FRANCESC RELEA , Santiago 

Una indígena mapuche, junto a varios policías chilenos (REUTERS).

La joven española Patricia Ballesteros, 19 años, detenida el pasado 18 de febrero por participar en una manifestación de apoyo a las comunidades indígenas los mapuches de Chile, en el valle del alto Biobío, ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo de Chile contra la sentencia de expulsión dictada el jueves por un juez de Concepción. Ballesteros abandonó anteanoche las dependencias de la sección internacional de la policía de investigaciones, donde ha estado "retenida", según la terminología oficial chilena.
 
 

La joven española queda a partir de ahora bajo la custodia de su abogado, Roberto Celedón, en el domicilio de éste, y con la obligación de presentarse diariamente ante la policía. Por lo demás, tiene entera libertad de movimientos.
 
 

Su futuro inmediato está en manos de un juez de apelaciones de Santiago, que está a la espera de recibir el expediente del caso procedente del juzgado de Concepción. El trámite durará una semana, como mínimo, según indican fuentes consulares. Si el fallo es a favor de la expulsión, como desea el Ministerio del Interior, Patricia Ballesteros será conducida al aeropuerto y embarcada en el primer avión rumbo a España. En este caso, tendrá prohibida su entrada a Chile.
 
 

"No me quiero ir expulsada porque todavía no entiendo por qué. ¿Qué he hecho de malo? Yo quiero al pueblo mapuche por su cultura y su humanidad y no me he metido en nada más. Me encantaría regresar a Chile, pero si me expulsan no podré hacerlo", declaró a EL PAÍS tras ser puesta en libertad. La joven Patricia, originaria de Menorca, pertenece a la ONG Comité de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Está fascinada después de haber convivido con los mapuches. "Lo quiero repetir, porque me considero una ciudadana del mundo y creo que la sabiduría de los pueblos indígenas enriquece".
 
 

La "experiencia fantástica" acabó abruptamente hace dos semanas, cuando varias decenas de carabineros, equipados con material antidisturbios, cargaron violentamente contra un grupo de mujeres mapuches y de jóvenes ecologistas que habían cortado un camino para detener las obras de la presa hidroeléctrica que construye Endesa Chile en el recóndito valle del alto Biobío. La oposición a la presa de Ralco se ha convertido en el estandarte de la lucha de las comunidades indígenas, que, en un lento despertar, empiezan a protagonizar un foco de tensión en Chile.
 
 

Las autoridades hablan de infiltrados y de supuestos agentes subversivos que tratan de aprovecharse del malestar de los mapuches para provocar inestabilidad. Cuesta creer esta afirmación al ver a los jóvenes, extranjeros o chilenos, que colaboran con las comunidades en un ejercicio esencialmente solidario. El germen rebelde más bien habría que atribuirlo al olvido y la extrema pobreza en la que viven los distintos pueblos mapuches, sean pehuenches, huilliches, lafquenches, huenteches o piquinches. Y a siglos de abandono que tienen como colofón la depredación de su hábitat natural, a través de las empresas madereras, que llevan a cabo talas de bosques enteros, o de la construcción de plantas hidroeléctricas que sumergen bajo las aguas las tierras y casas de las comunidades indígenas.
 
 

El consulado español en Santiago ha estado en permanente contacto con Patricia Ballesteros, y en Madrid, el senador del Partido Popular por las islas Baleares Jaén Palacios trató el tema con el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes.
 
 

El incidente se produce en un momento en que las relaciones oficiales entre España y Chile están bajo mínimos, debido a la detención del ex dictador Augusto Pinochet y a la petición de extradición por parte del juez Baltasar Garzón. La actitud inflexible de las autoridades chilenas para lograr la expulsión a la joven ecologista no es ajena, según sus abogados, al recelo que produce estos días en Chile todo aquello que tenga que ver con España.