La abogada reiteró sus críticas al Ministerio Público por haber acusado por Ley Antiterrorista a sus defendidos, ya que esto ha significado que como defensa sólo haya tenido acceso a los partes de detención y no a las supuestas pruebas que involucran a los aprehendidos. “Esto implica que en la práctica mis defendidos no tengan defensa. Pese a que estamos en un sistema que se supone sería limpio y expedito como la Reforma Procesal Penal, en este caso mis defendidos han tenido menos derechos que cualquier delincuente, e incluso, menos derechos que personas acusadas por narcotráfico”, afirmó. Añadió que sólo conocerá los motivos de la detención de sus defendidos una vez que se realice la audiencia de control de la detención, la que está prevista para hoy viernes. El Mostrador 06 de diciembre de 2002
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El Mostrador 6 de Diciembre del 2002
Dijo que no ha tenido acceso a las acusaciones
por Bernardita Castillo
Sandra Jelves criticó la figura de asociación ilícita: “Todos mis defendidos pertenecen a comunidades legalmente constituidas y en el caso de la Coordinadora tampoco cabe la asociación ilícita debido a que esta organización, tal como lo dice su nombre, solo coordina a las comunidades legalmente constituidas”.
La abogada de quince de los 24 detenidos en el marco de las diligencia que involucran a miembros y supuestos financistas de la Coordinadora Arauco-Malleco, Sandra Jelves, aseguró que la figura imputada a sus defendidos de “asociación ilícita terrorista” no procede debido a que pertenecen a comunidades legalmente constituidas.
Añadió que hasta donde ella tiene antecedentes sus defendidos son inocentes e insistió que ninguno de ellos actúa como encapuchado.
La abogada reiteró sus críticas al Ministerio Público por haber acusado por Ley Antiterrorista a sus defendidos, ya que esto ha significado que como defensa sólo haya tenido acceso a los partes de detención y no a las supuestas pruebas que involucran a los aprehendidos.
“Esto implica que en la práctica mis defendidos no tengan defensa. Pese a que estamos en un sistema que se supone sería limpio y expedito como la Reforma Procesal Penal, en este caso mis defendidos han tenido menos derechos que cualquier delincuente, e incluso, menos derechos que personas acusadas por narcotráfico”, afirmó.
Añadió que sólo conocerá los motivos de la detención de sus defendidos una vez que se realice la audiencia de control de la detención, la que está prevista para hoy viernes.
No a la asociación ilícita
Respecto de los cargos contra sus defendidos, Jelves aseguró que el cargo de asociación ilícita no procede debido a que los detenidos pertenecen a comunidades legalmente constituidas.
Añadió que la Coordinadora actúa sólo para intercambiar ideas y que no tiene una dirigencia, ni menos una estructura que la asemeje a una asociación ilícita.
“Todos mis defendidos pertenecen a comunidades legalmente constituidas, y en el caso de la Coordinadora tampoco cabe la asociación ilícita debido a que hay que ver cómo se organizan. Esta organización, tal como lo dice su nombre, solo coordina a las comunidades legalmente constituidas”, aseveró.
Agregó que incluso en los registros de la Conadi se puede comprobar que sus defendidos pertenecen a comunidades legalmente constituidas debido a que “legalmente todos tienen peticiones de tierra en la Conadi”.
Jelves también dijo que, en el caso de las ocho armas encontradas, eso no reviste delito, ya que todas se encontraron en territorios de Guillermo Hornung y, además, todas estaban legalmente inscritas a nombre del empresario.
Falta de antecedentes
La abogada también criticó que los antecedentes en contra de sus defendidos se basen exclusivamente en “38 documentos” elaborados por Carabineros.
Aseguró que como defensa “descalifico esa investigación. Sólo tienen –por lo que se sabe- documentos de Carabineros, no hay registros gráficos, ni video, ni nada que compruebe la participación de mis defendidos”.
“La única garantía que tenemos es que es un juez el que tendrá que resolver sobre la base de las pruebas existentes, que son muy pobres, y no el Ministerio Público”, aseveró.
Defensa suma abogados
La Corporación de Derechos del Pueblo (Codepu) anunció que el diputado del PS Alejandro Navarro, y el abogado Hugo Gutiérrez encabezarán la presentación de acciones legales en favor de mapuches afectados por allanamientos y detenciones efectuadas en la Octava y Novena regiones.
A ellos se sumarán los abogados Jaime Madariaga y Rodrigo Lillo, quienes formalizarán hoy viernes ante la Corte de Apelaciones de Temuco la presentación de estas acciones legales, las que estarán también respaldadas por dirigentes y organizaciones mapuches de la zona.
Además, los abogados realizarán un informe para organismos internacionales de derechos humanos.
El Codepu regional anunció que Navarro conversará además sobre estos hechos con autoridades nacionales y regionales para conocer la situación de los detenidos y los antecedentes con los que cuenta el gobierno sobre el tema.
En tanto, Hugo Gutiérrez se reunirá con abogados para revisar la situación que afecta a mapuches procesados actualmente por ley antiterrorista y las denuncias que han efectuado los comuneros “por el accionar arbitrario y abusivo de las Fiscalías del Ministerio Público en contra de miembros del pueblo mapuche”.
El Codepu también señaló que abogados y profesionales de derechos humanos están preocupados por la situación ocurrida estos días y los hechos imputados a mapuches “sobre los cuales no se han entregado antecedentes concretos y las implicancias que ello tiene para la integridad de mapuche y sus comunidades que se han visto afectadas por las investigaciones y operativos policiales”.
También preocupa que estos hechos intenten ocultar responsabilidades en la investigación sobre la muerte joven Edmundo Lemún, quien falleció luego de recibir una bala proveniente de un carabinero.
Detenidos suman querellantes
En tanto, en el gobierno informaron que el alcalde de Temuco, René Saffirio, representando al municipio, se hará parte en la querella presentada por el Ejecutivo en contra de los detenidos.
Además, según fuentes de La Moneda, el gobierno espera que todos los detenidos sean procesados.
En este sentido, dijeron estar confiados en la judicialización de la causa que comienza hoy y esperan, además que se produzcan nuevas detenciones a raíz de lo declarado hasta el momento por los aprehendidos.
Solicitan fiscal exclusivo
El diputado del PPD por la Novena Región, Eugenio Tuma, anunció que solicitará un fiscal con dedicación exclusiva para que investigue la red de apoyo de las organizaciones mapuches más radicalizadas y que han operado en el marco del conflicto y que podrían configurar el delito de asociación ilícita terrorista.
El parlamentario explicó que solicitará, especialmente, que se investigue las vinculaciones del detenido empresario de Collipulli Guillermo Hornung, con el movimiento de ultra derecha de Patria y Libertad.
Tuma agregó que según establece la Reforma Procesal Penal, la investigación podría incluso, por la gravedad de los hechos, caer en manos de la fiscal regional del Ministerio Público.
Según dijo, “diversas agrupaciones mapuches han solicitado públicamente en los últimos días que la Coordinadora Arauco-Malleco aclare esta situación (el supuesto financiamiento de Hornung), sin obtener respuesta, manifestando sus justas aprensiones frente a tenebrosas y siniestras alianzas que lo único que hacen es desprestigiar las demandas políticas y territoriales de las comunidades mapuches”.
Consultado por las supuestas razones por las cuales grupos extremistas estarían apoyando la violencia, Tuma dijo que existen varias hipótesis “entre ellas el intento de desestabilizar económica y políticamente a la zona –y con ello al gobierno- creando un clima de terror y vulnerabilidad en los habitantes de la región”.
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