La Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco informó a través de un comunicado de prensa que "pese a la represión impuesta por el Estado chileno a través de las fuerzas policiales y el sistema judicial y pese a la manipulación y engaño sostenido por los organismos y representantes del Gobierno, el día de hoy (ayer), lunes 5 de febrero, las comunidades mapuche en conflicto dieron inicio a una serie de movilizaciones para dar continuidad a nuestro proceso de recuperación de espacios políticos y territoriales". Entre los tipos de acciones que realizarán para cumplir con lo anterior se encuentran el ingreso a predios reivindicados, control de acceso a los mismos y corte de caminos públicos y carreteras. Diario Austral, 6 de febrero de 2001
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Año LXXXV -Nro. 30.700 - Martes 6 de febrero de 2001
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Mapuches amenazan
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La Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco informó a través de un comunicado de prensa que "pese a la represión impuesta por el Estado chileno a través de las fuerzas policiales y el sistema judicial y pese a la manipulación y engaño sostenido por los organismos y representantes del Gobierno, el día de hoy (ayer), lunes 5 de febrero, las comunidades mapuche en conflicto dieron inicio a una serie de movilizaciones para dar continuidad a nuestro proceso de recuperación de espacios políticos y territoriales".
Entre los tipos de acciones que realizarán para cumplir con lo anterior se encuentran el ingreso a predios reivindicados, control de acceso a los mismos y corte de caminos públicos y carreteras.
Asimismo, explicaron que las comunidades que están desarrollando estas acciones son: En Traiguén, Temulemu, Didaico y Pantano (recuperarían tierras en los predios Santa Rosa de Colpi y Chorrillos de propiedad de Forestal Mininco); en Arauco, Puente de Tierra, Tranicura I y II, Quilantahue, Cumillahue, Lleu Lleu Bajo, Pascual Coña, Choque, Rucañanko, Kuyinko y Sara de Lebu.
A su vez, en Collipulli, estarían las comunidades Caillín y Antonio Paillacoy, con apoyo de Temucuicui; en Ercilla, Chequenco; y en Temuco, Nalcahue, Conoco Chico, Llapeleo y Ñenoco.
OCUPACIONES
Entre
las ocupaciones destacan en Collipulli el ingreso de la comunidad Juan
Ailla Varela al fundo Ginebra, de 434 hectáreas, de propiedad de
Pedro Nichelsen, y al fundo Curaco, perteneciente a Mario Galvarini, de
298 hectáreas.
CONTROL TERRITORIAL
La Coordinadora sostuvo además que estas acciones se enmarcan en el objetivo de fortalecer el control territorial en zonas de conflicto, reafirmando la idea de que ya no se trata de comunidades aisladas, sino que de "territorios mapuche en conflicto".
Agregaron que "las comunidades agrupadas en la Coordinadora mantendrán sus movilizaciones para resistir al sistema capitalista que -a través de empresas forestales, energéticas o turísticas- arrinconan día a día a nuestras comunidades con el fin de hacerlas desaparecer".
Finalmente,
declararon que "exigimos la libertad de todos los mapuche injustamente
encarcelados por el Estado chileno, y reiteramos la firme decisión
-como mapuche- de continuar nuestra lucha por territorio y autonomía...
¡Marichiweu! Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco.
Desde Territorio Mapuche, 5 de febrero del 2001".
Se oponen a crédito del BID a Chile
Una llamada Comisión Nacional Provisoria por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de Chile y la Ratificación del Convenio Nº169 de la OIT, envió a Enrique Iglesias, director general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una larga comunicación en la que se refiere al crédito de ese organismo al Gobierno de Chile (que ya fue concedido) para implementar un proyecto de "impulso al desarrollo de las etnias".
La misiva expresa en algunas de sus partes: "Los pueblos indígenas de Chile representan aproximadamente el 10% de la población del país. El problema central que enfrentan, actualmente, dichos pueblos ("etnias" en el lenguaje gubernamental) es la existencia de una política generalizada de discriminación y de negación de derechos que hiere la dignidad de los indígenas, niega y deforma la historia del país, niega, restringe y limita derechos humanos y libertades fundamentales, e impide la participación, en condiciones de igualdad, en la permanente construcción de la democracia".
"En
Chile, actualmente, no son respetados, en particular, nuestros derechos
a recuperar, poseer, controlar, administrar y desarrollar nuestras tierras
y los recursos naturales y espirituales que ellas contienen. Y, al mismo
tiempo, nos es negado el derecho a mantener, recrear, proyectar y transmitir
a las generaciones futuras el conjunto de nuestros respectivos patrimonios
culturales".
