Vaticinan Más Conflictos Por Designación en Conadi 

CONCEPCION (Patricio Gómez).- El ex director de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, Domingo Namuncura, calificó al nuevo director de la entidad, el abogado Rodrigo González, como un buen profesional y honrado, advirtiendo, sin embargo, que pesa en su contra el hecho de ser el primer director no indígena de la Conadi y que lo más probable es que su nombramiento creará eventualmente serios conflictos en el caso Ralco. 

Por otro lado, Namuncura aseguró que los nuevos informes jurídicos, sociales y de productividad de los tres fundos ofrecidos por Endesa que prepara el gobierno sólo buscan una rápida aprobación de las 83 permutas de tierras de las familias pehuenches, en el marco del proyecto hidroeléctrico de la central Ralco, en el Alto del Biobío. 

Denunció que de esa forma se pretende dejar sin efecto los elaborados bajo su presidencia que recomendaban mayoritariamente su rechazo, lo que sumado a la reestructuración de la Conadi favorecerán la construcción de esa central, vulnerando la Ley Indígena que garantiza los derechos de los pehuenches. La cantidad de consejeros indígenas elegidos por las distintas etnias son similares en número a los que nombra el gobierno y el voto determinante corresponde al presidente de ese organismo, cargo de confianza del Ejecutivo, en que el jueves se designó al abogado socialista y ex candidato a diputado Rodrigo González. 

Respecto al nuevo presidente de Conadi, Namuncura señaló que sin duda enfrentará un escenario difícil, porque él entrará a decidir, junto a los consejeros designados por el gobierno, que son la mayoría, la aprobación de las permutas de tierras sobre informes que se van a adecuar a ese objetivo. 

Hasta ahora sólo ocho familias pehuenches mantienen una férrea actitud de no abandonar sus tierras ancestrales, aunque muchas de las 83 que aceptan las permutas, pese a reconocer que fueron presionadas o no contaron con todas los antecedentes necesarios, como lo revelan las encuestas hechas a cada una, asumen la situación con resignación. Así lo consiga el informe de más de 430 páginas elaborado por la Conadi bajo la gestión de Namuncura. 

No obstante que el gobierno y el intendente de la Octava Región, Martín Zilic, han señalado que no se hicieron los análisis sobre la productividad de los fundos El Barco, El Huachi y Santa Laura, ofrecidos en compensación a las 91 familias que verán inundadas 638 hectáreas por el proyecto de Ralco, hay una completa caracterización de éstos en el informe elaborado la Conadi. En dicha caracterización se señala para el caso de El Barco, de 17 mil hectáreas, "que es sustantivamente insuficiente, en el sentido de que las condiciones a más de 800 metros sobre el nivel del mar, en zona cordillerana, con intensas nevazones y carencia de calidad de tierra, hacían muy difícil la sustentabilidad cotidiana de las familias pehuenches de por vida". 

También para el El Huachi señala una serie de limitantes para un desarrollo adecuado, dado el hacinamiento en que deberán vivir las familias pehuenches. 

Según relevó el propio Namuncura, en ese tipo de evaluaciones, incluso algunas anteriores a su presidencia tomaron parte profesionales del Ministerio de Agricultura y de otros servicios públicos, a través de iniciativas que fueron recomendadas por la propia Conama. Resulta poco ajustado a la verdad decir hoy que no se hicieron, para justificar su exoneración del cargo, enfatizó. 

También el informe elaborado contiene una completa ficha social de las familias que aceptaban o rechazaban abandonar sus tierras. Esta revelaba condición de pobreza en todas ellas, a través de sus ingresos, condición del grupo familiar, calidad de las viviendas y actividades de subsistencia. 

En cuanto a la evaluación jurídica se concluye que las permutas se enmarcan en la imposición del proyecto Ralco, y no en la libre y espontánea voluntad de permutar la tierra, y no responden a lo que el propietario indígena estima que debe recibir a cambio. "Queda claramente expresado en su declaración que la tierra que recibirá a cambio es sólo un componente más de lo que se exige como condición para abandonar el lugar. Esto se puede calificar en términos globales, como la expectativa de recibir una indemnización de perjuicios, más que encuadrarlo en un acto de promesa de permuta", señala la evaluación jurídica de la Conadi. Además, éstas adolecen de insuficiencia material, por cuanto generando un desarraigo de la comunidad no garantizan la equivalencia que requiere la permuta de tierra indígena capaz de compensar el valor agregado cultural que tiene esa superficie, en conformidad a la Ley Indígena. 

En cuanto al análisis de las tasaciones presentadas por Endesa sobre los fundos ofrecidos, "se puede concluir que el valor de los predios fueron determinados tomando en consideración, única y exclusivamente, el potencial silvo- agropecuario y las mejoras existentes, obviando lo establecido en la Ley Indígena, en cuanto al valor agregado cultural que tienen las superficies a permutar". 

Namuncura advierte que el procedimiento de mejorar las ofertas es parte del problema principal y no su solución, dado que el Alto del Biobío es una comunidad humana integrada por más de 5.000 pehuenches, herederos de una rica tradición cultural. La represa Ralco afecta a todo el territorio de esa etnia y cualquier fórmula de compensación debe considerar al conjunto de las comunidades y no sólo la parte afectada, pues existe una clara unidad en el pueblo pehuenche. 

Esa posición hace que lo señalado por el gobierno regional en el sentido de que hay que considerar a todas las familias afectadas en forma directa (91) e indirecta (359) no constituya ninguna novedad y tampoco una falencia del informe elaborado por la Conadi, pues también ese factor había sido considerado. "El problema es que el intendente de la Octava Región, Martín Zilic y el gobernador de Biobío, Juan Carlos Coronata, no tienen conocimiento de todo lo hecho por la Conadi, pues no estaba disponible esa información para la discusión del gobierno regional. Lo estaba para los consejeros y los subsecretarios nacionales del gobierno", advirtió. 

Namuncura aclaró que las exigencias que puso la Conama cuando aprobó el proyecto Ralco son para cuando se instale el plan de relocalización, en un período de cuatro a diez años. Este último según Endesa tiene un costo de 19 millones de dólares, incluyendo viviendas unitarias por 13 millones de pesos y la entrega de 21 mil 337 hectáreas de superficie a través de los tres fundos antes mencionados.