos". En el sur las disputas se centran en los litigios con empresas forestales; hidroeléctricas como Ralco de Endesa; la construcción de carreteras como Costera Sur, que corta parte de los predios; la expansión del sector pesquero y acuícola en territorio mapuche lafkenche y mapuche huilliche; y el funcionamiento de vertederos en tierras de familias o comunidades indígenas.
Conscientes de su situación, la Comisión comparte la bandera de lucha de las comunidades "por recuperar sus pertenencias y paralizar las explotaciones y obras que se realizan en su territorio". Se explica que este tipo de actos no significa promover la violencia, sino que defender lo que legalmente es suyo y que por años ha sido usurpado, en una nueva manifestación de violación a los derechos humanos.
La violencia ejercida institucionalmente
El estudio también recuerda las palabras de dirigentes mapuches que han planteado que "Carabineros de Chile tortura física y sicológicamente a las comunidades, reforzando la violencia ya ejercida por los guardias privados de las forestales. Nuestro pueblo es golpeado. Se habla de violencia, pero se olvida que la violencia la comenzó el Estado y que las comunidades solamente se defienden de la represión policial. El Estado es responsable de la opresión que durante siglos ha sufrido nuestro pueblo y debe responder por ello".
La falta de neutralidad que denuncian los dirigentes se suma a la larga historia de expropiaciones de terrenos. No pasa por alto que en 1540, previo a la llegada de los españoles, los mapuches poseían 31 millones de hectáreas. Cien años después la cifra descendió a diez millones de hectáreas y 200 años más tarde -1881-apenas tenían 526 mil hectáreas. En 1979 apenas llegaban a las 350 mil hectáreas y, en 1994, a 300 mil, según un informe internacional.
En la actualidad los análisis oficiales hablan que existen 3,6 hectáreas por familia, terreno mínimo si se considera que las familias étnicas son numerosas y subsisten del trabajo de la tierra.
La escasez de predios cultivables ha incidido en que las familias mapuches vivan en la extrema pobreza y deban abandonar sus tradiciones y convertirse para poder sobrevivir, constituyendo un nuevo ejemplo de violación a los derechos humanos. "Menos de cuatro hectáreas por familia no producen lo suficiente para la alimentación familiar y no abrigan la esperanza de familias nucleares extensas, lo que ha incidido fuertemente en la emigración a la ciudad. Ya en 1992 el 80% de la población mapuche, más de 736 mil personas, habitaba en zonas urbanas marginales y en regiones fuera de sus territorios originarios, sin contar los menores no censados".
Con dos mil comunidades indígenas en el territorio nacional, las estadísticas de la Comisión hablan nada menos de cerca de un centenar en conflicto. La misma Conadi admite que las demandas totales se elevan a 200 mil hectáreas, aunque sostienen que la entrega de terrenos puede cumplir estos requerimientos.
Ante la evidente carestía que viven las comunidades, el informe plantea que "los gobiernos concertacionistas, bajo una óptica casi exclusivamente policial, amenazan con declarar zonas de emergencia y aplicar estados de excepción (ley de Seguridad Interior o antiterrorista). Son habituales frases como fundo tomado, fundo desalojado o no aceptaremos que se violente el estado de derecho en la región. La Conadi gestiona soluciones no efectivas o de parche, pues ofrece la compra de algunos de los sitios en litigio -imposibilitada incluso por sus escasos recursos- pero siempre bajo el paradigma de la asimilación cultural de los mapuches y en muchos casos, como en Ralco, se pone de lado de la empresa privada para facilitar el camino de la realización del mega proyecto".
La era de los tribunales
En línea paralela, se recuerda que el establecimiento de la Reforma Procesal Penal en la zona, y especialmente la creación de la Defensoría Penal Pública Mapuche, no ha sido la tabla de salvación para las etnias. Estudios de la misma entidad, citados por la Comisión, sostienen que entre diciembre de 2000 y noviembre de 2001 de un total de tres mil 492 imputados atendidos, 835 eran mapuches.
