No existen los incidentes generalizados de hace algunos años, señala el general Bernales, pero los propietarios describen cómo los grupos radicalizados se han ido aglutinando en torno a 5 comunas. Los delitos son pan de cada día y la respuesta judicial, nula. El Mercurio, 30 de diciembre de 2007
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BOLSONES DE IMPUNIDAD Denuncian forestales y propietarios del área que sufre la violencia:
Conflicto mapuche se concentra en comunas al norte de Temuco
Domingo 30 de diciembre de 2007
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No existen los incidentes generalizados de hace algunos años,
señala el general Bernales, pero los propietarios describen cómo
los grupos radicalizados se han ido aglutinando en torno a 5 comunas. Los
delitos son pan de cada día y la respuesta judicial, nula.
Pilar Molina A.
El general director de Carabineros, José Bernales, anunció que
volvió a activar un grupo de inteligencia en la Región de la
Araucanía. Ordenó además un dispositivo nocturno para
evitar que se repita el incidente del miércoles último al alba,
cuando un grupo encapuchado quemó un camión en plena Ruta 5,
entre Victoria y Temuco, y disparó contra una camioneta. A comienzos
de diciembre, un comando armado similar escapó por los cerros luego
de incendiar, como en la época más dura del conflicto indígena,
un campamento forestal de Mininco, en el límite de la IX con la VIII
Región, en dirección a Tirúa. Dos fiscales buscarán
esclarecer ambos delitos. Pero en noviembre, otro comando cortó la ruta
en la misma zona, entre cañete y Tirúa, incendiando un auto de
particulares. Y hacia atrás se suceden y suman los casos.
Para Carabineros, la violencia de grupos indígenas radicalizados está lejos
de lo que fue entre 1999 y 2002. Fue el mismo general Bernales quien entre
2001 y 2003, como delegado en la zona, logró imponer el orden y terminar
con los incendios y los atentados diarios. "Se hizo un trabajo minucioso, a
largo plazo. Se detuvo a todos los que cometían delitos de la Coordinadora
Arauco Malleco" (CAM), que se entrenó a fines de 1997 con la quema de
dos camiones forestales. A muchos les aplicaron la ley antiterrorista, pero
no se tradujo en condenas, por la dificultad para probar la asociación
ilícita. Sólo se aplicó en el caso que afectó a
Juan Agustín Figueroa (por amenazas terroristas) y el incendio del predio
Poluco Pidenco, de Forestal Mininco.
Pero se desactivó el conflicto y muchos activistas cumplieron condenas
breves.
"Hoy no existe el problema de 2002. En la Araucanía no hay ninguna toma.
Yo sobrevolé en helicóptero el jueves toda la zona de Traiguén,
Lumaco, Ercilla, Collipulli y Angol, y no había tampoco incendios",
señala el general. Para él, lo que hay son "grupos de delincuentes
que usan como pretexto la problemática indígena", como liberar
a los comuneros que están en la cárcel de Angol en huelga de
hambre, condenados por el incendio de Piluca Pidenco, en Ercilla.
Las forestales responden que el general tiene razón en términos
de que no hay una situación generalizada de violencia entre la VIII
y la X Región, como ocurrió hasta 2002, pero el problema está vivo
de otro modo.
En el área ubicada entre la zona sur de la VIII Región y la Norte
de la IX, y en el sector costero cercano a Tirúa, se ha ido constituyendo
un bolsón duro de violencia mapuche.
No se trata de los ataques o tomas de antaño, pero regularmente se cometen
hurtos, talas ilegales; hay problemas para acceder a los predios. No son sólo
las forestales las afectadas, con sus miles de hectáreas plantadas con
pinos y eucaliptus. También hay particulares, como René Urbán,
que ha sufrido 23 atentados en sus predios de Ercilla; Jorge Luchsinger 22,
en sus tierras en el sector de Padre Las Casas; y Osvaldo Carvajal, después
de 52 ataques a su hacienda a las orillas del lago Lleu-Lleu, la entregó a
su banco acreedor, el cual la vendió a la Conadi. Ésta también
compró el fundo Alaska (en Tirúa), que fue objeto de asedios
unos años atrás, y hoy, en manos de indígenas, está prácticamente
destruido.
