El fiscal del Ministerio Público Jorge Sandoval formuló cargos en contra de José Nain Pérez y Manuel Santander Solís, por infringir el artículo 268 del Código Penal, que castiga al que ocasione tumulto o exalte al desorden en el despacho de una autoridad o corporación pública hasta el punto de interrumpir o impedir sus actos. El Mostrador, 25 de Septiembre del 2002 

 
El Mostrador  
25 de Septiembre del 2002
En Tribunal de Garantía de Victoria

Dirigentes mapuche enfrentan juicio por desacato y desórdenes


Hoy se llevó a cabo el nuevo juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, en que los fiscales del Ministerio Público de Victoria, Jorge Sandoval y Hector Leiva, formularon cargos en contra de los dirigentes indígenas José Nain y Manuel Santander.

El fiscal del Ministerio Público Jorge Sandoval formuló cargos en contra de José Nain Pérez y Manuel Santander Solís, por infringir el artículo 268 del Código Penal, que castiga al que ocasione tumulto o exalte al desorden en el despacho de una autoridad o corporación pública hasta el punto de interrumpir o impedir sus actos.

El delito tiene una pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados, esto es, desde 61 días a cinco años.

Los hechos que dieron origen a la investigación del fiscal del Ministerio Público Jorge Sandoval ocurrieron en julio del año pasado en el Juzgado de Garantía de Victoria, después de concluir una audiencia de revisión de la prisión preventiva que afectaba a algunos dirigentes de la comunidad Domingo Trangol de Victoria.

Como el Tribunal resolvió mantener la medida cautelar a dichos comuneros, los acusados, junto a un grupo cercano a las treinta personas, se negaron a hacer abandono de la Sala de Audiencias del Tribunal y causaron un tumulto y desórdenes en el despacho del Tribunal, al agolparse en las puertas de acceso de la Sala de audiencias y luego del Tribunal, intentando impedir la salida de la juez y de los fiscales.

Esto impidió que el Tribunal pudiera continuar realizando sus labores habituales y que la mayor parte de su personal, incluida la Juez de Garantía, debieran abandonar las dependencias, protegidos por la policía y por funcionarios de Gendarmería que se encontraban en el lugar. Debieron continuar desarrollando sus funciones, que incluían audiencias programadas con anterioridad, en las dependencias del Juzgado de Letras de esa Comuna.

Durante las casi tres horas que duró la ocupación del lugar por estas personas los imputados permanecían en las celdas del Tribunal, sin poder hacer abandono del mismo, mientras los Gendarmes que los custodiaban eran presionados por estos dirigentes para que los dejaran en libertad.

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