Dura respuesta de Insulza a Silva por tema mapuche

"La afirmación de Silva Cimma no tiene fundamentos en hechos acreditados y entra en clara contradicción con la labor desplegada por el gobierno, tribunales y Carabineros", respondió el ministro del Interior al informe que el senador designado presentó al Senado, en el que señala que no rige el estado de derecho en las regiones VIII y IX. Uno de los más afectados por el conflicto asegura que el gobierno intenta culpar a la justicia.

Una dura respuesta entregó el ministro del Interior, José Miguel Insulza, a las críticas del senador designado Enrique Silva Cimma sobre el manejo del gobierno en el conflicto mapuche.

 El 13 de junio pasado, Silva Cimma aseguró ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, la cual integra, que "el Estado se está haciendo acreedor de responsabilidad extracontractual por falta de servicio, por la inadecuada garantía del orden público y amparo del imperio de la ley". La exposición molestó al ministro del Mnterior, que se encontraba presente. Su respuesta tardó, pero llegó.

 En nueve páginas, Insulza entrega el detalle del tratamiento policial y judicial que tuvo cada uno de los 14 casos de afectados por atentados o tomas en la VIII y IX Región, que le fueron presentados por la citada comisión presidida por el senador UDI Andrés Chadwick.

 El secretario de Estado critica que sólo uno de los testimonios sea de un mapuche. Sobre las críticas de Silva Cimma, Insulza sostiene que los planteamientos de éste "no tienen fundamentos" y que caen en una "clara contradicción".

 Según el ministro, "el senador don Enrique Silva Cimma concluye (...), sin identificar ninguna situación en particular, que el Estado no está asegurando el orden público ni garantizando el imperio del derecho".

 A continuación agrega que "dicha afirmación no tiene fundamento en hechos acreditados, presentándose una clara contradicción entre lo afirmado por el senador y la labor desplegada por el gobierno, los tribunales de justicia y Carabineros".

 Lo anterior, dice, "por cuanto dichas instituciones han implementado en el ámbito de sus competencias una serie de acciones, ordenando y ejecutando medidas cautelares tendientes a la protección de las personas y sus bienes (...)".

 El documento de Insulza da cuenta de procederes policiales y de justicia, atentados en presencia de Carabineros, varios casos de protección policial y procesos judiciales por ataques.
 
 

Críticas de afectado
Osvaldo Carvajal, dueño de la Hacienda Lleu Lleu en Tirúa, VIII Región -quien ha sido víctima de 20 atentados desde 1994-, aseguró que "el ministro del Interior se lava las manos y con el documento se acerca peligrosamente a tratar de culpar al Poder Judicial por la falta de protección al orden público".

 Carvajal agregó que el ministro "falta a la verdad al descartar que medidas de protección ordenadas por el tribunal no fueron implementadas por la policía. Diez veces sufrí atentados bajo la supuesta protección 'real y efectiva'. A un atentado incendiario avisado fueron tres efectivos a enfrentar a 250 encapuchados. Carabineros arrancó y se me dijo que no podía hacerse más porque se pasaba a descuidar la seguridad ciudadana por un particular".