La impunidad
La mayor preocupación es por la impunidad en estos bolsones. Y la grafican
con que de 185 querellas que presentó Mininco entre 2004 y 2007 en las
comunas de Contulmo, Cañete y Tirúa, sólo en 4 se ha formalizado
la investigación, y ninguna de esas 4 se ha traducido en condenas.
En las restantes 181, los fiscales no han obtenido suficientes antecedentes.
Se critica a los dos fiscales que funcionan en estas comunas conflictivas de
la VIII, Mario Elgueta y Luis Morales. El primero, a pesar de su dedicación
exclusiva, obtiene muy bajos resultados. El segundo cierra las causas lo más
rápidamente, también sin resultados, y se le reconoce por el
cierre mecánico de procesos mediante la decisión de no perseverar.
Respecto de los fiscales de La Araucanía, en cambio, se dice que funcionan
mejor y que tienen más experiencia.
Lo que llama la atención es que tratándose de los mismos predios
y de los mismos delitos, las policías no logren tampoco antecedentes
para establecer la participación de las personas.
A diferencia de lo que ocurrió en el período del Presidente Ricardo
Lagos, ahora no hay coordinación entre el Gobierno, la policía
y el Ministerio Público, y Carabineros se cuida después de hechos
como la muerte del trabajador de Arauco tras embestir un auto policial con
una máquina.
La actitud de cumplir
Estas áreas son calificadas de alta peligrosidad por la policía,
la cual se ve obligada a efectuar las diligencias policiales con fuertes contigentes
para precaver hechos de violencia. Dos uniformados solos pueden verse cercados
y obligados a hacer uso de sus armas de fuego, lo cual truncaría sus
carreras profesionales. No ocurre, en cambio, si las diligencias para incautar
madera robada la cumplen 50 policías.
Según el general Bernarles, hoy existe suficiente personal de Carabineros
en la zona, pero según los afectados, falta mayor presencia policial
permanente con dotaciones adecuadas para enfrentar los problemas asociados
a actividades industriales, donde a veces no es posible acceder a los predios
o hacer los trabajos forestales.
Se critica también que la inteligencia policial hoy privilegia información
para el gobierno, de tipo político, en vez de la necesaria para resolver
la delincuencia.
Lo más grave, se denuncia, es que hay una actitud generalizada, que
abarca desde la policía a fiscales y autoridades regionales, como intendentes
y gobernadores, de abordar los incidentes más como problemas políticos
sociales que como delitos. Entonces, alegan, están más preocupados
de las consecuencias políticas de investigarlos que de su resolución.
Y no hay coordinación Gobierno, policía, Ministerio Público.
Aunque el general Bernales dice que no hay pruebas de que los hechos de violencia
los estén promoviendo indígenas, porque actúan encapuchados,
en la zona tienen claro que se trata de pequeños grupos operativos vinculados
a la CAM o a alguna otra agrupación beligerante con la cual tienen vasos
comunicantes, y que se vinculan también a los presos condenados en la
cárcel de Angol en huelga de hambre.
INFOGRAFÍA
Procesos iniciados por forestal Mininco y su filial Creces entre 2004 y 2007
por delitos de incendio, robo, hurto, agresión, ocupación ilegal,
usurpación y tala ilegal, entre otros, en las comunas de Contulmo, Cañete
y Tirúa (VIII Región):
2004: 33
2005: 46
2006: 42
2007: 64
Total: 185
De ellos, en sólo 4 se ha formalizado la investigación, sin procesados
o condenados aún.
Detrás está la actitud de no considerarlos delitos, sino que
manifestaciones de un conflicto político social, lo cual afecta la investigación.
