Denuncias se centran en cobros y pagos de sobornos para "agilizar" compras de predios en la Novena Región. Uno de los casos más graves corresponde a la negociación del fundo Las Vertientes, comuna de Loncoche en la Novena Región, propiedad de Lino Lecaros y cuya venta beneficiaría a la comunidad Lorenzo Calillanca, ubicada en el sector de Ancapulli cerca de Pucón. La Tercera en Internet, 6 de junio de 2001

Denuncias se centran en cobros y pagos de sobornos para "agilizar" compras de predios en la Novena Región
Conadi: las negociaciones que desataron el escándalo en Temuco

Fiscalía investiga la coima ofrecida a la abogada de la Conadi Marianela Bustos, y la solicitud de soborno pedida a la dueña de un funco en Licanco.
 

Lorena Letelier y Fredy Palomera desde Temuco

La interferencia de personas ajenas a la Conadi, pero vinculadas con funcionarios del organismo, son los principales sospechosos de haber ofrecido coimas para apurar las negociaciones por la venta de fundos en favor de comunidades mapuches. En la fotografía, un par de comuneras que ayer concurrieron a la sede de la Conadi en Temuco.  (Foto: IVáN ALVARADO) Consejo de Todas las Tierras protagoniza tomas en Temuco y Santiago Al mediodía de ayer, miembros del Consejo de Todas Las Tierras realizaron dos acciones simultáneas para exigir participación de las organizaciones mapuches en el destino que se dará al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la búsqueda de soluciones al conflicto indígena.  En Santiago, veinte mapuches encabezados por José Naín se tomaron por algunos minutos la sede del BID en Providencia, para que "el Gobierno explique el uso que dará a estos dineros" dijo Nain y agregó que "no queremos que se repita la experiencia de 1992 cuando el aporte donado por Holanda a las comunidades terminaron en Indap". Los mapuches abandonaron la sede con la promesa de ser recibidos más tarde, lo que ocurrió a las 18 horas y participaron miembros del BID, Mideplan y del Consejo.  En tanto en Temuco (ver fotografía), otro grupo encabezado por Manuel Santander (se tomó la Intendencia Regional para solicitar que se constituya una comisión tripartita (Mideplan, el BID y organismos indígenas) que decida los proyectos a impulsar. El grupo fue desalojado por carabineros en horas de la tarde de ayer.  Desde la comisaría de Temuco, Santander señaló que "no confiamos en el uso que darán a estos dineros organismos públicos como Indap o Conaf".   Consejero indígena desmiente acusaciones en su contra El consejero indígena de la Conadi, José Santos Millao, desmintió categóricamente la acusación de Alfonso Raimán, presidente de la asociación mapuche Ñancucheu, de que habría recibido dinero por participar como mediador en transacciones de tierras.  "Es tan falso lo que dicen esos hermanos, que no vale la pena que me rebaje a contestarles", dijo Millao y agregó "en todo caso tengo el respaldo de toda una vida dedicada a luchar por mi pueblo".

 Uno de los casos más graves corresponde a la negociación del fundo Las Vertientes, comuna de Loncoche en la Novena Región, propiedad de Lino Lecaros y cuya venta beneficiaría a la comunidad Lorenzo Calillanca, ubicada en el sector de Ancapulli cerca de Pucón.

 El terreno de cerca de 178 hectáreas de extensión y avaluado en $267 millones obtuvo la aprobación de los equipos técnicos del Fondo de Tierras a un precio de $1,5 millón por hectárea. Sin embargo, el departamento jurídico lo rechazó ya que no existía claridad con respecto a los títulos de propiedad de 17 hectáreas del terreno, aproximadamente.

En vista de este problema, se dio al vendedor un plazo de dos meses para sanear totalmente los títulos de propiedad antes de concretar la transacción.

 Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la denuncia dada a conocer a la Fiscalía se refiere a la "oferta" de una suma superior al millón de pesos que recibió la abogada de la Fiscalía de la Conadi, Marianela Bustos, para que diera el visto bueno a la compra del predio.

 Por este caso, ya habrían declarado cerca de diez personas en calidad de testigos ante la SIP de Carabineros, entre los que se cuenta a Marianela Bustos, la fiscal de la Conadi Andrea Reyes -quien formalizó la denuncia-, el también abogado de Conadi Sergio Oliva y el dueño del predio, entre otros.

Tranaquepe

 Esta se realizó a fines de 1999 en favor de la comunidad Juan Maril y el valor cancelado fue de $1.170 millones, que da una suma superior a los tres millones de pesos por hectárea.

 Según las denuncias, en la venta de este predio habrían existido presiones de personas externas a la Conadi.

 Cercanos a la investigación aseguraron que en relación con este caso ya habrían prestado testimonios al menos tres personas entre las que se cuenta el ex dueño del predio Ulises Venturelli, y personas ligadas a la familia Kuramochi.

Licanco

 Sin embargo, fuentes afirmaron que en relación con este caso existen a lo menos dos juicios pendientes por reivindicaciones de tierras, por lo que no se habría llegado acuerdo sobre su compra.

 Además, parte del terreno estaría afectado por las expropiaciones del by-pass Temuco de la concesión de la Ruta 5 Sur.

 La Tercera se contactó con José Kiyoshi Kuramochi, esposo de Ulbrich, quien admitió haber ido a declarar junto a su mujer, aunque declinó entregar mayores antecdentes.

 Sobre el cuarto caso, sólo se sabe que también se trataría de "ofertas" para agilizar los trámites de las compras de predios al interior de la Conadi.

 Por otra parte, el dirigente indígena lafquenche Luis Llanquilef se reunió ayer con el fiscal Alejandro Ivelic para oficializa una denuncia por irregularidades en la transacción de predios de Cañete, Octava Región.

 El dirigente reiteró que su denuncia se refiere a las supuestas gestiones del jefe de la División de Patrimonio Cultural de la Conadi, Cristián Catricura, quien habría incentivado a la comunidad lafquenche para que se tomaran las tierras del fundo Butamalal, de dos mil 500 hectáreas, en el sector Cayucupi, de la comuna de Cañete.

 A cambio, se les ofrecía la compra del terreno y un 10% del pago total.

 Contactado por La Tercera, Catricura desmintió estas acusaciones, señalando que "yo no tengo nada que ver en ese asunto. Creo que están enlodando mi nombre y me guardo las acciones pertinentes para querellarme por injurias".

Investigación

 Entre las diligencias pendientes se cuenta la citación a varios funcionarios de la Conadi, así como la toma de declaraciones a notarios con los que se firmaron los documentos de venta de los predios.

 Para hoy se espera la llegada a la capital de la Novena Región del Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena.
 
 

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