La privatización de las empresas eléctricas había sido señalado hasta hoy como uno de los grandes logros, especialmente por la inversión en nuevas centrales y por la alta rentabilidad de sus valores accionarios. Pero es ahora, en la actual emergencia, el momento de demostrar su eficiencia y evitar que los críticos de la empresa privada las acusen de aprovechar las bonanzas y ser incapaces de sobrellevar las crisis. Diario el Sur 16 de Noviembre de 1998

Grave déficit eléctrico

Los apagones alteran el conjunto de las actividades que se desarrollan en una ciudad y generan un altísimo costo para la economía nacional.

Los numerosos cortes de energía eléctrica que siguen afectando al país han llevado al gobierno a una segunda etapa de reacción, ya que tras el anuncio de racionamientos y medidas de ahorro de electricidad emitido el jueves, al día siguiente endureció su mensaje señalando que se podrían aplicar fuertes medidas legales en contra de las empresas generadoras de energía si no se logra en breve período la coordinación indispensable que permita asegurar el abastecimiento y superar la crisis por la que atraviesa la zona central del país. El ministro subrogante de Economía fue enfático al señalar que "no descarto absolutamente ningún instrumento, estamos estudiando todos los disponibles". Entre ellos están obviamente desde sanciones económicas en contra de las empresas hasta la alternativa de su intervención por parte del gobierno, incluyendo la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Claramente la situación de cortes intempestivos de distinta duración afectan a todos los sectores ciudadanos. Desde la industria y el comercio hasta la vida doméstica, pasando por los servicios y el tránsito urbano visiblemente perturbado por estos apagones que dejan los semáforos inoperables. La razón esgrimida es múltiple. Por una parte, la sequía que ha dejado a las generadoras hidroeléctricas operando bajo su capacidad. Por otro, la demora en la puesta en marcha de la central de ciclo combinado Nehuenco, que debió entrar en funcionamiento hace siete meses. Y finalmente la falla en la nueva central a gas natural San Isidro, inaugurada hace pocos días por el mismo Presidente Frei. Es lógico entonces que ante esta situación imprevista, pero que debería producir una rápida respuesta de las empresas generadoras, el gobierno decida actuar con prontitud, ya que el daño para la economía nacional es tremendamente alto si continúan los apagones.

El compromiso de las empresas generadoras de electricidad está en su eficiencia y respuesta inmediata a las emergencias que podrían producirse. La sequía de este año debió alertarlas para que dispusieran las medidas oportunas para evitar situaciones como las que vive el país hoy. Ante la falta de esa respuesta le corresponde al gobierno intervenir, para lo cual cuenta con los instrumentos legales adecuados. La misma secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía acusa a las generadoras de no lograr un acuerdo para adoptar medidas concretas ni de informar a las distribuidoras con respecto a su déficit, lo que imposibilita a éstas a aplicar cortes programados. Según la funcionaria, se puede llegar a un colapso del sistema. La privatización de las empresas eléctricas había sido señalado hasta hoy como uno de los grandes logros, especialmente por la inversión en nuevas centrales y por la alta rentabilidad de sus valores accionarios. Pero es ahora, en la actual emergencia, el momento de demostrar su eficiencia y evitar que los críticos de la empresa privada las acusen de aprovechar las bonanzas y ser incapaces de sobrellevar las crisis.

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