Los detenidos -cinco mujeres y siete hombres cuya identidad no se proporcionó- fueron aprehendidos por Carabineros y colocados a disposición del Juzgado de Policía Local de Santa Bárbara. El gobernador indicó que los detenidos fueron dejados en libertad horas más tarde de ocurridos los hechos, tras comprobarse sus respectivos domicilios. La Tercera en Internet, 6 de Octubre de 1998
| NACIONAL
CRONICA
06 de Octubre de 1998 |
||
| Gobernador
de la provincia de Biobío señaló que no se aceptarán
acciones de violencia
12 detenidos por incidentes en Alto Biobío Grupo que apoya a las familias pehuenches
que rechazan la construcción de central hidroeléctrica de
Ralco ocuparon el puente Ñireco e impidieron el paso de los vehículos
RALCO.- Doce personas fueron detenidas y posteriormente liberadas -tras ser puestas a disposición del Juzgado de Policía Local de Santa Bárbara- durante incidentes registrados ayer en el Alto Biobío. Los hechos ocurrieron cuando un grupo que apoya a las familias pehuenches que rechazan la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco ocuparon el puente Ñireco e impidieron el paso de los vehículos. El gobernador provincial de Biobío, Juan Carlos Coronata, confirmó el hecho a La Tercera y señaló que no se aceptarán acciones de violencia en los momentos en que se avanza en un proceso para buscar mejores condiciones de vida para los habitantes de esa zona. Los detenidos -cinco mujeres y siete hombres cuya identidad no se proporcionó- fueron aprehendidos por Carabineros y colocados a disposición del Juzgado de Policía Local de Santa Bárbara.
En libertadEl gobernador indicó que los detenidos fueron dejados en libertad horas más tarde de ocurridos los hechos, tras comprobarse sus respectivos domicilios."Las conversaciones marchan por buen camino, por lo tanto, no vamos a aceptar ningún tipo de manifestaciones que por la vía violenta pretendan imponer alguna posición. Por el contrario, existiendo la oportunidad de dialogar y avanzar, hay disposición tanto del gobierno y de la empresa de poder lograr una solución de los problemas del pueblo indígena de Alto Biobío", puntualizó. Recalcó que no hay razones ni condiciones para que se reclame con violencia , de ahí que reconoció la intervención de la policía para controlar el foco. "Un grupo de siete familias no puede, por la vía violenta, imponer su punto de vista como tampoco los más de 280, por la vía de la mayoría. Tenemos que recoger la visión de todos", enfatizó. Coronata manifestó que los trabajos de la empresa Besalco se reiniciarán sólo cuando el Ministerio de Planificación y otras instancias del gobierno superen las situaciones de conflictos. Insistió en que no hay fechas y descartó que fuese el 13 de octubre, como ha trascendido en la zona. Voceros de las familias que se oponen al proyecto han mantenido su posición, sin tomar contacto con el nuevo director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Rodrigo González, quien incluso viajó hasta Alto Biobío, a poco de asumir el cargo, pero vio frustrada su aspiración de dialogar con ellas. En Alto Bío Bío, se han mantenido algunos ecologistas que apoyan a los pehuenches que rechazan la central, aunque en un número muy inferior al que existió hace algunos meses. Sin embargo, las autoridades han acusado al Consejo de Todas Las Tierras, con base en Temuco, como los instigadores de los actos de violencia en la zona. El gobernador Coronata permaneció en Concepción, reuniéndose con el intendente Martín Zilic, para analizar el tema y avanzar en las negociaciones que mantienen más de 280 familias, que estaban al margen de los beneficios del Plan de Relocalización, que Endesa ofreció a las familias que deben dejar sus tierras para construir la central.
Denuncian irregularidades en la ConadiTEMUCO.- Una serie de hechos que escaparían al marco legal en las acciones realizadas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) denunció ayer el diputado Eugenio Tuma.El parlamentario aseguró que al interior de la Conadi se han registrado graves irregularidades en la administración del Fondo de Tierras Indígenas, razón por la cual solicitará a la Contraloría que efectúe una investigación a fondo. Explicó que entre las irregularidades detectadas, se encuentra la compra de un predio de 144,5 hectáreas por un monto de 179 millones de pesos y que sumadas a otras propiedades, sumaron 184,5 hectáreas. "Pero según las mediciones efectuadas por Conaf para determinar un plan de manejo, la superficie real del predio sería de sólo 146 hectáreas". Por lo anterior, a través del subsidio de tierras otorgado por Conadi se pagaron 38,5 hectáreas que no existirían, lo que en términos de dinero representa una pérdida del 20 por ciento del subsidio otorgado a la comunidad, es decir, 37 millones de pesos. También denunció como irregularidad la entrega de subsidios a personas que son propietarias de más de 15 hectáreas de tierras, "que presentaron sus solicitudes fuera de plazo, con antecedentes falsos o que ocultaron información".
|



