ciclo de 365 días que termina estuvo marcado por la consolidación de un quiebre en la relación entre las autoridades gubernamentales y los pueblos originarios de esta tierra. Diario el Sur, 27 de Diciembre de 1998

27 de diciembre, 1998

Dos culturas y un problema histórico El Biobío sigue siendo la frontera Tal y como habíamos anunciado en estas páginas en marzo pasado, este ciclo de 365 días que termina estuvo marcado por la consolidación de un quiebre en la relación entre las autoridades gubernamentales y los pueblos originarios de esta tierra.

Es completamente lógico que si dos cosmovisiones, dos culturas, dos naciones viven en el mismo espacio físico, es esperable que se produzcan roces o choques cuando lo que más existe es la falta de reconocimiento a la diversidad, que provoca marginación, racismo e intolerancia.

Fernando Léniz, ex presidente de la Corporación de la Madera afirmó a fines de marzo que es "absurdo discriminar a los mapuches como una raza diferente. Chile posee una raza muy uniforme, un mestizaje".

Esa es una síntesis clara de la visión del conquistador. La legislación indígena promulgada en 1993 dejó fuera los conceptos de "pueblo" y "territorio indígena", pues se contraponían al de "Estado unitario". Es decir, a los indígenas se les reconoce como tales por su ascendencia, pero no por pertenecer a un grupo étnico con características culturales y organización social radicalmente distintas al ser chileno, conformando de por sí una nación.

Es cierto que la problemática realidad que afecta a todas las culturas autóctonas no se iniciaron con la quema de camiones en la comuna de Lumaco en diciembre de 1997, la construcción de megacentrales eléctricas en el Alto Biobío o las disputas por el dominio de extensos bosques de exportación en Arauco. Son miles de situaciones que se arrastran por centurias, producto del avance conquistador de los españoles, primero, y más actualmente del Estado chileno sobre los ancestrales dominios de coyas, atacameños, pascuenses, mapuches, alacalufes o yaganes.

La historia oficial habla de 300 años de guerra con los mapuches y un siglo más de una mal llamada "pacificación" de la Araucanía (Alto Biobío, provincia de Arauco, toda la IX Región y el norte de la X Región), que inculca en nuestra educación la necesidad de concluir la unidad territorial, chilenizando a las comunidades indígenas e introduciendo esas zonas en el desarrollo económico nacional.

La infrahistoria, en tanto, recién se está escribiendo. Según las investigaciones del abogado mapuche José Lincoqueo, los acuerdos del Parlamento de Negrete (1803) fueron reconocidos por el gobierno de Ramón Freire (1823) como normas del derecho internacional entre Chile y la nación araucana. Según acredita el Consejo de Defensa del Estado, esos territorios no tenían representación parlamentaria y sucesivas administraciones chilenas respetaron al río Biobío como la frontera entre ambos territorios independientes.

Por todo ello, las sucesivas legislaciones chilenas promulgadas para repartir propiedades al sur del Biobío y la conformación del Ejército de La Frontera son, a juicio de Lincoqueo, una agresión a una nación independiente, y los 700 mil mapuches muertos en estas acciones conformarían lo que el derecho moderno califica de genocidio, hechos que la legislación antigua retrata como "bandidaje, piratería e insurgencia".

Las presentaciones legales realizadas bajo esta argumentación ha dejado boquiabiertos a los tribunales, pues con ello se desbarataría todo el sustento jurídicos de la propiedad en tierras ancestralmente mapuches.

Arauco indómito

Ejemplo de ello fue lo que sucedió con los territorios de la actual provincia de Arauco. La guerra con España en 1866 transforma la pacificación en ocupación, pues permite que se establezcan fuertes chilenos en Cañete y Tirúa y que la frontera se desplace desde el Biobío hasta ese último bastión.

Consolidada la ocupación militar, los dominios lafquenches son reconocidos como propiedades de chilenos por el sólo hecho de inscribirlos en el conservador de bienes raíces. Esos fundos pasan luego a manos de extranjeros, que desalojan violentamente a las comunidades indígenas, relegándolas a vivir en vegas, cerros e hijuelas menos productivas.

En 1905 el Estado chileno reconoció esas reducciones y no sus tierras ancestrales como propiedad de los indígenas. En el gobierno de Allende se entregaron todos esos fundos a las comunidades, las que en su mayoría plantaron bosques de pino con subsidio estatal. La contrareforma agraria del régimen militar reconoce la propiedad en manos de privados, los cuales venden sus terrenos boscosos a empresas forestales nacionales y extranjeras.

Los enfrentamientos entre los actuales descendientes de los lafquenches y las forestales, por tanto, tienen una clara explicación. Los primeros viven en reducidas porciones de tierras, la mayoría de las cuales están degradadas ecológicamente por su uso intensivo en agricultura de subsistencia; las empresas, en tanto, explotan los pinos y exportan su producto con altas ganancias en dólares que, por lo general, no se ven reflejadas en la economía local ni familiar.

En el marco de las escaramuzas entre guardias de Bosques Arauco e indígenas de la familia Fren por la explotación del fundo Cuyinco, comuna de Los Alamos, José Huenchunao, werkén de las comunidades en conflicto de esa zona dijo en julio:

"El problema de los mapuches se enmarca dentro de un nuevo cuadro político-social, porque nuestras comunidades han asumido en forma natural las movilizaciones, por el estado de desesperanza que existe. Si esta administración política, si los actores de la sociedad civil no toman en cuenta nuestra situación, estamos a las puertas de que los conflictos que se han dado en forma aislada, se reproduzcan con mayor fuerza y de forma más coordinada. Eso puede ser mucho más grave, puede tener un costo mucho mayor para esta sociedad que devolver ciertas cantidades de tierra, que son el mínimo que las comunidades están reclamando".

Para los empresarios forestales no está en juicio a quién pertenece la tierra, sino de qué manera se le dan las herramientas necesarias para que las comunidades indígenas salgan de su postración económica, pues los conflictos pueden afectar la imagen de Chile en la retina de los inversionistas foráneos.

El entonces presidente de la Corporación de la Madera, Fernando Léniz, explicó en marzo pasado que, al igual que otros campesinos pobres, el desarrollo económico mapuche "pasa por dotarlos de educación y capacitación técnica para que se puedan incorporar en la vida económica del país".

Jorge Serón, gerente de Bosques Arauco, resaltó que los predios indígenas tienen una aptitud eminentemente forestal y, por lógica, deberían ser usados para plantaciones comerciales como las que sustenta la industria maderera. El ejecutivo ofreció asesoría técnica, capacitación y viveros para que esto se haga realidad.

Pero las comunidades indígenas ven en este ofrecimiento una nueva forma de dependencia de las forestales, mayor a la que ostentan hoy quienes laboran en los predios en explotación. A fin de cuenta, serán las empresas quienes compren la madera producida por ellos, quedando en manos de los empresarios el precio a pagar y, más importante aún, eliminando la independencia económica de las comunidades.

José Huenchunao afirma que los mapuches buscan perfilar un desarrollo económico que les permita vivir con sus expresiones culturales y su identidad: "El control de la base económica debe estar en las comunidades", subraya. Para los diversos líderes de la zona, esto pasa por acceso a créditos, excención tributaria y un organismo estatal más poderoso que la actual Conadi.
 

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