Presidente Frei otorgó urgencia a legislación que se encuentra en el Congreso desde 1991, y que establece obligaciones al Estado.
 

El Presidente Eduardo Frei otorgó ayer urgencia simple al proyecto de ley que establece un reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas, aspecto que ha constituido una de las demandas relevantes que han mantenido en el último tiempo las diversas etnias.

El mencionado proyecto se encuentra en el Congreso desde el año 1991, ocasión en que fue ingresado a tramitación junto a las iniciativas referidas a la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Ley Indígena, de las cuales sólo esta última fue finalmente despachada.

La reforma constitucional impulsada establece en forma explícita que el Estado de Chile reconoce y ampara los pueblos que integran la nación chilena, debiendo velar por su desarrollo y adecuada protección jurídica.

El anunció lo hizo Frei luego de reunirse con el grupo de trabajo de alto nivel en que participan diversas personalidades y consejeros mapuches de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

El director de esta última entidad, Rodrigo González, precisó que la implicancia de esta reforma es que permite la discriminación positiva a favor de los pueblos indígenas.

Esto significa que diversas leyes y programas públicos se podrán focalizar de manera preferente en esta población sin que con ello se viole el principio de igualdad ante la ley.

La urgencia puesta implica que cada Cámara tiene un plazo de treinta días para su tramitación.

"Esto va a permitir que todos los servicios públicos que hoy atienden de modo universal a la población puedan dentro de sus programas generar planes específicos dirigidos hacia la población indígena", señaló González.

El otro tema que anunció el Presidente Frei se refiere a que se comenzará un estudio que permita ratificar a la brevedad posible el convenio 169 de la OIT, que es otro de los puntos que mencionó en su discurso del 21 de mayo.

El director de la Conadi explicó que este convenio establece el compromiso de Chile frente a la comunidad internacional y demás Estados de no realizar y revisar las políticas discriminatorias que puedan existir en nuestro país.

Su contenido propicia un mayor respeto a los particularismos étnicos o culturales, aunque en términos generales González reconoció que es bastante similar al reconocimiento constitucional.