El abogado de la Unidad Jurídica de la Subdirección Nacional-Sur de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ricardo Aravena Durán, quien presuntamente cobraría porcentajes del 15 al 20 % por las compraventas de predios para comunidades mapuches, figura como principal involucrado en la denuncia por estafa y defraudación que investigan desde la semana pasada tres fiscales del Ministerio Público.El Mercurio, 7 de junio de 2001
Aparecen Nombres De Involucrados por Compras de Tierras
Un abogado y el jefe de Unidad de
Tierras y Aguas fueron acusados ante Ministerio Público.
Iván Fredes
TEMUCO (Iván Fredes).- El abogado de la Unidad Jurídica de la Subdirección Nacional-Sur de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ricardo Aravena Durán, quien presuntamente cobraría porcentajes del 15 al 20 % por las compraventas de predios para comunidades mapuches, figura como principal involucrado en la denuncia por estafa y defraudación que investigan desde la semana pasada tres fiscales del Ministerio Público.
En la denuncia también aparece involucrado el actual jefe de la unidad del Fondo de Tierras y Aguas, Patricio Sanzana, de la misma subdirección, quien, de acuerdo a testimonios, usaría sus "contactos" a través de corredores de propiedades para agilizar la compra de las tierras y repartirse la comisión.
Ambas acusaciones contra los dos funcionarios de la Conadi aparecen en la denuncia, de tres carillas, interpuesta ante el Tribunal de Garantía de Temuco por la fiscal de ese servicio público, Andrea Reyes. Fue ingresada el 17 de mayo y, originalmente, fue rotulada con el número 0110000705-5 y caratulada "Margarita Andrea Reyes contra Ricardo Aravena Durán".
En la presentación, la fiscal Reyes fundamenta su denuncia en cumplimiento del artículo 55, letra K, del Estatuto Administrativo, con conocimiento del director de esa entidad, Edgardo Lienlaf, de diversos hechos irregulares constitutivos de delitos "cometidos por funcionarios de la corporación y que he tomado en conocimiento de mi cargo de abogado asesor de la fiscalía de Conadi".
La denuncia, que, además de la investigación de la Fiscalía del Ministerio Público, motivó un sumario administrativo de la Contraloría Regional y una auditoría interna encargada por el Ministerio de Planificación (Mideplán), señala que en uno de los casos la abogada de la Fiscalía de Conadi, Magdalena Bustos, recibió el ofrecimiento de un millón de pesos. Ello, para autorizar un título de dominio no saneado por parte del corredor Ramón Paredes, quien gestionaba la venta del fundo Las Vertientes, de propiedad de Lino Lecaros, para su traspaso a la comunidad mapuche Ancapulli, de Loncoche.
También incluye testimonios del abogado de una entidad bancaria local, Shintaro Kuramochi, quien declaró, de acuerdo a antecedentes recogidos entre clientes que le habían vendido tierras a Conadi, que al interior de esa corporación existe una "verdadera red de corrupción".
En su declaración a la fiscal Reyes, sobre la cual ésta sustenta su denuncia, señala que el abogado Ricardo Aravena Durán, encargado de realizar los estudios de títulos, habría recibido 25 millones de pesos del dueño de un predio (no da nombres), el que vendió sus tierras a Conadi, agregando que en ese tema había otras dos personas de apellidos Venturelli y Joaunett.
La misma fiscal dice que recibió personalmente la denuncia de Ana María Ulbrich, que le señaló que en una oportunidad se acercó a conversar con ella el abogado Ricardo Aravena, en compañía de su esposa, también abogada, "pidiéndole un porcentaje de un 15 por ciento de lo que obtuviera por la venta de su predio, si la Conadi lo compraba".
Otro Testimonio
En la denuncia también aparece el testimonio de la abogada Claudia Sánchez, quien precisa que el corredor de propiedades Ramón Paredes mantiene contactos con Patricio Sanzana, jefe de la Unidad de Tierras y Aguas, de la Subdirección Sur, para comprar predios en conflictos, "recibiendo con ello, tanto Patricio Sanzana como el corredor, los beneficios económicos de la compraventa, en un porcentaje pactado entre particulares".
Por los hechos denunciados, ninguno de los predios en trámite para su adquisición fue traspasado.
El abogado Ricardo Aravena Durán, quien aparece involucrado en las presuntas irregularidades investigadas, al tomar conocimiento de las denuncias en su contra respondió que se trataba de "una infamia y las personas no sólo deberán probar sus acusaciones". Reaccionó con sorpresa y dijo escuetamente que toda era de una falsedad absoluta y que estudiará las acciones legales pertinentes para resguardar su honor y prestigio personal.
No fue posible conocer la reacción del otro funcionario supuestamente involucrado, Patricio Sanzana.
En tanto, un grupo de mapuches, encabezados por el dirigente Manuel Santander, de la agrupación Consejo de Todas Las Tierras, entregó anoche al Fiscal Nacional del Ministerio Público, Guillermo Piedrabuena, una carta en que señala que el fiscal Alberto Chifelle, tiene vinculaciones familiares con propietarios de predios en conflicto con los indígenas.
