Aun cuando la comisión especial tiene cáracter amplio y participativo, las tres organizaciones más radicalizadas se autoexcluyeron, como manifestación de rechazo por la incorporación a ella del ratificado director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Rodrigo González, a quien no consideran un interlocutor válido. Se esperaba que en el cargo fuese designado un dirigente de ascendencia indígena, preferentemente mapuche. Ninguno de los tres dirigentes descartó el reinicio de ocupaciones de tierras antes del plazo de 50 días dispuesto por el Presidente Lagos, debido a que existen demandas urgentes cuya solución, en su opinión, está suficientemente estudiada y propuesta a través de innumerables diagnósticos. El Mercurio, 18 de marzo de 2000 

Cautela Mapuche ante La Mesa de Diálogo
 

Condicionan participación al cumplimiento de demandas, estimando escaso plazo de 50 días para analizar problemática étnica.
 

TEMUCO/CONCEPCION (Iván Fredes y Patricio Gómez).- Aun cuando se muestran dispuestos a colaborar mediante la presentación de propuestas, los voceros de dos de las tres agrupaciones mapuches que lideran las movilizaciones en la zona sur del país ven con escepticismo y reserva la recién creada mesa de diálogo gubernamental para abordar el tema indígena. Víctor Ancalaf, dirigente de la radicalizada Coordinadora Arauco-Malleco, desestimó dicha instancia y condicionó su eventual participación en ella al aumento de 150 mil a 200 mil hectáreas de terrenos durante la actual administración gubernamental, además de exigir el inmediato retiro de las fuerzas policiales desde la zona de Malleco. Por su parte, los líderes del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, y el de la Identidad Territorial Lafquenche, Adolfo Millabur, alcalde mapuche de Tirúa, se desistieron de participar en la ceremonia en que se constituyó esa instancia de dialogo, a la que fueron formalmente invitados, insistiendo en que la solución de fondo del tema mapuche pasa por su reconocimiento constitucional, la entrega efectiva de tierras y participación política y autonomía territorial en algunos sectores específicos de la zona sur. La instancia de oficial de diálogo fue convocada el jueves último por el Presidente Ricardo Lagos y reúne a una treintena de representantes de los sectores involucrados en el tema - autoridades, indígenas y empresas- , con un plazo perenterio de 50 días para la elaboración de propuestas específicas destinadas a satisfacer las demandas de los pueblos originarios.

Particularmente, busca una fórmula de entendimiento para detener el creciente conflicto mapuche, concentrado en una veintena de comunidades indígenas de las regiones de la Araucanía (Novena) y del Bíobio (Octava).

La recién creada comisión se asienta en una iniciativa presidencial del llamado "nuevo trato", la que a través del diálogo y con base en la reparación histórica de los pueblos indígenas es impulsada por el Jefe de Estado en virtud del compromiso asumido durante su campaña electoral. Aun cuando la comisión especial tiene cáracter amplio y participativo, las tres organizaciones más radicalizadas se autoexcluyeron, como manifestación de rechazo por la incorporación a ella del ratificado director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Rodrigo González, a quien no consideran un interlocutor válido. Se esperaba que en el cargo fuese designado un dirigente de ascendencia indígena, preferentemente mapuche. Ninguno de los tres dirigentes descartó el reinicio de ocupaciones de tierras antes del plazo de 50 días dispuesto por el Presidente Lagos, debido a que existen demandas urgentes cuya solución, en su opinión, está suficientemente estudiada y propuesta a través de innumerables diagnósticos. "Nosotros reiniciaremos las movilizaciones mientras no observemos acciones concretas y voluntad política para resolver los problemas de fondo", manifestó Víctor Ancalaf, vocero de la Coordinadora, entidad mapuche involucrada en los hechos de mayor violencia de la zona de Malleco, en la Región de la Araucanía. "Una tregua pasa por el retiro de la policía y el aumento de tierras para los mapuches", enfatizó.

Alcalde Adolfo Millabur

El alcalde mapuche de Tirúa, Adolfo Millabur, uno de los líderes de la moderada pero movilizada Identidad Territorial Lafquenche, que agrupa a la mayoría de las comunidades indígenas de la provincia de Arauco, dijo estar dispuesto a colaborar con la comisión designada por el Gobierno, en la medida que se resuelvan problemas fundamentales como la restitución de tierras, el reconocimiento constitucional de la etnia y ciertos niveles de autonomía territorial. El edil señaló dijo haber sido invitado a participar en la ceremonia de constitución de la instancia de diálogo, pero que optó por no concurrir por estimar se ésta le había sido formulada a última hora, sin que existiera suficiente claridad y respeto hacia el mundo indígena para sopesar su participación en esa convocatoria. Millabur coincidió con los voceros del Consejo de Todas las Tierras y de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, en el sentido de que no resulta aconsejable para restablecer confianzas la ratificación como director de la Conadi de Rodrigo González. Explicó que González genera reticencias en el mundo indígena, por cuanto estuvo muy ligado a la política que la administración del ex Presidente Eduardo Frei implementó con el ex titular de Mideplán, Germán Quintana, destinada más bien a bajar el perfil del conflicto mapuche que a la búsqueda de soluciones reales. Millabur dijo estar dispuesto a participar en la nueva comisión gubernamental en la medida que exista un trabajo responsable destinado a resolver los problemas aún pendientes. "no quiero ser parte de un papelón como el que hizo el ex ministro Quintana con sus diálogos, que fueron sólo golpes de imagen sin resultados concretos, dado que el objetivo fue sólo amainar el conflicto mapuche", enfatizó. No obstante, aclaró que no cree que el Presidente Lagos tenga una intención similar, pues dijo creer en su honesta intención de resolver el problema indígena en Chile, aun cuando enfatizó que todo dependará de la forma en que éste sea abordado, dado que se trata de una situación complicada. En tal sentido, señaló que no resulta lógico esperar que sea resuelta en un plazo perentorio de sólo 50 días. Millabur reiteró en que la solución no sólo pasa por mejorar las condiciones de vida de las comunidades, sino por aspectos fundamantales que dicen relación con el reconocimiento de los derechos políticos de las etnias. En tal sentido, demandó que sea acogida la propuesta Lafquenche de creación de una comisión de Verdad y Deuda Histórica, la que debería realizar un análisis crítico, minucioso y profundo sobre la problemática indígena durante al menos un año, a fin de establecer la verdad de lo acontecido con los derechos del pueblo mapuche y las razones que fundamentan sus actuales demandas.
 

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