Un nuevo frente abrió el conflicto mapuche en el marco de la reforma procesa penal. El Colegio de Abogados y la Defensoría Nacional manifestaron su preocupación por las facultades que otorga la reforma para adoptar medidas que podrían lesionar los derechos de los imputados y de los propios abogados, como lo es la intervención telefónica. La semana pasada el tribunal de garantía de Temuco, que lleva la causa contra la Coordinadora Arauco Malleco, cuyos miembros han sido acusados de asociación ilícita terrorista, en una audiencia secreta, acogió una petición de los fiscales de intervenir una cantidad no conocida de teléfonos. El Mercurio 28 de diciembre de 2002

28 de Diciembre de 2002

La medida se adoptó en el marco de la reforma procesal penal, y eventuales irregularidades deberán ser investigadas por un fiscal.

Un nuevo frente abrió el conflicto mapuche en el marco de la reforma procesa penal. El Colegio de Abogados y la Defensoría Nacional manifestaron su preocupación por las facultades que otorga la reforma para adoptar medidas que podrían lesionar los derechos de los imputados y de los propios abogados, como lo es la intervención telefónica.

La semana pasada el tribunal de garantía de Temuco, que lleva la causa contra la Coordinadora Arauco Malleco, cuyos miembros han sido acusados de asociación ilícita terrorista, en una audiencia secreta, acogió una petición de los fiscales de intervenir una cantidad no conocida de teléfonos.

Esta audiencia se realizó sin la asistencia de defensores.

El sábado se supo que entre los teléfonos intervenidos estaba el del abogado Pablo Ortega, defensor de algunos mapuches imputados, y el de una asistente social que presta asesorías en la defensoría penal de la IX Región.

Los profesionales recurrieron al tribunal, el que levantó de inmediato la medida.

El punto de fondo está en que la reforma procesal permite la intervención telefónica, en el marco de la Ley Antiterrorista y de la Ley de Drogas, pero establece de manera muy clara que no se pueden intervenir los teléfonos de abogados a menos que haya razones estrictamente fundadas.

Sin embargo, en la defensoría existe la sospecha de que los fiscales entregaron los nombres de las personas a las que había que intervenir, pero no informaron que se trataba de abogados, y la jueza de garantía, María Elena Llanos, acogió la solicitud sin contar con este antecedente.

También la defensoría señaló que tenía sospechas de la intervención de otros teléfonos de funcionarios de esa repartición, lo que incluso se habría realizado sin orden judicial. Por ello, se determinó realizar una revisión de todos los teléfonos de los funcionarios.

Estas versiones fueron desvirtuadas por la Fiscalía Nacional.

Ayer, la magistrada acogió a tramitación una querella presentada por los abogados Jaime Madariaga, Rodrigo Lillo y Hugo Gutiérrez, contra los fiscales del Ministerio Público que resulten responsables de la intervención del teléfono del abogado Ortega.

En la misma presentación, los tres profesionales solicitaron la designación de un fiscal regional, nombrado por Guillermo Piedrabuena.

Jaime Madariaga anunció que también pidieron la nulidad de las actuaciones judiciales ocurridas desde el 6 de diciembre, fecha de la formalización.

Esto, porque no se respetaron las normas del debido proceso que garantiza el derecho del imputado a tener comunicación privada con su abogado.

Claudio Pavlic, Defensor Regional de la IX Región de la Araucanía, manifestó su preocupación por lo ocurrido por su implicancia en el derecho a la defensa.

Insistió en la necesidad de conocer los fundamentos de la medida adoptada en la audiencia secreta de la semana pasada.

El defensor recordó que el conceder la intervención telefónica de un abogado está sumamente restringida en la ley y debe ser fundada en sospechas claras de que el profesional esté cometiendo un delito.

"Mientras no tengamos acceso a esa parte de la audiencia, no sabemos si el juez supo que se trataba de un abogado o no", dijo.

Sin embargo, Alberto Ayala, Fiscal Nacional subrogante, aseguró que cuando se solicitó la intervención telefónica, ésta fue fundada.

Agregó que lo que corresponde ahora es que se designe un fiscal regional, quien se encargue de investigar y determine si realmente existió una irregularidad.

Esta nominación se hará en los próximos días, una vez que sean notificados de la querella.

JUEZ Y PARTE

INVESTIGACIÓN: Pese a que son los fiscales los cuestionados, uno de sus superiores llevará la investigación.

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