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Violencia es respuesta a despojo y discriminación
José Santos Millao, de Ad-Mapu.
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Varios dirigentes de organizaciones mapuches se
pronunciaron respecto al conflicto.
Javier Quidel de la organización Ayllarehue
de Truf-Truf expresó que históricamente los pueblos originarios
han tenido que defenderse ante un Estado que tiene una concepción
individualista del derecho de las personas, en circunstancias que el pueblo
mapuche los concibe desde una perspectiva colectivista. Así, el
conflicto no se presenta entre ciudadanos mapuches y no mapuches, sino
entre el Estado chileno y el pueblo mapuche y dice relación con
el respeto que el primero le debe a las tradiciones, estructuras e instituciones
propias de los indígenas.
Para Marcial Colín de la Asociación
de Comunidades Poyenhue, analizar el tema de la seguridad ciudadana resulta
problemático en La Araucanía, porque para los mapuches hace
mucho tiempo que ella está amenazada. Desde luego, sostuvo, su territorio
fue usurpado, entonces el término de seguridad es entendido por
el pueblo mapuche de manera distinta a como la concibe el Estado.
En opinión de José Santos Millao,
dirigente de la organización nacional Ad-Mapu, una cuestión
es básica para cualquier análisis: El Estado debe reconocer
plenamente los derechos de los pueblos originarios, que han ejercido por
siglos como el idioma, los deportes, las tradiciones, el territorio, la
religión, y ese reconocimiento debe consagrarse en la Constitución
Política, que el pueblo mapuche ha aceptado.
Para la dirigenta Isolde Reuque no es fácil
abordar el conflicto mapuche y su relación con la seguridad ciudadana
sin revisar previamente lo que es el pueblo mapuche. Precisó que
este conglomerado es un verdadero pueblo, pues cuenta con un sistema y
una organización social completa, con una concepción específica
y particular de la tierra, y con idioma, cultura y tradiciones propios.
El pueblo mapuche así caracterizado -señala- ha sido violentado
por el Estado Chileno.
Sostuvo que cuando escucha hablar del quebrantamiento
del Estado de Derecho, no sabe si se lesiona el Estado de Derecho chileno
o el del pueblo mapuche y a su juicio es éste último, pues
la prueba es que se desconoce su cultura, no se comprende su religión,
sus rituales ni su sentido de solidaridad, identificándolo con rasgos
que no le son propios como una forma de vida violenta. Los mapuches, dijo
la dirigenta, históricamente acogieron al extranjero y por haber
obrado así están en las condiciones actuales.
Recordó que pese a sus necesidades los mapuches
no tienen una actitud mendicante, por el contrario les gustaría
tener más participación en todos los niveles de decisión
y ello sería demostración de respeto mínimo hacia
ellos como pueblo. En este sentido consideró insoslayable reclamar
al Poder Legislativo la aprobación del Convenio Nº 169 de la
OIT, así como el reconocimiento constitucional.
Manuel Namuncura, integrante de la Asociación
Indígena Lonko Calfucura de Santiago, expresó que los mapuches
se sienten ajenos al Estado Chileno y que la Constitución Política
poco representa frente a la situación de pobreza y de exclusión
que ellos experimentan. En la actualidad -agrega- los mapuches carecen
de una relación de dominio con la tierra y en estas décadas
han observado cómo se dictan leyes que sólo representan privación
e indignidad para su etnia. Y esa es, a su juicio, la causa de los actos
de violencia. La genuina raíz de los problemas nace del proceso
de privación de la tierra que el pueblo mapuche ha sufrido.
Destacó que de las 3 mil comunidades existentes
la gran mayoría aspira a la tranquilidad y a lograr un sistema de
reparación equitativo. Opinó que si la violencia es repelida
por métodos también violentos sólo se conseguirá
incrementar ese ambiente.
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