Pablo Ortega, representante de la Coordinadora Arauco Malleco. Ortega, quien ha defendido a varios de los dirigentes de ese grupo mapuche, denuncia que los organismos vinculados a la nueva justicia procesal penal que se aplica en la Novena Región mantienen a 200 indígenas esperando sentencia, y afirma que los jueces violan el espíritu garantista de esa reforma cuando se trata del conflicto indígena.''Fiscales piensan que siendo más duros serán validados socialmente''"El Gobierno interpreta la ley en forma autoritaria". El Mostrador, 26 de agosto de 2001
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26 de Agosto del 2001
Pablo Ortega, representante
de la Coordinadora Arauco Malleco
Denuncian que Fiscalía aplica 'estrategia
de golpear a comunidades mapuche'
Ortega, quien ha defendido a varios de los dirigentes de ese grupo
mapuche, denuncia que los organismos vinculados a la nueva justicia procesal
penal que se aplica en la Novena Región mantienen a 200 indígenas
esperando sentencia, y afirma que los jueces violan el espíritu
garantista de esa reforma cuando se trata del conflicto indígena.
Desde que en 1997 se produjo el caso de la quema
de camiones en Lumaco, tras el cual se aplicó la ley de seguridad
del estado contra varios comuneros mapuche de la Octava Región,
los Tribunales de Justicia se han convertido en el segundo pilar de la
aproximación del Estado al conflicto indígena, junto con
la millonaria política asistencial gestionada por los gobiernos
de la Concertación.
Ese rol preponderante de la justicia tuvo una compleja arista a partir
de la selección de la Novena Región como uno de los laboratorios
en los cuales se aplicará primero la reforma procesal penal antes
de su extensión al resto del país.
¿Cuál ha sido el efecto de los nuevos procedimientos,
destinados en principio a acelerar la administración de justicia
y aumentar las garantías para los procesados? Una voz vinculada
directamente al desarrollo del experimento es la del abogado Pablo Ortega,
quien representa a varios miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco -la
entidad mapuche a la que se atribuye un rol más duro en el
conflicto-, quien ha llevado procesos ante ambos sistemas procesales, el
antiguo y el nuevo.
El profesional denuncia que a la fecha en las regiones Octava y Novena
cerca de 200 comuneros mapuches aún esperan condena, y hace una
abierta crítica a la manera como la reforma procesal penal ha sido
aplicada en la Región de La Araucanía.
Ortega entrega una visión de la nueva justicia en la cual los
fiscales aparecen como sujetos investidos de poderes tan amplios que difuminan
la premisa de una justicia garantista hacia los procesados, la cual
en los hechos no existiría en el caso de los mapuche.
La visión contraria será dada a conocer la próxima
semana en la voz de integrantes de la propia fiscalía regional.
¿Garantías vulneradas?
“La Reforma en términos teóricos da más garantías
a los procesados, pero en la práctica, al menos en el tema mapuche,
ha significado que esas garantías son vulneradas", advierte Ortega.
"Las fiscalías investigan a las comunidades mapuche y formalizan
en contra de cada uno de los comuneros varios delitos, los que de acuerdo
a nuestro criterio jurídico no se encuentran acreditados, o derechamente
no existen, como es el caso de la asociación ilícita”, añade.
- ¿Cuál es el fondo de esas imputaciones, a su juicio?
"Así, por la vía de imputar delitos los fiscales hacen
un cálculo: por ejemplo, asociación ilícita tiene
como pena cinco años y un día, más el hurto de madera,
que tiene 545, más otro, suman y en su argumentación justifican
10 años para una persona. Con ese antecedente interpelan al magistrado
y le dicen que tal persona tiene que estar presa, porque con 10 años
no tendrá beneficios penitenciarios".
- ¿Cuántos delitos se imputan generalmente a un comunero
procesado?
“La mayoría de los procesos aún están en tramitación.
La única persona que está cumpliendo condena en una causa
terminada es Anibal Salazar Huichacura, quien cumple condena de tres años
y un día en la cárcel de Temuco por un proceso por infracción
a la ley de seguridad del Estado que data de diciembre de 1997. La inmensa
mayoría de los demás casos están en trámite:
la mayoría está en libertad bajo fianza, aunque algunos están
en prisión preventiva”.
- ¿Cuál es el volumen de causas que están pendientes
y cuánta gente está involucrada?
En este último caso, explica Ortega, hay cuatro procesos: uno
que se remonta a 1997, otro iniciado en 1999 que se tramita en la Corte
de Apelaciones de Temuco, otro del año 2000 que se tramita en el
mismo tribunal de alzada, y el último en la Corte de Apelaciones
de Concepción.
- ¿Cuál es el correlato de estos procesos al interior
de las comunidades?
"El objetivo es golpearlos, mantenerlos detenidos el mayor tiempo posible
por la vía de aumentar los cargos, de pedir penas exorbitantes o
alegar en contra de las libertades en las cortes. El objetivo es amedrentarlos
ahora mientras están movilizadas, y no obtener condenas".
- ¿Y en el caso de la Coordinadora?
SIGUE..
"Fiscales piensan que
siendo más duros serán validados socialmente"
- Nuestro análisis es que imputar delitos que no existen y respecto
de los cuales no existen pruebas fehacientes sólo tiene por objeto
justificar las detenciones. Es decir, por la vía de los hechos se
vulnera el espíritu garantista de la ley, que respeta la presunción
de inocencia.
- Como mínimo tres delitos, y en algunos casos dos. En el caso
de Chequenco, por ejemplo, si las consecuencias de este fenómeno
no fueran graves sería para la risa. Comentábamos con los
abogados defensores que (a los fiscales) les faltó ver el índice
del Código Penal para aplicar más delitos. Había comuneros
que estaban acusados de nueve delitos: hurto de trigo, robo de madera,
robo de especies, secuestro, incendio, porte y tenencia de armas. Y no
a una, sino a 11 personas. El que menos delitos tenía encima contaba
con cuatro. De todos ellos, dudo que tengan fundamento para una acusación
en la mayoría.
- Las causas que yo conozco son una parte, tal vez la gran mayoría
de las más connotadas. En los que nosotros manejamos son más
de 100 personas procesadas, es decir perfectamente se puede hablar de 200
personas procesadas en total. Estos procesos están tribunales civiles,
militares y especiales como los formados por la ley de seguridad del Estado.
- Aquí la estrategia es golpear a las comunidades para hacerlas
desistir del proceso de recuperación de tierras en que se encuentran.
Es imposible que estas 200 personas en un momento dado sean detenidas,
porque es un costo político que el Estado no está en condiciones
de pagar y porque los tribunales no se dejarán usar por los gobiernos
de turno para sacarse de encima un problema político y transformarlo
en uno policial.
-Evidentemente la focalización de la represión es hacia
la Coordinadora, pero no solamente hacia ella, sino sobre toda comunidad
que pelea la tenencia de los predios, como las comunidades Domingo Trangol,
en Victoria, o Temucuicui, en Ercilla, que no son de la Coordinadora.