De estas cifras llama la atención que gran parte de estos ilícitos surgen en medio de actividades de "defensa de los derechos indígenas". En efecto, a agosto de 2002 el total de imputados mapuches por este tipo de acciones alcanzaba a 91 personas. "Los delitos que se les imputan por estas acciones son asociación ilícita (35 casos), atentado y desacato a la autoridad (14), secuestro calificado (11), robo (10 casos), incendio (9), usurpación (5), hurto (3), tumulto y desordenes (2), daños calificados (1) y exacción ilegal (1). En cuanto a su situación procesal, el 88% se encuentra en libertad con medidas cautelares, el 10% se encuentra con prisión preventiva, y el 2 % libre con medida cautelar de arresto domiciliario. Ello significa que el 12% de los imputados mapuches tiene medidas privativas de libertad".
Los casos pendientes
La Comisión Contra la Tortura dice que no se puede ignorar la seguidilla de sucesos violentos en que las víctimas olvidadas son los representantes de la etnia mayoritaria del país. Un estudio recogido de la comunidad Konapewman detalla los hitos más violentos.Enero 2001: La policía hiere a quemarropa a la niña Mapuche Daniela Ñancupil, 12 años, con 7 balines en su cuerpo en medio de un operativo en Temuco, IX región;
Febrero 2001: Abraham Santi Calbullanca pierde un ojo como resultado de un balín disparado por carabineros en un operativo policial en Lleu Lleu, VIII región.
Febrero 2001: Cuatro mapuches de la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla en la IX región, resultan heridos con balines en el desalojo de un fundo forestal.
Abril 2001: La policía de investigaciones balea a quemarropa a cuatro Mapuche, en plena calle de Tirúa, VIII región, en las proximidades de una escuela Pública.
Abril 2001: José Zurita Liempi, es herido con balines en medio de un operativo policial en Galvarino, IX Región.
Junio 2001: Latifundistas y empresarios agrícolas de la IX región amenazan públicamente con el uso de armas en contra de Mapuche argumentando autodefensa por los conflictos de tierras.
Diciembre de 2001: Se produce un incendio forestal de pino insigne de 15 años de edad, en el fundo Nancahue, de propiedad de Juan Agustín Figueroa Yavar, ubicado en la comuna de Traiguén. Se procesa a Segundo Aniceto Norin Catriman y Pascual Pichun Collonao, sin que existan pruebas concretas de los hechos de violencia que se les imputan.
Marzo 2002: Denuncian a través de los diarios la creación de un grupo paramilitar autodenominado "Hernán Trizano", cuya finalidad sería ejecutar represalias con Mapuche.
Marzo 2002: La justicia chilena acogió aplicar Ley Antiterrorista solicitada por el gobierno en el Alto Bío Bío, VIII región, argumentando el carácter reiterado de hechos de violencia en torno al conflicto de la represa Ralco.
Abril 2002: Intento de secuestro por desconocidos en contra de la dirigente Huilliche Sara Imilmaqui, opositora a la represa Ralco.
Agosto 2002: Retención en dos oportunidades y amenazas a Daniela Ñancupil, la niña que fue baleada en enero del año anterior por carabineros. Su abogado defensor, Jaime Madariaga, sufrió un ataque incendiario e intencional de su camioneta.
Noviembre 2002: El líder mapuche Víctor Ancalaf Llaupe, dirigente de las Comunidades en conflictos territoriales de Collipulli y ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, fue violentamente detenido por carabineros vestidos de civil.
7 de noviembre 2002: Edmundo Alex Lemun Saavedra de 17 años recibe el impacto de bala en la frente, en su cavidad cerebral, en un confuso incidente entre carabineros y comuneros Mapuche que se movilizaban en el Fundo Santa Elisa, en las proximidades de Angol. Mientras Carabineros negó haber utilizado balas, cuestión que luego fue desmentida por los peritajes balísticos, la familia insiste en que fue acribillado.
Mención aparte merece el caso del Alto Biobío, donde cerca de tres mil 600 hectáreas serían inundadas por una mega central hidroeléctrica Ralco. En otra línea se encuentra el conflicto de Boyeco, donde una familia enfrenta la creación de un relleno sanitario cerca de su propiedad, por lo cual alistan una demanda civil contra el municipio de Temuco y la empresa administradora del recinto.
