Representantes de las comunidades de Malla Malla y Trapa Trapa, en el Alto Biobío, llegaron a un acuerdo con el gobierno regional para sentarse en una mesa de diálogo a partir de la próxima semana. Diario El Sur, 2 de marzo de 2001

Abierto camino
Dialogarán gobierno
y pehuenches
Representantes de las comunidades de Malla Malla y Trapa Trapa, en el Alto Biobío, llegaron a un acuerdo con el gobierno regional para sentarse en una mesa de diálogo a partir de la próxima semana.
En un encuentro efectuado el lunes 26 de febrero en la Dirección Provincial de Educación de Los Angeles, se llegó a un acercamiento con la participación del werkén de Trapa Trapa, Félix Tranamil; del lonco de Malla Malla, Segundo Suárez; y del werkén del Consejo de Todas las Tierras, José Naín.
En representación de las autoridades regionales participaron el seremi de Gobierno, Víctor Schuffeneger; el jefe de Gabinete de la Intendencia, Antonio Arriagada; y a última hora se incorporó el director regional de la Conadi, Rubén Quilapi.
El primer encuentro de acercamiento de las partes contará con la presencia del intendente Jaime Tohá, y del director regional de la Conadi y se desarrollará en Concepción el martes o miércoles próximos, según confirmaron fuentes de la Intendencia y José Naín.
Según Naín, la reunión servirá para trabajar en un cronograma para responder a las demandas de las comunidades del Alto Biobío. ''Volvemos a fojas cero después de haber perdido la confianza en las autoridades de gobierno por las demoras en responder a las inquietudes del pueblo pehuenche'', señaló ayer el dirigente mapuche.
La comunidad de Trapa Trapa mantiene una ocupación en el fundo Lengas de Trapa Trapa, en el sector Vega Larga, destinado a veranadas. Esta acción motivó al agricultor Raúl Pérez Serani a interponer una querella por usurpación en los tribunales de Santa Bárbara en 1998, litigio que sigue en etapa de sumario.
En tanto, los pehuenches de Malla Malla aseguraron que mantendrán una toma del fundo Queuco (unas 15 mil hectáreas) cuya propiedad no está aclarada y sobre el que reclaman derechos tanto los comuneros (unas cien familias) como otras 67 familias de descendientes de colonos que, sin embargo, reconocen no tener títulos de propiedad.
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