La solución del conflicto mapuche debe constituir una de las máximas prioridades para quien resulte electo Presidente este domingo. 

Aunque el crimen en cuestión debe ser investigado por los servicios policiales para establecer el móvil, dos hechos inferidos de las versiones entregadas por los testigos llaman poderosamente la atención. El primero es que la víctima, de 58 años, trabajaba en la empresa forestal Mininco, blanco de la gran mayoría de los ataques y atentados perpetrados por los mapuches en el llamado proceso de reivindicación de tierras. Tal como se ha podido recoger de los familiares de Segundo Millanao, éste habría sido increpado y agredido en varias oportunidades por ese motivo, incluso por los mismos sospechosos del asesinato. 

Sin embargo, más estremecedor resulta ver cómo rápidamente algunas autoridades locales se apresuran en calificar el hecho como una disputa familiar. Aunque puede resultar prematuro pensar que se trata de dar un bajo perfil al hecho, para que no levante polvareda a pocos días de la segunda vuelta, sí es evidente que ha sido esa actitud errónea y difusa la que ha avivado la violencia que hoy afecta a un vasto sector de la Araucanía. 

La situación de abandono en que ha quedado la Novena Región, a medida que el clima electoral fue copando la agenda pública, mantiene a la zona en un estado de tensa calma y creciente efervescencia. A ello no sólo responde el asesinato de este trabajador forestal, sino el hecho que continúen las tomas de predios por parte de las comunidades indígenas. Esto es lo que ha ocurrido, en los últimos días, en el fundo Santa Ana de Colpi, donde una treintena de familias no sólo ocupó ilegalmente los terrenos, sino que amenazó con enfrentar abiertamente a carabineros en caso de dictarse una orden de desalojo. 

La solución de este conflicto debe constituir una de las máximas prioridades para quien resulte electo Presidente este domingo. No sólo por las demandas enarboladas por las etnias que se han levantado en protesta, sino por el peligroso germen de impunidad y el debilitamiento del estado de derecho asociado a los actos vandálicos de esa extensa zona. 

Además de exigir una acción enérgica y decidida de las autoridades hacia quienes traten de tomar la justicia en sus manos, cabe también urgir a las futuras autoridades para que diseñen una política coherente y criteriosa que dé cabida a los intereses manifestados en este proceso. El diálogo abierto y ajeno a la pauta electoral es la única vía plausible para que, en definitiva, tanto la ciudadanía, las etnias y las empresas afectadas recuperen la confianza en el Estado, el cual no puede renunciar a su obligación de mediador en situaciones de conflicto.