de doce horas duró ayer la ocupación ilegal de un predio particular cercano a esta ciudad, luego que las autoridades de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), ofrecieran constituir una mesa de diálogo para escuchar sus demandas de tierra a cambio de que éstos desistieran de su acción. El Mercurio, 16 de marzo de 2001
Ocupantes Mapuches Optan por el Diálogo
Indígenas abandonaron pacíficamente
predio particular, ante la mediación de funcionarios de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena.
Iván Fredes, Enrique Peña
TEMUCO (Iván Fredes y Enrique Peña).- Menos de doce horas duró ayer la ocupación ilegal de un predio particular cercano a esta ciudad, luego que las autoridades de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), ofrecieran constituir una mesa de diálogo para escuchar sus demandas de tierra a cambio de que éstos desistieran de su acción.
Los indígenas habían iniciado de madrugada la ocupación del predio de 95 hectáreas, de la agricultora Ester Pritzke, situado en el sector de Licanco, a 12 kilómetros al sur de esta capital regional, para exigir al gobierno la compra y traspaso de 1.600 hectáreas de tierras, entre ellas las del terreno ocupado, y otro de 27 hectáreas de la empresa de Ferrocarriles del Estado.
El dirigente mapuche Luis Tranamil señaló que en la ocupación participaron indígenas de cinco comunidades aledañas que exigen al gobierno la entrega de 20 hectáreas a cada una de las 80 familias que viven en el sector.
Ante la inminencia de su desalojo, al lugar llegó el subdirector de la Conadi Sur, Carlos Vargas, acompañado del jefe del Departamento de Tierras, Patricio Sanzana, quienes mediaron para evitar un conflicto mayor.
Los mapuches se comprometieron a participar en una mesa de trabajo destinada a analizar sus demandas y buscar una solución satisfactoria a través de ese servicio público.
Los ocupantes abandonaron el predio después del mediodía, sin que se produjeran incidentes.
Ordenan Investigación
En tanto, el Juzgado de Letras de Santa Bárbara, provincia de Biobío, tendrá que investigar la denuncia de exhumación ilegal de cuerpos desde un cementerio del sector Quepuca Ralco, en el Alto Biobío, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera el recurso de protección interpuesto por un grupo de pehuenches el pasado viernes.
La acción legal es en contra de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa), además de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la Gobernación de la provincia de Biobío.
Según lo denunciado por los pehuenches, liderados por María Curriao, un grupo de arqueólogos llevado por una empresa contratista de Endesa habría profanado un cementerio ubicado en un terreno que será inundado por la represa de la Central Hidroeléctrica Ralco, lo que constituiría una exhumación ilegal de cuerpos.
