La intervención de la Iglesia Católica para evitar que las familias pehuenches del Alto Bío Bío sean despojadas de sus tierras a raíz de la construcción de la central hidroeléctrica Ralco por parte de Endesa, solicitaron representantes de comunidades mapuches de la IX Región al obispo de Temuco, monseñor Sergio Contreras. Austral, 13 de noviembre de 2000

Mapuches piden intervención de la Iglesia en caso Ralco

Representantes de comunidades mapuches de la IX Región se reunieron con el obispo de Temuco, monseñor Sergio Contreras.

La intervención de la Iglesia Católica para evitar que las familias pehuenches del Alto Bío Bío sean despojadas de sus tierras a raíz de la construcción de la central hidroeléctrica Ralco por parte de Endesa, solicitaron representantes de comunidades mapuches de la IX Región al obispo de Temuco, monseñor Sergio Contreras.

Un grupo de delegados de comunidades mapuches de Lumaco, Villarrica, Padre Las Casas y Galvarino sostuvieron el pasado viernes una reunión con la autoridad eclesiástica, con el fin de plantearle su inquietud por la situación que afecta a las familias pehuenches del Alto Bío Bío que se han resistido a abandonar sus tierras y cuyo destino lo decidirá la Corte Suprema el próximo martes 14 de noviembre.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Comunidades Mapuches Ñancucheo de Lumaco, Alfonso Reimán, expresó que lo que se pide es un pronunciamiento claro y enérgico de parte de la Iglesia en relación a los hechos de injusticia que se han cometido en contra de los pueblos indígenas.
 

LEY INDIGENA
 

A juicio de Reimán, lo que la Corte Suprema decidirá este martes es si hace prevalecer las normas que impone la Ley Indígena, o si se deja llevar por la "ley de servidumbre".

"El 14 de noviembre se decidirá el destino de la gente que hasta ahora ha estado resistiendo y eso en otras palabras significa hacer valer más la Ley Indígena concretamente su artículo 13 que dice que las tierras indígenas no podrán ser vendidas ni enajenadas, ni a particulares ni menos a huincas; o bien si simplemente va a prevalecer la ley de servidumbre".

El dirigente mapuche manifestó que en caso que se haga valer la ley de servidumbre, Endesa tendría la facultad de recurrir a la fuerza pública para efectuar el desalojo de las comunidades pehuenches que se han negado a entregar sus tierras. "Aquí lo que nos preocupa -precisó Reimán- es que la Ley Indígena es una ley especial que fue aprobada con quórum calificado, sin embargo una vez más parece que el Estado va a enterrar las leyes que sus mismos representantes han aprobado".

También se le planteó al obispo la situación en que se encuentran actualmente las familias pehuenches que ya han sido relocalizadas. "Por ejemplo, en predios como el Fundo El Barco, nosotros hemos sido testigos del arrepentimiento masivo de mucha gente que quiere regresar porque las condiciones en que están viviendo son adversas".

Asimismo, las comunidades mapuches criticaron el accionar de la Conadi en el caso Ralco, incluidos los consejeros a quienes acusaron de haber tenido "una especie de abandono de sus deberes".
 

OBISPO
 

Por su parte, el obispo de Temuco, monseñor Sergio Contreras, explicó que el problema de fondo en este caso es la valoración que se le concederá a la Ley Indígena. "En ese sentido, ciertamente que lo que se va a decidir en la Corte Suprema tiene una gran importancia porque sentará un precedente que puede ser muy fuerte".

En opinión del prelado la misma Ley Indígena puede quedar muy deteriorada y afectada, y "lo que es más preocupante, es que aquí no aparece el Gobierno porque mediante la ley recibe un mandato de velar por su aplicación y, al parecer, no está haciéndose parte y eso es lo que les preocupa a las comunidades y yo entiendo que es una preocupación muy legítima de ellos".

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