onflicto por proyecto Ralco. El Sur de Concepción, 7 de junio, 1997.    

SANTIAGO.- El Presidente del Senado, Sergio Romero, afirmó que el Tribunal Constitucional podría ser la instancia de solución al conflicto que deriva entre la preeminencia de la ley eléctrica o la ley indígena, en el caso del proyecto central hidroeléctrica Ralco.

El parlamentario manifestó que si existe alguna duda entre los sectores donde están en juego dos posiciones legales, será el Tribunal Constitucional, quien deba dirimir el punto. Agregó que esa es la instancia donde se puede recurrir cuando existen dudas sobre la primacía de una ley.

Por su parte, el dirigente ecologista Manuel Baqueno expresó que el gobierno intenta por todos los medios evitar la transparencia que nace de un debate público cuando se tratan materias medioambientalistas y específicamente en el caso de la central hidroeléctrica Ralco.

Indicó que los ministros del área se han negado sistemáticamente a discutir en el Congreso las conveniencias del proyecto del Alto Biobio, tanto en el área social, económica como ambiental. Agregó que es evidente que el gobierno no quiere exponerse a un debate público, sino limitarse a afirmar su decisión que apunta a su aprobación. Indicó que si esto ocurre, las organizaciones ecologistas estarán junto a los pehuenches y que de aquí a uno o dos años más, después de los juicios inminentes -por problemas con la ley indígena- si un pehuenche no quiere moverse no puede sacarlo nadie de allí.

El dirigente explicó que en tal caso debe haber una nueva ley o abolir la actual legislación indigena.
 

SANTIAGO.- Mientras la CONAMA no se pronuncie sobre el impacto medio ambiental que provocará la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en el Alto Biobio, en el Gobierno no se discutirá sobre la materia, sentenció el ministro secretario de la Presidencia, Juan Villarzu.

El personero manifestó que es la CONAMA el organismo encargado de emitir una opinión respecto a si el proyecto cumple adecuadamente con la exigencias en materia ambiental. Agregó que no es el Congreso, como pretenden los grupos ecologistas, la mesa donde se deba discutir la forma cómo se está evaluando el megaproyecto. Precisó que todo eso es competencia de la CONAMA y que muy distinta es la disposición que se tenga para escuchar otros planteamientos.

Villarzú dijo que siempre se ha tomado en cuenta la opinión de muchas personas e instituciones, pero como no ha terminado el proceso de evaluación, no es conveniente debatirlo en el Congreso y que de común acuerdo con los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados se postergó la sesión.

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