Consorcio Agrícola del Sur argumenta inconstitucionalidad y vulneración de tratado internacional: Al fuerte debate que se produjo el martes pasado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado -donde se encuentra en trámite el proyecto del Gobierno que quita el carácter de delito terrorista a los atentados incendiarios en contra de la propiedad- se sumó ayer el Consorcio Agrícola del Sur. La entidad que preside Manuel Riesco calificó de inaceptable la propuesta del Ejecutivo, porque incluye a la propiedad como una garantía de segunda clase, discrimina entre derechos humanos "fundamentales" y "no fundamentales", desconoce normas del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas -que Chile ratificó en octubre de 2002- y vulnera la Constitución. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, José Antonio Gómez (PRSD), indicó que los argumentos esgrimidos por el Consorcio fueron parte de la discusión que llevó el martes a postergar la votación del proyecto por no existir acuerdos entre los parlamentarios. En su opinión, la discusión del proyecto se ideologizó al extremo, con planteamientos ultristas en uno y otro sentido, por lo que habrá que esperar un par de semanas para aproximar las posiciones. El martes, el ministro de Justicia, Isidro Solís, dijo que no se vulneran el tratado ni la Constitución y que se busca perfeccionar la actual ley antiterrorista. Gómez comparte tal posición. Indicó que si se aprueba el proyecto, los autores del incendio no quedarán sin castigo. El senador Hernán Larraín (UDI), miembro de la Comisión de Constitución, señaló que el proyecto del Gobierno debilita el ataque y combate contra el terrorismo, porque reduce la penalización por incendio de propiedades. El presidente de la UDI dijo que la única solución para los comuneros mapuches es llegar a un acuerdo que asegure el término de la violencia en La Araucanía y un plan para eliminar las causas de la pobreza y postergación de los mapuches. En tales circunstancias y condiciones, agregó, la Alianza está disponible para considerar el tema de un indulto a los cuatro comuneros. Piden no entregar más tierras a mapuches. Un llamado al Gobierno para que frene la compra y traspaso de tierras a los mapuches y, en su reemplazo, focalice la inversión destinada a esos fines en proyectos productivos a los indígenas ya favorecidos formuló el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), Carlos Caminondo. El dirigente, en una severa crítica al Gobierno durante el encuentro empresarial Enela 2006, efectuado en el hotel Terraverde, sostuvo que de las 200 mil hectáreas entregadas por el Gobierno a los mapuches, la mitad está improductiva, y los pocos recursos que tenían, básicamente en plantaciones y otros cultivos, fueron arrasados y vendidos para sobrevivir. "Llamamos al Gobierno a terminar con la entrega de tierras en el 2006 y destinar esos recursos a hacer producir las 200 mil hectáreas, con apoyo técnico, capacitación y planes de producción". Dijo que quieren vivir en una región donde se respete el Estado de Derecho, y mostró imágenes de atentados a agricultores de la zona. El Mercurio; 5 de agosto de 2006