La acción de especuladores encarece cada vez más la tierra. En 1994 la Conadi compraba a $ 228.283 la hectárea de tierra, en 1998 pagó $ 706.545 en promedio La Tercera en Internet, 3 de junio de 2001

Sucesivas filtraciones sobre eventuales compras de terrenos habrían generado una excesiva especulación de precios
Desorden y presiones facilitan en compra de tierra en Conadi

Según denunciaron funcionarios de la corporación, en ciertos casos se les ha ordenado hacer caso omiso de los procedimientos que por ley se exigen para adquirir tierras, con la intención de no entrabar acuerdos partidistas y compromisos adquiridos en "tiempos de crisis".
 

Lorena Letelier, enviada especial y Freddy Palomera/Temuco

La firma de compromisos "obligados" por temor a levantamientos indígenas ha provocado entredichos entre la ministra Krauss y consejeros de la Corporación, quienes aseguran que se ha privilegiado la solución a los grupos en conflicto, en desmedro de comunidades con urgencia de terrenos.  (Foto: HECTOR FLORES)   Vea la infografía Los 12 pasos obligados para adquirir tierras

 Si bien esta no es la primera vez que la Conadi enfrenta un juicio público a su eficacia, fuentes al interior de la misma aseguran que intereses políticos y demandas particulares de etnias y grupos de presión han entorpecido el desarrollo de la entidad.

 Además, la firma de compromisos "obligados" por la presión de levantamientos indígenas y toma de terrenos de particulares ha provocado una serie de entredichos entre la ministra Krauss y los consejeros de la Corporación, quienes aseguran que se ha privilegiado la solución a los grupos en abierto conflicto, en desmedro de las comunidades que sí tienen urgencia de terrenos.

 De hecho, existen documentos que dan cuenta de instrucciones directas de la ministra para la revisión de casos -en plazos establecidos- en los entrega la posibilidad de adjudicar tierras a determinados grupos indígenas, que coincidentemente han protagonizado incidentes en la zona.

 Ejemplo de ello es un memorándum interno de la Conadi del 24 de mayo de 2000, que trata sobre "las solicitudes de tierras planteadas por Aucán Huilcaman -vocero del Consejo de Todas las Tierras- a la señora ministra Krauss" en el cual se instruye que todas las gestiones, e incluso la determinación del financiamiento, sea tratado directamente por el gabinete de la secretaria de Estado, por sobre las instancias establecidas para ello.

 Según fuentes al interior de la Conadi, existe molestia por el excesivo protagonismo de la titular de Mideplán en tiempo de crisis y que a la larga han provocado un deterioro progresivo de la imagen de Lienlaf quien constantemente es cuestionado por consejeros de este organismo, como Hilario Huirilef. A este, se sumó en las últimas semanas, quien hasta entonces parecía como su "brazo derecho", José Santos Millao, el que sugirió abiertamente y ante la propia ministra Krauss, la remoción de la máxima autoridad.
 
 

Proceso

 Fuentes reconocieron que si bien el cuerpo legal establece la confidencialidad de las negociaciones tanto para terceros como para las propias comunidades demandantes, estos antecedentes trascienden a corredores de propiedades, tasadores y los propios indígenas, lo que provoca la especulación con respecto al valor de los predios que se negocian.

 "La acción de especuladores encarece cada vez más la tierra. En 1994 la Conadi compraba a $ 228.283 la hectárea de tierra, en 1998 pagó $ 706.545 en promedio", se reconoce en el documento que fija la Política de Tierras de la Corporación.

 El documento agrega que cada paso que cumple la solicitud de tierras en la Conadi es revisada por la Fiscalía del organismo, la que entrega sus informes al director nacional -en este caso Edgardo Lienlaf-, quien nuevamente los discute con una comisión integrada por el subdirector de la Corporación, Carlos Vargas, el jefe nacional de Fondo de Tierras y Aguas, Juan Antilén, y el jefe del departamento de Tierras y Aguas de la subdirección sur, Patricio Sanzana.

 Esta comisión decide de acuerdo a los informes de los equipos técnicos del departamento de Tierras y Aguas. Sin embargo, la resolución final no depende exclusivamente de estos datos, ya que según reconocen funcionarios de la entidad, en ciertos casos se les ordena hacer caso omiso al reglamento para no entrabar acuerdos políticos y compromisos adquiridos en "tiempos de crisis".
 
 

Investigación

 Hasta ahora el departamento que está bajo lupa es el Fondo de Tierras y Aguas dependiente de la subdirección sur, dirigido por Patricio Sanzana, unidad que trabaja con abogados, topógrafos e ingenieros agrónomos, entre otros profesionales.

 Por su parte, mañana se realizará un consejo extraordinario para detallar las irregularidades denunciadas
 

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