Disculpas públicas ofreció ayer el subdirector operativo de la Policía de Investigaciones, José Sotomayor, por los errores cometidos en procedimientos policiales relativos al conflicto mapuche que han derivado en personas heridas. El más grave de éstos se registró el martes 15 de mayo en Tirúa, donde cuatro indígenas fueron baleados. Sotomayor señaló que "reconocemos que en momentos determinados hemos tenido procedimientos con errores, por lo que pedimos perdón a ellos (los mapuches) por esas situaciones que, ojalá, no se vuelvan a repetir en el futuro". La Tercera en Internet, 12 de agosto de 2001
No considera diferenciación
étnica
Mapuches intentan modificar la reforma procesal penal
- El vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman, sostuvo que ''no buscamos eximir penalmente a los mapuches que delinquen''.
Llama la atención el grado de organización y resolución para atacar a quienes pretendieron entrar al fundo El Romeral que presentan los mapuches de la coordinadora Arauco-Malleco. Los indígenas, con sus rostros cubiertos con pasamontañas, resistieron la intervención policial con bombas incendiarias -tipo molotov-, boleadoras y herramientas agrícolas, y además, entorpecieron el camino talando árboles de pino y eucaliptos.
En entrevista con EL SUR, Aucan Huilcaman indicó que, si bien ''las comunidades han sido usurpadas de sus tierras en términos materiales, éstas nunca se han sentido despojadas de ese derecho que, por siglos, tienen sobre las tierras''. De ahí que los mapuches se organicen para reivindicar ese derecho histórico.
El werkén sostiene que las causas de ocupación ilegal de tierras deben ser tratadas en base a una medida distinta, ya que hay un principio cultural que se debe compatibilizar con la ley vigente como ocurre con las comunidades de Domingo Trangol, Cullinque, Chipchilco, Cullinco y Marancha Rincón que están siendo tratadas desde el principio de la legalidad.
Sin embargo, rechaza los actos delictuales cometidos por algunos indígenas, como la coordinadora Malleco-Arauco, y, por ende, manifiesta su convicción de que dichos actos se deben juzgar como corresponden.
-¿Qué opina sobre la respuesta del Ministerio Público respecto a que la reforma procesal penal se debe aplicar a todos los chilenos sin hacer distinción?
-Eso es totalmente contradictorio a lo que reconoció el miércoles el defensor nacional, Alex Caroca, quien afirmó que nunca tuvieron en mente que la reforma procesal penal pudiera afectar al pueblo mapuche de esta manera. Asimismo, el defensor reconoció que la normativa posee un vacío enorme y que merece rectificarse, por ello asumió un compromiso con los destinatarios de esta reforma que es el pueblo mapuche y establecer un régimen especial.
-¿Y en qué consiste este régimen especial?
-Este debe incluir el concepto de justicia de la cultura mapuche. La idea es garantizar un debido proceso a nuestros hermanos y acceso a la justicia, porque hasta el momento hemos visto denegación de justicia en muchos de los casos de la región nuestra. En definitiva, se debe incluir un mecanismo que permita resolver los problemas desde el punto de vista de la cultura mapuche.
Encapuchados
-Pero, ¿no considera como delito la estrategia utilizada por los mapuches encapuchados que se tomaron el fundo El Romeral, donde, además, realizaron talas ilegales?
-Creo que sí. Por ello reafirmo que no buscamos eximir de responsabilidad penal a los mapuches, ya que es otro asunto totalmente distinto y no se puede considerar dentro de las acciones de distinción que pedimos se agreguen al sistema judicial. Claramente son delitos, ya sea de una u otra naturaleza.
-En este sentido, ¿cuál es el futuro que vislumbra de esta ocupación?
-Lamentablemente no conozco los antecedentes de esta situación ni siquiera sé quiénes son las personas que participan en esa ocupación.
-Es la coordinadora Arauco-Malleco.
-En ese sentido, creo que los que pertenecen a esa coordinadora deben responder, porque son otra organización y no sería adecuado responder a hechos que desconozco.
-Respecto a la situación penal de los seis mapuches que participaron en el incendio de la hacienda Lleu Lleu en enero pasado, ¿qué opinas sobre la petición de la Intendencia de la Octava Región de condenarlos a cinco años de cárcel?
-Es una medida muy injusta, porque no están los antecedentes
suficientes para acusar y condenar bajo esos cargos a esas personas debido
a que se ha forzado la ley para tipificar un delito. Por ejemplo, se buscaron
testigos que no conocen el lugar ni la situación y el fiscal utiliza
la figura del testigo sin rostro que no es careado con el imputado para
verificar su testimonio. Entonces se está cometiendo una injusticia
amparada en la Ley de Seguridad Interior del Estado.
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