En 9 años de gobierno concertacionista el pueblo mapuche mantiene cifras de pobreza y marginalidad que duplican las registradas en la población no mapuche, igual cosa al medir los niveles de analfabetismo, mortandad infantil y esperanza de vida de su población. El Siglo, Nº 932 - Del 21 al 27 de Mayo de 1999
Nº 932 - Del 21 al 27 de Mayo de 1999
Crónica
Gobierno y su relación con el pueblo mapuche:
Más palos que zanahoriasEn su momento, el entonces Subsecretario del Interior Velisario Velasco no escatimó elogios para referirse al pueblo mapuche, mientras que el actual enviado gubernamental a resolver el problema en terreno, el Ministro de Mideplan Germán Quintana, hace lo propio, refiriéndose a los mapuches como "un pueblo al que admira, entiende y quiere apoyar para salir de la pobreza" (La Nación, 16/5/99). Frases que, tomándolas al pie de la letra, no dejan entender cómo, teniendo tan buenos "amigos" y tan bien ubicados, en 9 años de gobierno concertacionista el pueblo mapuche mantenga cifras de pobreza y marginalidad que duplican las registradas en la población no mapuche, igual cosa al medir los niveles de analfabetismo, mortandad infantil y esperanza de vida de su población.
Lo cierto, es que fuera de las "buenas intenciones" de los personeros públicos, fueron necesarias las fuertes movilizaciones que se vienen registrando desde hace un par de años para que el gobierno recordara su "deuda histórica" con el pueblo mapuche -frase hoy también muy utilizada por los representantes de la autoridad-.
Cuando en 1989, los miembros de la naciente Concertación iniciaron conversaciones con las organizaciones indígenas de la época para formular un acuerdo que contrarrestara las diversas normas legales impuestas por la dictadura, y que atentaban en forma premeditada contra la existencia de los pueblos originarios del país, como en el caso de la propiedad de la tierra para el pueblo mapuche y del agua para el pueblo aymara, surgió el Acuerdo de Nueva Imperial suscrito por el candidato de la Concertación, Patricio Aylwin, en representación de todo el conglomerado. Una vez en el gobierno, Aylwin le dio forma con la promulgación de la Ley Nº 19.253, o Ley Indígena del 28 de septiembre de 1993, la que a su vez establecía la creación de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI), como un ente que debía representar a los pueblos ante el gobierno. Pero esta ley vio la luz con varias falencias, que limitaban e impedían en muchos casos su aplicabilidad. El proyecto original incluía dos herramientas jurídicas que complementaban la actual ley, estas son: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la ratificación por parte del gobierno del Convenio 169 de la OIT -que establece el respeto al derecho de las minorías-. Por lo que al carecer de estos complementos la Ley Indígena sólo tiene rango de simple ley, quedando en desmedro frente a leyes con rango constitucional, como la Ley Minera o la Ley Eléctrica, como podría darse con Ralco.
Otra falencia de la ley tiene relación con los recursos que el Estado entrega. Fondos que no se condicen con la magnitud de la deuda que el Estado mantiene con los pueblos originarios. Es el caso de los territorios adquiridos a través de la CONADI para ser traspasados a las diversas comunidades que los reclaman. Este organismo ha comprado desde 1993 a la fecha, cerca de 80 mil hectáreas, cifra muy lejana de las 300 mil hectáreas que el gobierno de la Unidad Popular devolvió al pueblo mapuche en los diez meses en que destinó al Ministerio de Agricultura a la zona para realizar esta restitución.
Por otro lado, la propia CONADI, dio señales a poco andar de no satisfacer las aspiraciones de los pueblos indígenas, la que a través de engorrosos e interminables procedimientos burocráticos para obtener los terrenos reclamados, terminaron por agotar la paciencia de las comunidades que optaron por las actuales medidas de presión.
Luego de la abierta manipulación que hizo el gobierno de la CONADI, con la destitución de consejeros y directores del organismo en reiteradas ocasiones para lograr la aprobación de las permutas de tierras en el Alto Bío Bío, la Corporación perdió definitivamente la legitimidad ante el pueblo mapuche. Dichas permutas han sido aprobadas en su mayoría, con la Conadi bajo la dirección de Rodrigo González, beneficiando así a Endesa. Situación que de pasó dejó a la ley indígena como letra muerta ante las organizaciones mapuches, que vieron que la ley que prohibe la venta y permuta de las tierras indígenas a personas de otra etnia, no era respetada por la coalición de gobierno que la promulgó. Hoy se habla con mucha insistencia de la necesidad de modificar la ley y de reparar sus falencias. Aunque muchos temen que esta disposición se esté utilizando como una forma de ganar tiempo, o incluso, que las modificaciones vayan por el lado de hacerla más flexible a los intereses de los privados.LAS MOVILIZACIONES
Si bien, uno de los conflictos más emblemáticos ha sido el que han sostenido las mujeres pehuenches que en el Alto Bío Bío resisten la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco ðrecibiendo el apoyo de amplios sectores de la ciudadaníað, las crecientes y resueltas movilizaciones mapuches en la Octava y Novena regiones, en torno a recuperar sus terrenos mediante los hechos, han concitado la preocupación del gobierno que se ha visto en la obligación de tomar medidas, oscilando entre la represión y el diálogo. Primero fue la represión, aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado a quienes fueron acusados de estar involucrados en la quema de dos camiones de la Forestal Arauco en Lumaco, hecho ocurrido en diciembre de 1997.
