Abordar la problemática indígena requiere de propuestas que respeten su identidad y su historia. Ellos hablan de un "desarrollo con identidad".
 

Domingo Namuncura 

La pobreza indígena es estructural. Tiene raíces profundas, como resultado de décadas de discriminación social. Los hechos de Traiguén y otras zonas obedecen a la confluencia de dos procesos: uno, la frustración como resultado de la carencia de espacios y de decisiones políticas que reconozcan sus derechos ancestrales y, dos, la realidad objetiva de pobreza, las limitaciones que el Estado impone a los recursos necesarios para su progreso y la creciente ofensiva de proyectos industriales, forestales, hidroeléctricos y turísticos que avasallan tierras y culturas, que desestructuran la organización indígena, dividen a las familias y obligan a su desarraigo como en el caso del proyecto Ralco.

 No hay, por tanto, sólo un reclamo puntual de tierras. Se trata de algo más profundo. Es tradicional que el indígena sea maltratado socialmente.

 Se le considera como mano de obra barata, sólo apto para servicios menores. Sus niveles de educación son primarios y no cuenta para ellos la igualdad de oportunidades (si es que existe para los más pobres). Pero los indígenas de hoy tienen mayor conciencia de sus derechos.

 Sin embargo, persisten señales de discriminación que se acentúan cuando el dilema de fondo no encuentra salida si los hechos se minimizan.

 Abordar la problemática indígena requiere de propuestas de desarrollo que respeten su identidad y su historia. Los indígenas no rechazan el progreso. Lo que no quieren es que se avasalle su cultura. Ellos hablan de un "desarrollo con identidad". Esto implica reconocer su derecho a resolver sobre el tipo de iniciativas económicas que les interesan y afectan.

 Por lo general, al indígena no se le consulta: se le notifica.

 Básicamente es considerado receptor pasivo de las políticas públicas y sujeto prescindible en el diseño de megaproyectos, aun cuando se afecten sus tierras. En este caso se utilizan subterfugios, se negocia con la autoridad, se allana el camino con jueces y abogados y se impone implacablemente sobre una comunidad el proyecto.

 Los pueblos originarios en Chile lo constituyen 1.250.000 personas. De acuerdo al censo de 1992, un total de 936.000 personas corresponden a la etnia mapuche. En los últimos 30 años han existido tres legislaciones que les involucran: la Ley 17.729 del gobierno de Allende, el DL 2.568 del gobierno militar y la nueva Ley 19.253, de Pueblos Indígenas.

 En los gobiernos democráticos se reconoció a los indígenas parte de sus derechos ancestrales. La Reforma Agraria les dio tierras y créditos para producir sus parcelas. Los niños indígenas recibieron becas para estudiar y, lentamente, retornó para ellos un sentimiento de dignidad. El golpe militar frustró estos avances. Entre 1973 y 1976, una comisión liquidadora de la Reforma Agraria devolvió las tierras reformadas a sus antiguos dueños. Estos las vendieron a terceros y éstos, a su vez, las vendieron a las nacientes empresas forestales en los años ochenta. En 1978, el DL 2.568 redimensionó las tierras indígenas y, al asimilarlas a la propiedad común, facilitó su enajenación fraudulenta. En virtud de este decreto se dividió a las comunidades y se declaró taxativamente que dejarán de llamarse indígenas estas tierras e indígenas sus habitantes.

 En 1989, el movimiento indígena acordó con la Concertación el histórico Pacto de Nueva Imperial. Fruto de ello nació la actual Ley 19.253, que abolió el DL 2.568; nació la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y se abrieron nuevos caminos para las empobrecidas comunidades del sur.

 Entre 1990 y 1999 los gobiernos de Aylwin y Frei han solucionado distintas demandas, siendo la principal la recuperación de tierras.

 Aylwin resolvió el conflicto histórico de Quinquén. Frei habrá entregado cien mil hectáreas durante su Gobierno. Las becas indígenas aumentaron a once mil en 1999 y no menos de 45.000 familias indígenas han participado en diversos proyectos sociales y productivos.

 La Ley 19.253 es una legislación novedosa en América Latina y ha resuelto diversas situaciones. Sin embargo, esto no es suficiente; por ello el mundo indígena vive días de tensión, porque la espera debiera concluir.

 El Pacto de Nueva Imperial está agotado. Se vino abajo con el caso Ralco y los conflictos con las forestales. Se impone entonces un nuevo trato que establezca una mirada de país para el próximo decenio, de tal modo que las generaciones actuales y futuras de indígenas, sepan que están llamados a ser protagonistas de la historia y no meros espectadores. Han esperado 188 años desde que se formó el Estado de Chile. ¿No será mucho tiempo? La democracia trajo grandes esperanzas, pero no hemos sabido establecer una mejor relación entre sociedad-Estado y pueblos indígenas. Los conflictos actuales sirven para darnos cuenta de la magnitud de nuestra desidia como país, pero sirve también para convertir la crisis en una gran oportunidad de cambio. Ahora es el momento.

 *El autor es ex director de la Conadi y Presidente de la Comisión de Etnias y Nación de la Concertación.