El ministro Eliseo Araya Araya, instructor del requerimiento por Ley de Seguridad del Estado presentado por el gobierno a raíz de hechos ocurridos en Lleu-Lleu hace casi dos meses, ordenó ayer la detención de tres comuneros mapuches, inculpados de infringir la cuestionada norma legal. La decisión del alto magistrado fue adoptada pasadas las 14 horas de ayer, tras interrogar a Avelino y Luis Meñaco, así como a Roberto Leiva. Los tres indígenas, miembros de la Comunidad Pascual Coña, fueron trasladados a la cárcel El Manzano por resolución del juez Araya. El Sur, 21 de marzo de 2001
Hechos de Lleu Lleu
Tres mapuches detenidos
por Ley de Seguridad
- Situación procesal de Roberto Leiva, Avelino y Luis Meñaco será decidida en un plazo de 5 días, dijo magistrado Eliseo Araya.
La decisión del alto magistrado fue adoptada pasadas las 14 horas de ayer, tras interrogar a Avelino y Luis Meñaco, así como a Roberto Leiva. Los tres indígenas, miembros de la Comunidad Pascual Coña, fueron trasladados a la cárcel El Manzano por resolución del juez Araya.
A la salida del despacho del ministro instructor Luis Meñaco aseguró que él y sus compañeros eran inocentes de los cargos de que se les acusa, sosteniendo que fueron fuerzas de Carabineros las que ingresaron a la casa de su padre Avelino para provocar a la comunidad.
Cerca de las 15 horas, en tanto, abandonó el Edificio de Tribunales el magistrado Araya, quien explicó que los Meñaco y Leiva estaban en calidad de detenidos. ''Su situación procesal será decidida dentro de cinco días'', precisó el miembro de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Consultado por los motivos que lo llevaron a decretar la aprehensión de los mapuches, el ministro Araya explicó que en el expediente existían antecedentes sobre la violación del título tercero de la Ley 12.927 de Seguridad del Estado sobre delitos contra el orden público.
Precisó que se trata más específicamente de las letras a y c de la norma, que sanciona a quienes provoquen desórdenes o cualquier otro acto de violencia que alteren la tranquilidad pública y a quienes inciten, mediante la destrucción de instalaciones o maquinaria, la paralización del trabajo en servicios públicos o de actividades industriales.
Trascendió que hoy podrían ser puestos a disposición del juez Araya otros dos indígenas requeridos por el Ejecutivo. El abogado de los comuneros, Pablo Ortega, adelantó que estudiará las acciones a seguir.
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