La violencia en la zona de la Araucanía continuó ayer cuando individuos con escopetas atacaron al administrador de un predio e incendiaron bosques de pinos en los fundos San Jorge y Trabunquillén, distantes a ocho y 12 kilómetros de Galvarino. Las tierras, de 460 y 240 hectáreas, respectivamente, pertenecen al agricultor Julián Lemp. Lemp acusó del atentado a mapuches violentistas de la comunidad Triftrifco, integrante de la agrupación Consejo de Todas las Tierras. Sin embargo, nadie se ha responsabilizado del ataque. Mercurio, 15 de diciembre de 2001
Violentistas lanzan otro ataque a fundos
La violencia en la zona de la Araucanía continuó ayer cuando individuos con escopetas atacaron al administrador de un predio e incendiaron bosques de pinos en los fundos San Jorge y Trabunquillén, distantes a ocho y 12 kilómetros de Galvarino. Las tierras, de 460 y 240 hectáreas, respectivamente, pertenecen al agricultor Julián Lemp.Este hecho se suma al ataque perpetrado en la madrugada del jueves por otro grupo de violentistas, que incendió y redujo a escombros la casa de administración del fundo Nancahue, en las cercanías de Traiguén, del ex ministro Juan Agustín Figueroa.
El administrador del fundo San Jorge fue atacado con disparos, pero salvó ileso. Los perdigones impactaron en su caballo. En el fundo Trabunquillén el fuego consumió 20 hectáreas de pino en condiciones de ser explotadas. Su valor comercial era de 5 millones de pesos la hectárea. Lemp dijo que en tres atentados anteriores han sido quemadas otras 40 hectáreas, por lo que las pérdidas ocasionadas bordean los 300 millones de pesos. Acusó del atentado a mapuches violentistas de la comunidad Triftrifco, integrante de la agrupación Consejo de Todas las Tierras. Sin embargo, nadie se ha responsabilizado del ataque.
A un año de la aplicación de la Reforma Procesal Penal en la Novena Región, la fiscalía instruye 55 causas contra mapuches, aunque ninguna está terminada y no hay condenados. Sólo existen 31 imputados, es decir, sospechosos de cometer actos ilícitos.
Las causas son por homicidios frustrados, lesiones leves, incendios, daños, hurtos y robos de madera y usurpaciones de tierras. En ninguna de ellas se ha solicitado la aplicación de la ley antiterrorista.
No obstante, la ministra de Planificación, Alejandra Krauss, coincidió ayer con el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, en que se aplique dicha ley si se comprueba la asociación ilícita en los últimos atentados registrados en la zona de la Araucanía. Zaldívar demandó mayor severidad, luego del atentado contra la propiedad de Figueroa.
Alejandra Krauss sostuvo que el Gobierno
no tiene una estrategia especial para enfrentar la violencia generada por
grupos mapuches porque esa materia les corresponde a los tribunales.