PROMESAS
ELECTORALES
"Los gobiernos postdictatoriales, inicialmente a través de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (Cepi) y actualmente con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), han creado un sistema y elaborado una concepción de la "política indígena" donde imperan la mentira, el clientelismo, la corrupción y el paternalismo".
Más adelante explica que hay promesas electorales sin cumplir y que "no hay ninguna disposición constitucional que reconozca la existencia jurídica, física y cultural de los pueblos indígenas; no ha sido ratificado el Convenio Nº169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); no ha habido cambios en las políticas económica, forestal, minera, de aguas y de agricultura que establezcan diferencias con la dictadura y que favorezcan a los pueblos indígenas; no existe una política educacional que contemple la plurietnicidad del país; no existe una política de apoyo y de estímulo a las creaciones artísticas indígenas".
Además, "no existe una legislación que proteja, de manera efectiva, los lugares y sitios sagrados o ceremoniales de los pueblos indígenas; no existen programas ni políticas que combatan la discriminación; y no existen disposiciones jurídicas que aseguren, de manera real y efectiva, a los pueblos indígenas el goce y ejercicio de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales".
POLITICA FORESTAL
Dice también el comunicado: "La política forestal chilena que fue iniciada por la dictadura y continuada, sin variaciones de fondo, por los gobiernos post-dictatoriales es demostrativa de los atropellos que se cometen contra las comunidades y pequeños campesinos indígenas y contra la biodiversidad del país. Los hechos y las consecuencias con las siguientes:
a) en 1974, con el Decreto Ley Nº701 se reintegra el 75% de los costos de las plantaciones forestales y, en 1979, con el Decreto Ley Nº2565, el porcentaje alcanza al 90%;
b) entre 1974 y 1983 la superficie plantada de bosques artificiales pasa de 400 mil a 1 millón de hectáreas, y, se calcula que entre 1983 y 2000 las "necesidades de tierras" de las compañías forestales han sido entre 18 mil y 21 mil hectáreas anuales;
c) la consecuencia de lo anterior, entre otras cosas, ha significado la concentración de las tierras en manos de las compañías forestales, la pérdidas de tierras comunitarias o individuales indígenas (vía "venta", robo, apropiación o "arriendo"), la destrucción del bosque nativo, la disminución de tierras agrícolas y de pastoreo, la destrucción de biotipos y ecosistemas únicos, la desaparición o disminución peligrosa de algunas especies de la flora y de la fauna nativas, etc".
En otro punto se destaca que "los últimos seis meses las autoridades gubernamentales han desatado la represión contra las comunidades mapuches que reclaman y reivindican tierras, bosques y recursos que les fueron robados por personas privadas o las compañías forestales. Ancianos, mujeres y niños han sido las víctimas privilegiadas de las fuerzas policiales y de las compañías forestales".
"NO HAN CUMPLIDO"
"Es erróneo -dicen- hacer una descripción de la situación indígena en Chile centrándola, únicamente, en una "confrontación" entre algunas comunidades mapuches y las compañías forestales, pues estamos asistiendo al agotamiento de la política de la mentira y de la promesa no cumplida que afecta, con énfasis diferentes, a todos los pueblos indígenas del país. Dicha bancarrota es la expresión lógica de la incapacidad de las autoridades gubernamentales para elaborar políticas y programas que rompan con la discriminación y la injusticia".
"Las autoridades gubernamentales chilenas, en lo que respecta a los pueblos indígenas, no han cumplido, entre otras, con las disposiciones establecidas en:
a) la "Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial", en particular el artículo 5;
b) el "Pacto internacional de derechos civiles y políticos", en particular el artículo 27; y
c) la "Convención sobre los derechos del niño", en particular el artículo 30. Los tres instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citados han sido ratificados por Chile".
"Es sarcástico o -al menos- curioso que la economía que se autodeclara como "la más sólida del continente" mantenga, en las comunidades indígenas, las abyectas y deshumanizadoras condiciones de la extrema pobreza y es sospechoso o -al menos- irónico que esa misma "sólida" economía tenga que solicitar créditos para "impulsar el desarrollo de las etnias" y, sólo en este momento, acordarse de las regiones que tienen población mapuche".
Terminan solicitando, en virtud de los antecedentes aportados, que no se conceda el crédito a Chile.
Firman el comunicado Marcelo Calfuquir, Juan Barra y Adán Alonso Millabur.
Antonio Varas 945 - Temuco - Chile
Teléfono (56 45) 292929