Uno de los conflicto más significativo para el resto del movimiento mapuche es el de Cuyinco, comuna de Los Alamos, en la Octava Región. También con Bosques Arauco, que ocupa ilegalmente 1.650 hectáreas de la Comunidad Pablo Quintraqueo Huenumán. En su oportunidad la Corte de Apelaciones de Concepción y la Corte Suprema fallaron a favor de la comunidad mapuche, pero la empresa forestal se las ha arreglado para seguir dilatando legalmente el conflicto, continuando la explotación del bosque que estaba en el predio, ayudados por la obsecuencia de la justicia chilena y de sus propios guardias armados que al interior del fundo intimidan a los comuneros. Fue en Cuyinco, donde aparecieron las primeras denuncias de la presencia de "civiles no identificados" y de guardias armados con preparación militar que custodiaban dentro y fuera de la propiedad de la forestal.
Para el movimiento mapuche, la comunidad Pedro Quintraqueo, ha sido la precursora de una forma de recuperación de tierras no utilizada antiguamente por las comunidades. En Cuyinco, la comunidad entró al predio y se instaló a vivir en él, tomando posesión efectiva de la tierra, con crianza de animales domésticos y cultivos de alimentos, a lo que se ha sumado la plantación de trigo en algunas hectáreas del predio.
Este año, luego de los hechos acaecidos en el fundo Santa Santa Rosa de Colpi y del ataque al campamento Chorrillos -ambos de Forestal Mininco-, el gobierno quizo instaurar una mesa de diálogo, al que los dirigentes de las comunidades en conflicto se negaron por no estar en tabla el problema sustancial de la devolución de los terrenos usurpados. Recordemos que estos episodios revistieron de gran tensión la zona. En el primero, ocurrido a fines de febrero en el fundo Santa Rosa del Colpi, la comunidad mapuche instaló un campamento con un aserradero en su interior, que fue desalojado con gran violencia por Carabineros y guardias de la forestal, que una vez más actuaron en conjunto deteniendo a cerca de veinte comuneros, incluido un estudiante chileno-francés que estaba viviendo junto a la comunidad en ese momento. Posteriormente, se registró un ataque anunciado por las comunidades mapuches de la zona de Traiguén, Lumaco y Galvarino al campamento Chorrillos de la Forestal Mininco por no haber cesado los trabajos de explotación del bosque en dicho fundo, reclamado por las comunidades indígenas como parte de sus tierras ancestrales. El enfrentamiento con las fuerzas policiaales que protegían los predios explotados por la forestal, duró todo el primer fin de semana de marzo, dejando un saldo de diez detenidos y catorce personas heridas, ocho de ellas funcionarios de la fuerza pública.
A fines de abril, se registraron una seguidilla de recuperaciones de tierra, alcanzando en un momento una treintena entre la Octava, Novena y Décima regiones. Es en ese momento que la estrategia del gobierno cambió y los ofrecimientos de diálogo se matizaron con represión. El mismo día que llega a la zona el Ministro Germán Quintana, como delegado del gobierno para "solucionar" el conflicto indígena, se cursan 18 órdenes de arresto, emanadas del Ministro en Visita Archibaldo Loyola, quien está viendo varias causas por usurpación de terrenos, amedrentamiento a funcionarios forestales y la quema de una retroexcavadora. Entre las 18 órdenes se encontraba la de Pedro Cayuqueo, enviado por la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto a la sesión ordinaria de la ONU, para entregar un informe sobre los atropellos a los derechos humanos de que es víctima el pueblo mapuche, quien fue detenido apenas pisó la loza del aeropuerto nacional.
El fin de semana recién pasado fueron puestos en libertad provisional los tres dirigentes mapuches que permanecían detenidos, pero las causas prosiguen. Así mismo, los dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco, han acusado recibo de la oleada represiva de que han sido objeto, por lo que están evaluando la situación sin descartar que se generen nuevas movilizaciones en las próximas semanas.
El Ministro Quintana, por su parte, inició su segunda gira por territorio mapuche, reuniéndose con diversas autoridades regionales. Contemplando también en su agenda 23 entrevistas con diversas comunidades indígenas de la Novena Región, desechando reunirse con los dirigentes de las organizaciones que han liderado las movilizaciones indígenas.
Por ahora, la superficie de la Araucanía se ve en aparente calma.Ana Muga
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